Las últimas informaciones remitidas al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga la trama de fraude de IVA en compra-venta de hidrocarburos en la que está involucrado el comisionista Víctor de Aldama –el comisionista del caso Koldo–, revelan que las órdenes de bloqueo de las cuentas de Villafuel, la principal empresa investigada, llegaron cuando algunas de ellas ya habían sido canceladas o vaciadas.
Así lo señala la documentación remitida al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que investiga un posible fraude de IVA que inicialmente se valoró en 185,5 millones de euros, pero que según los investigadores podría superar los 360 millones. A la cifra inicial habría que sumar 49,2 millones presuntamente defraudados por Have Got Time, la empresa que compró la casa en La Alcaidesa (Cádiz) de la que hizo uso en el exministro de Transportes José Luis Ábalos y otros 136 millones de más delitos contra la Hacienda pública destapados en 2021.
Por lo que se refiere a la información bancaria, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, Unicaja Banco, por su parte, remitió con fecha del 10 de abril información sobre una de las cuentas vinculaba a la trama que arrojaba a dicha fecha un saldo de 182.646 euros.
Caixa Bank, cuatro días más tarde, informó al juez de que una de las cuentas de Villafuel en esta entidad sobre la que preguntaba había sido cancelada, mientras que la segunda había sido vaciada –su saldo era cero– antes del bloqueo ordenado por Pedraz «por lo que no procede transferir cantidad alguna a la cuenta de su juzgado». Bankinter, por su parte, remitió al juez el pasado 22 de abril información sobre otra cuenta de Villafuel en esta entidad que fue cancelada en abril del pasado año, es decir, seis meses antes de la operación de la Guardia Civil que dio lugar a la detención de los investigados por el fraude.
Recientemente, el juez había acordado mantener el bloqueo de casi 300 cuentas vinculadas a la presunta trama de hidrocarburos en la que figuran como investigados el empresario investigado Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas, en el marco de una pieza separada de medidas cautelares de la causa abierta por un presunto fraude de IVA de carburantes, según informó Europa Press.
Acordó igualmente la prohibición de disponer de 43 vehículos, seis de ellos a nombre del principal socio de Aldama en este asunto, Claudio Rivas, y dejó vigente el embargo de unos 70 inmuebles vinculados al denominado ‘caso hidrocarburos’ en localidades como Albacete, Cáceres, Málaga, Madrid y Cádiz. En la lista consta además una estación de servicio en Huesca.
Uso de los vehículos
Otra de las informaciones que ha llegado recientemente al juez Pedraz es un documento de la Oficina de Recuperación y Gestión de Bienes (ORGA), dependiente del Ministerio de Justicia, en el que se aconseja tomar alguna decisión con respecto a más de una decena de vehículos de lujo incautados, de los que se dice que están en buen estado hace una valoración económica que supera los 600.000 euros.
Se trata de un Jaguar E-pace, siete Land Rover de distinto modelo, un Audi A8, un Ferrari F12,un Mini Clubman y un Toyota Rav4 de los que se dice que «la propuesta económicamente más ventajosa en aras a evitar su depreciación y deterioro por el desuso, así como la acumulación los gastos de depósito, es su realización anticipada». Actuar sobre estos vehículos «precisaría una resolución judicial», agrega la ORGA.
Respecto a otros coches y motocicletas requisados a la trama, la oficina de activos entiende que procede ponerlos a disposición de las financieras que tienen reserva de dominio. También se refiere en este oficio el Audio A8 blindado, propiedad de De Aldama y que le fue devuelto en su día por el juez, indica que no procede ninguna acción.
Según las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en esta causa se investiga la existencia de «una especializada organización criminal que, tras lograr para Villafuel S.L. la autorización de operador mayorista en el mercado de los hidrocarburos y a través de una estructura de empresas suministradoras instrumentales, ha cometido presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales».
La operativa habría consistido en simular la transmisión de hidrocarburo desde Villafuel a sociedades interpuestas cuando en realidad se remitía a sus clientes finales, «consiguiendo con dicho comportamiento defraudatorio, no ingresar las cuotas de IVA correspondientes».
