La juez Carmen Rodríguez-Medel ha enviado al Tribunal Supremo otra de las causas abiertas contra Alvise Pérez. En este procedimiento está investigado por filtrar datos personales y conversaciones privadas de Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Interior.
La magistrada ha tomado esta decisión debido a que Pérez es actualmente eurodiputado y, por tanto, desde que obtuvo su acta, sólo el Supremo puede investigarle. Por ello, en una resolución fechada el pasado 12 de mayo y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Rodríguez-Medel eleva el caso al Alto Tribunal.
Ahora bien, en dicho documento, la juez sí apunta a que la filtración de estas conversaciones «podía tener ánimo de lucro». ¿Por qué? Porque Alvise Pérez, en su canal de Telegram, a través del que se difundieron estos chats privados, instaba a sus seguidores a que le realizaran aportaciones económicas.
También se presentaba como un azote de la corrupción y promocionaba un ideario supuestamente anti-establishment, el mismo que esgrimió en la campaña de las últimas elecciones europeas, a las que se presentó y gracias a las que obtuvo un escaño en Bruselas.
¿Cómo acabaron los chats de Martínez en el canal de Telegram de Alvise? El 10 de julio de 2023, cuando fueron difundidos, el exsecretario de Estado de Seguridad era uno de los investigados en el llamado caso Kitchen. En esta causa, la Audiencia Nacional indagaba en el supuesto espionaje al que el Ministerio del Interior, con el PP en el Gobierno, sometió al extesorero del partido, Luis Bárcenas.
Al estar investigado, estos chats de Martínez —que incluían desde datos personales y familiares a contenido sensible de carácter profesional— formaron parte del sumario del caso Kitchen. Durante unos pocos días, fueron accesibles para las partes de este procedimiento judicial. Sin embargo, a petición del propio afectado, quien fue el instructor de esta causa, el juez Manuel García-Castellón, vetó el acceso a los mismos.
Pero ello no impidió que, de una forma u otra, acabasen en manos de Alvise Pérez y fueran filtrados, en bruto, en su canal de Telegram. Por ello, el ex número dos de Interior interpuso una querella contra el agitador, que aún no se había convertido en eurodiputado.
Como subraya la juez Rodríguez-Medel, cuando los chats son difundidos en Telegram, el 10 de julio de 2023, García-Castellón ya había ordenado su expurgo. Es decir, el instructor del caso Kitchen ya había decidido restringir el acceso a estos 23 chats.
«Datos privados»
¿Qué información se incluye en estas conversaciones? Datos muy variados. Por ejemplo, mensajes intercambiados entre Martínez y varios periodistas. También, detalles de la vida familiar del ya expolítico, relativas a, entre otras personas, sus hijos.
Así lo reprocha la juez: «Como consecuencia de la divulgación, no sólo se quebrantó el secreto sumarial y las órdenes de expurgo acordadas judicialmente, sino que se hicieron públicas conversaciones privadas y se difundieron datos privados, causando el consiguiente perjuicio».
Sobre Martínez, Rodríguez-Medel advierte: «Se ha expuesto su número de teléfono personal, se han revelado conversaciones entre un periodista y su fuente, lo que afecta a la confianza que debe generar [cualquier periodista] en su actividad profesional; se han difundido conversaciones del ámbito estrictamente privado y familiar del que fuera secretario de Estado, incluso, que pudieran afectar a menores de edad)…».
Como el propio expolítico declaró en el Juzgado, estos 23 chats, en efecto, no habían sido publicados por la prensa. Algunos fragmentos de ellos —chats con, al menos, un ligero interés público— sí habían aparecido en periódicos o televisiones. Pero Martínez señaló que la difusión en bruto de todas estas conversaciones vulneraba su intimidad y la de sus hijos, menores de edad.
A lo largo de la investigación de este asunto, la Policía acreditó que el mencionado perfil de Telegram es propiedad de Pérez. También se demostró que la cuenta bancaria que se promocionaba en dicho canal —a la que los seguidores de Alvise, instados por él, efectuaban donaciones para, supuestamente, combatir la corrupción— pertenecía al agitador.
«En las fechas indicadas, (…) en la aplicación de Telegram del denunciado, se hacían comentarios relativos a la difusión de secretos de Estado«, advierte la magistrada Rodríguez-Medel.
Como Alvise ya es eurodiputado, será la Sala Segunda del Supremo la que se encargue de continuar esta instrucción. En los últimos meses, otros Juzgados, que investigaban a Pérez por otros hechos distintos, han tomado la misma decisión y han elevado al Alto Tribunal las investigaciones que hasta entonces dirigían.
En concreto, la filtración indiscriminada de los 23 chats, en opinión de la juez Rodríguez-Medel, «pudiera ser constitutiva de un delito de revelación de secretos», castigado con penas de entre dos y cinco años de prisión.
La magistrada, de hecho, recuerda que «si los hechos se realizan con fines lucrativos», las condenas que se deben imponer son las más altas, desde los tres años y medio hasta un lustro de cárcel.
