Nuevo frente en el caso de Begoña Gómez. La Fiscalía Provincial de Madrid ha recurrido este jueves una de las últimas decisiones del juez Juan Carlos Peinado: imputar al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, por su participación en la contratación de la asesora de Moncloa de la mujer del presidente del Gobierno.
Después de admitir a trámite así el magistrado la querella interpuesta por Vox al ver indicios de presunto delito de malversación de caudales públicos. No obstante, el Ministerio Público, tal y como ha recogido este jueves El País, ha alegado que el juez Peinado “advierte de una manifiesta escasez argumental” contra el delegado del Gobierno, infiriéndose así “con claridad que la dirección de la querella lo es por el mero hecho de ostentar un cargo en un periodo u momento determinado”.
En el documento de alegaciones firmado por la Fiscalía, se da cuenta de que Martín Aguirre llegó al cargo de la Delegación del Gobierno en Madrid en 2021, cuando la contratación de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, se selló tres años antes. Por este motivo, el escrito del Ministerio Público ha incidido en que “falla el relato de la querella y falla la sucinta fundamentación al basarse en presupuestos erróneos”.
Sobre esta cuestión, la Secretaría General de la Presidencia, donde Martín Aguirre ejerció en la etapa de Félix Bolaños antes de ser ministro, ya envió al juez la documentación donde consta que Álvarez fue propuesta para el nombramiento el 11 de julio de 2018, firmada por el entonces vicesecretario general de Presidencia de entonces, Alfredo González. “Fue interrogado al respecto ampliamente y sobre el nombramiento, naturaleza del cargo, denominación, cese, remuneración, antecedentes, y demás circunstancias”, ha suscrito el fiscal.
La Fiscalía tilda la imputación de «incomprensible»: Carente de «lógica y coherencia»
En el documento, el Ministerio Fiscal plantea dudas “sobre la propia tipicidad de la conducta y la actuación específica” y señala que le resulta “incomprensible” tanto “por las razones en las que se basa como por la persona contra la que se dirige”. “No estamos ante un caso de adjudicación o designación para un puesto de trabajo en el que no se acude y se percibe un salario; ni ante una desviación de funciones de empleados públicos orientada a un interés privado (que son los ejemplos de las sentencias citadas por el instructor)”.
Por su parte, el escrito de alegaciones de la Fiscalía ha recalcado que la designación de Álvarez es “legítima, legal y común durante los años de democracia en España”, señalando que todas las cónyuges de los presidentes del Ejecutivo central siempre han contado con un asistente, en ocasiones incluso dos, “justificado por cuestiones de agenda, coordinación con el dispositivo de seguridad y apoyo general”. En este caso, se indica que la designación responde a esas tareas, las cuales se habrían llevado a cabo de forma efectiva y real. Así, se afirma que el nombramiento no se destinó a cubrir actividades profesionales privadas de Gómez, ni la labor de Álvarez se centró en ello, más allá de colaboraciones específicas y esporádicas.
El Ministerio Fiscal, ha ahondado así en que califica la querella como carente de “lógica y coherencia” y, a su vez, se opone a que pueda existir un delito de “prevaricación administrativa”, alegando que no se precisa “a qué requisitos se alude ni qué trámites no se habrían cumplido, ya que no hay indicios en ese sentido”.
Cabe reiterar que, con este telón de fondo, el delegado del Gobierno en Madrid ofreció una rueda de prensa tras conocer que estaba imputado en la causa judicial, dando a conocer así su colaboración con la justicia, pero al tiempo que consideró que “todo el ruido” que la rodea, finalmente, “quedará en la nada”.
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