Este miércoles, con motivo del Día Internacional contra la LGTBIfobia, que se conmemora cada 17 de mayo, la Federación Estatal LGTBI+ presenta el informe Estado del Odio: Estado LGTBI+ 2025, un análisis sobre los ataques a la comunidad. En él, la organización pone de relieve las nuevas formas de discriminación, alimentadas a su vez por discursos de odio, polarización política y una respuesta institucional insuficiente. “Nos enfrentamos a una normalización alarmante del odio, amplificada por discursos políticos que legitiman la violencia simbólica y allanan el terreno para la violencia física”, subraya Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, que ha aprovechado para recordar que se trata de “derechos fundamentales y vidas que hoy están en riesgo por una impunidad que no podemos seguir permitiendo”.
Según recoge el informe, que cuenta con una muestra de 800 entrevistas llevadas a cabo por 40dB, la población LGTBI+ representa el 11,1% del total en España mayor de 18 años. Es decir, unos 5 millones de personas, de las cuales el 20,3% ha sufrido acoso: “Hablamos de 819.000 personas que han recibido insultos, aislamiento social o coacciones en el entorno digital”. La discriminación, en ámbitos como el empleo, el acceso a servicios o la vivienda se eleva hasta el 25,2% del colectivo (1.282.500 personas). Sin embargo, el mayor repunte se produce en las agresiones físicas o verbales, que pasan del 6,80% en 2024 al 16,2% en 2025: un incremento de casi 10 puntos que se traduce en 812.000 personas agredidas en los últimos 12 meses.
Más del 30% de los denunciantes aseguraron que el proceso legal fue tan traumático como el propio incidente. / Agencias
“Es una asignatura pendiente porque hay vientos y voces que vienen desde fuera que intentan quitarnos derechos. Tenemos el ejemplo de Reino Unido, que eliminan derechos de nuestros compañeros trans y no binarios. Todo eso va creando un caldo de cultivo que termina en noticias falsas y en un auge de abogados cristianos que aumentan esos ataques de odio”, critica a su vez Federico Armenteros, presidente de la Fundación 26 de diciembre. Las estadísticas europeas y los datos del Ministerio del Interior alertan al mismo tiempo de un incremento de delitos de odio por orientación sexual e identidad de género. Las personas jóvenes, trans y aquellos que reciben las rentas más bajas son los perfiles más vulnerables y expuestos a esta problemática, según el informe.
«Algunos tienen miedo»
Los datos también revelan que un 23,7% de las personas de entre 25 y 34 años ha sido víctima de una agresión en el último año. Además, de esta franja de edad, el 35,6% ha sufrido discriminación y el 28,2% ha sido acosado en algún momento. Cifras que se elevan cuando hablamos de quienes cuentan con menos recursos económicos: un 24,4% y 29,7% respectivamente. “No se está hablando del valor que aporta la diversidad a nuestra sociedad por motivos religiosos, económicos, de lobbies…”, añade Armenteros, que lamenta la “vuelta al armario” de muchas personas del colectivo LGTBI+ por miedo: “Algunos tienen miedo a salir en ciertos sitios o no son capaces de expresarse tal y como son, tanto física como mentalmente”.
El miedo no se produce únicamente en lugares inexplorados o contextos concretos, pues los espacios cotidianos también pueden convertirse en una amenaza para parte del colectivo. Tal y como recoge la investigación, el 26,7% de las situaciones de acoso y el 35,2% de las agresiones físicas ocurren en la calle. También en los centros de enseñanza, donde se concentra casi el 17% de ataques; en el ámbito familiar (12,9%) y en los centros de trabajo (11,45%). Las redes sociales y los lugares de ocio se han convertido en focos “constantes de violencia”. Un hallazgo novedoso del estudio es la influencia de la localización pues, como señalaba María Rodríguez, responsable de la investigación, “en los municipios de menos de 10.000 habitantes el acoso alcanza el 26,3% y las agresiones el 20,8%, cifras muy superiores a las zonas urbanas”. En cambio, la discriminación encuentra mayor incidencia en áreas de mayor población.
El 46% de las víctimas no acude a las autoridades tras sufrir una agresión o situación de acoso. / Agencias
Infradenuncia
“Nos damos cuenta de que, pese a ser una sociedad laica, nos han machacado con el tema del Papa, hasta cómo iba al baño. La sociedad del odio tiene unos altavoces que quienes estamos en contra, no poseemos”, suma Armenteros, que asegura que en Madrid “existen personas que campan a sus anchas y no les sucede nada”. “Hay jueces y juezas que se les ve muy bien lo que piensan y lo que quieren y hacen más política que justicia. Hacen cada vez más complicado probar que ha sido lgtbfobia. Además, saben en qué momento tienes que poner la denuncia porque están sus amigos en ese juzgado de guardia”, lamenta. Es por eso que la infradenuncia y la desconfianza institucional persisten en nuestra sociedad: el 46% de las víctimas no acude a las autoridades tras sufrir una agresión o situación de acoso. Sólo el 26,8% formaliza la denuncia y un 27% recurre a entidades de apoyo LGTBI+.
Los afectados creen que la denuncia “no servirá de nada”, que no serán creídos o que habrá “una falta de pruebas”. Adicionalmente, más del 30% de los denunciantes aseguraron que el proceso legal fue tan traumático como el propio incidente. La percepción de que los ataques discriminatorios han aumentado responde a la falta de confianza en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cayendo del 31,8% al 25,4% en el último año. “No solo retrata una realidad insoportable, también señala con claridad lo que está fallando. Sin recursos, sin formación y sin una legislación que se posicione contra los discursos de odio, seguiremos sumando víctimas. Es hora de dejar de mirar para otro lado”, ha concluido Iglesias. Armenteros, quien cree que queda un largo camino por recorrer, concluye alzando la voz y recordando que “todas las personas valemos, somos importantes y necesitamos espacios seguros”.
