Un inspector de la dirección general de Minas advirtió en 2022 a los propietarios de la mina de Cerredo de que era incompatible extraer carbón con las ayudas a la restauración acordadas por el Instituto de Transición Justa para rehabilitar la explotación. Pese a eso, el Principado de Asturias otorgó meses después un permiso que, en última instancia permitía extraer carbón de la mina. Esa es una conclusión que se extrae a la vista de las actas de inspección minera realizadas por la administración regional en la mina de Cerredo, facilitadas por el Gobierno al PP, que las solicitó a través de la Junta General y a las que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA.
La respuesta del Ejecutivo al PP es incompleta, ya que no se facilitan las actas de 2024, pese a que la consejera de Transición Ecológica, la dimitida Belarmina Díaz, aseguró que se realizó una visita a la explotación el 20 de septiembre de 2024. No se ha trasladado ese registro, pero sí otros que apuntan información relevante de cara a la investigación sobre si hubo el celo preciso de la administración sobre una explotación minera en la que el pasado 31 de marzo fallecieron cinco trabajadores cuando, presuntamente, extraían carbón de manera ilegal.
Llama la atención la inspección realizada el 21 de julio de 2022, meses antes del accidente mortal que ese mismo año constató que la empresa titular de la explotación extraía carbón burlando a la admnistración. En esa visita de julio de 2022, el ingeniero del Principado conversa con el director facultativo. Primero, le recalca la importancia de que garantice «la seguridad de las instalaciones y los trabajadores«, y que tramite todas las autorizaciones para la actividad vinculada a la explotación, asuntos que una vez que se produjo el accidente de 2022 presentaban importantes irregularidades.
Segundo, el inspector recalca la situación de la explotación. Así, el director facultativo (que entonces actuaba en nombre de la empresa Combayl) apunta la intención de la firma de solicitar «un proyecto de investigación complementaria» por haberse detectado «la presencia de materiales susceptibles de coquizar». El ingeniero que realizó la inspección, Alejandro Álvarez Álvarez, es tajante al respecto y le hace constar que en tanto existe una subvención de Transición Justa para la rehabilitación de la mina «quedará prohibida cualquier actividad de extracción de carbón«. Es más, el ingeniero anota en su acta de inspección que «debe tenerse presente que las actuaciones de restauración y rehabilitación afectarán tanto a la antigua explotación a cielo abierto, como a la unidad subterránea, por existir una íntima relación geominera entre ambas», al margen de la titularidad o los derechos mineros adquiridos sobre las unidades productivas.
El inspector se refería a las ayudas estatales con cargo a los fondos europeos MRR para la «restauración ambiental de zonas afectadas por la transición energética«. Fueron estas unas ayudas que el Estado concedió al Principado y para las que se firmó un acuerdo, por medio del Instituto de Transición Justa, para la mina de Cerredo. Un documento interno del Instituto de Transición Justa al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA señala que el Principado obtuvo una subvención de más de 23,6 millones de euros para restaurar «la unidad de producción Única-Cerredo», sin especificar diferencia entre la parte a cielo abierto o subterránea. La norma reguladora de esas ayudas (publicada en el BOE del 19 de mayo de 2021) apunta claramente en su apartado 2 del artículo 12: «Desde la concesión de esta subvención quedará prohibida cualquier actividad de extracción en los terrenos rehabilitados».
Esa fue la advertencia que hizo el inspector de Minas. Combayl tenía permiso para utilizar la chatarra de la anterior explotación, cerrada por decisión de la Unión Europea, y no podía en teoría extraer carbón porque, además, el conjunto estaba sujeto a ayudas de rehabilitación que la hacían incompatible.
Dos años más tarde, la opinión del Principado fue bien distinta. Autorizó el Proyecto de Investigación Complementaria (PIC) que pedía Combayl, pero se lo concedió a otra empresa del mismo entramado familiar sobre la que la exconsejera Belarmina Díaz afirmó que no tenía indicos de relación. Sin embargo las actas reflejan que ya Combayl tenía interés que obtener ese permiso y, una vez «anulada» la marca empresarial por el accidente mortal, hizo un cambio titularidad para que otra firma del mismo entramado hiciese la solicitud.
El Principado autorizó mediante el PIC que se extrayese carbón para «fines de investigación«, pese a las incomplatibilidades manifestadas por escrito por parte de los propios técnicos de la adminitración regional.
En 2023 había indicios de extracción ilegal, dicen conocedores de la mina
A la vista de las actas de inspección, técnicos conocedores de la mina de Cerredo sostienen que ya en 2023 había indicios suficientes de que se estaba extrayendo carbón de manera fraudulenta, pero que quizás el Principado no quiso verlos. Concretamente, destacan que las actas de inspección apuntan que en la visita de octubre de 2023 había indicios sospechosos de que se estuviese explotando la capa «Inesperada», a 160 metros de la bocamina, extrayendo macizos al igual que en el momento en que se produce el accidente, «pero en otra capa, y echando el carbón con un páncer al trasnversal, páncer o transportador blindado que fue llevado allí porque no existía en Cerredo», sostienen fuentes conocedoras de la explotación. «Parece que estaban empezando a levantar la galería por la capa María, lo que es compatible con pensar que una vez que terminaron esta zona fueron a otras capas y llegaron a la capa Z, donde se produjo el accidente», aseguran fuentes conocedoras de la explotación a la vista de las actas de inspección. n
Inspecciones
El Gobierno ha trasladado las actas de seis inspecciones a la mina de Cerredo entre 2022 y 2023. Los documentos constatan que los inspectores se limitaron a comprobar que se operaba en las zonas autorizadas, sin explorar otras áreas de la mina.
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