Además de a prisión permanente revisable, a Ana Julia Quezada se la condenó a abonar por daños morales a los padres del niño Gabriel la cantidad de 250.000 euros a cada uno de ellos. A ese medio millón se le suma, además, el pago de los gastos ocasionados al Estado en las labores de búsqueda del menor, que ascienden a la suma de 200.203 euros, según el informe de mínimos presentado por la Guardia Civil de Almería durante el juicio.
En total, más de 700.000 euros. En la sentencia no hubo ninguna garantía civil subsidiaria del Estado. Por lo tanto, ya entonces era muy improbable que ni los padres ni el Estado cobrasen las indemnizaciones de la sentencia.
Es precisamente a la indemnización a lo que se agarró la solicitud efectuada por Ana Julia Quezada para ofrecer una entrevista desde Brieva a un medio de comunicación. Fue hace dos años y medio cuando Patricia Ramírez se enteró «por un artículo de prensa, que esta señora se encuentra en un módulo de respeto en la cárcel de Ávila, y que ha solicitado un permiso que le han concedido para grabar dentro de la cárcel».
Entrevistas, únicamente en formato audio, y bajo el argumento de que se obtendrían «ciertos beneficios» según habrían justificado en la petición aprobada por el juez de vigilancia penitenciaria. Servirían para hacer frente «a las responsabilidades civiles» a las que todavía hoy no ha hecho frente.
Pero ni hace dos años y medio, ni hoy, no se ha resuelto todavía la responsabilidad civil de Ana Julia Quezada: 700.000 euros. «Después de ocho años no ha habido una sola investigación patrimonial de Ana Julia. No ha pagado nada, no se le ha embargado nada, ni siquiera está declarada insolvente. Y mientras tanto puede estar ganando dinero con un documental».
Por tanto, asegura la madre de Gabriel, ese permiso no se le debería haber concedido, en primer lugar, hasta que la asesina de Gabriel no fuese declarada insolvente.
Es de ese hilo del que empieza a tirar Patricia Ramírez, y comienza a enterarse, a través de diversas fuentes, de las supuestas irregularidades ocurridas tanto dentro como fuera del centro penitenciario de Brieva. Todo permiso de entrevista concedido, en principio, vendría regulado por la instrucción de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, que data de junio de 2020.
Protección a las víctimas
Rubricada por Ángel Luis Ortiz González, secretario general de Instituciones Penitenciarias, se trata de una circular relativa a las autorizaciones para que periodistas y medios de comunicación puedan entrevistar a la población reclusa.
A ella ha tenido acceso EL ESPAÑOL, y se recoge que, con carácter general, los internos tiene derecho a la libertad de expresión como derecho fundamental, y por tanto pueden ofrecer entrevistas, siempre con permiso de Instituciones penitenciarias tras una valoración. Pero también establece varios límites, y entre ellos, al que alude la madre de Gabriel y que cree que se le ha vulnerado: la protección de las víctimas.
Porque para ser concedido se tendrá en cuenta «evitar el riesgo de una victimización secundaria o reiterada, o las necesidades especiales de protección de las víctimas (…), aquellos cometidos sobre el cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente (…).
«Pagarla para que nos veje», resumió Patricia hace un año, cuando ya narró las supuestas irregularidades, como que poseía un móvil, que presuntamente estaba siendo grabada en videoconferencias, y que el objetivo de todo ello era la grabación de un documental que ella logró parar al hacer públicas estas informaciones.
Entonces, el abogado de Quezada, Esteban Hernández-Thiel, sostuvo que Ana Julia «tiene derecho a cobrar por las entrevistas que le hagan en la cárcel si los medios que las hacen se lucran a su vez con ellas».
Según el letrado, Ana Julia podría percibir una prestación económica por las entrevistas, «dentro del marco legal que existe, que es libertad de comunicación, libertad de expresión y una prensa libre, y yo defiendo ese derecho que tiene Ana Julia a expresarse».
También aseguró desconocer si esas entrevistas eran para un documental. «La información que yo tengo y el trabajo al que me he limitado, es que había varios medios de comunicación que la han contactado para entrevistarla. Ella me comentó que quería hacer esas entrevistas. Yo me he limitado a gestionarlo».
Tras iniciar un periplo de protestas y gestiones infructuosas ante Instituciones Penitenciarias, Patricia Ramírez hace un año acabó dando una rueda de prensa. También compareció en el Senado y lo contó todo. A continuación, se puso en contacto con la Guardia Civil y denunció.
Para entonces, Ana Julia Quezada ya tenía un teléfono móvil en prisión, introducido, presuntamente, de manera clandestina por su pareja, una exinterna, en connivencia con el cocinero -hoy jubilado- de Nieva y un funcionario que está investigado por cohecho.
La habrían ayudado, supuestamente, a cambio de favores sexuales, pero luego, y según la Guardia Civil, grabó esos encuentros sexuales para «chantajear» a la dirección del centro y forzar su traslado a Barcelona.
Ayer, la madre de Gabriel incidió que el móvil lo tiene «desde hace al menos tres años» y subrayó el enorme ejercicio de contención que ha tenido que hacer en este tiempo. Puso de ejemplo cuando el pasado mes de febrero, fuentes penitenciarias aseguraban que Ana Julia era «una presa modélica» y que estuvo «destinada en la cocina, un puesto que suele asignarse a una interna de confianza».
También, que la asesina se tomó el traslado de Almería a Ávila «como un castigo», cuando en realidad lo había solicitado ella misma. Leía libros, como ‘El monje que vendió su Ferrari’ donde el protagonista aprende de unos monjes el verdadero sentido de la felicidad, el equilibrio y la paz interior. «Y que hacía yoga», añadió Patricia Ramírez. «Me siento impotente, incapaz, (esto) es un ejercicio de contención extraordinario«, ultimó.
Régimen cerrado
Fuentes funcionariales de Prisiones han asegurado a EL ESPAÑOL que «la comisión de graves actos por parte de Ana Julia Quezada como grabar sus relaciones sexuales con funcionarios es fruto de la incompetencia y la permisividad de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias».
Explican las mismas fuentes que «no autoriza la aplicación de un régimen cerrado de internos peligrosos», y en concreto, el reconocido en el artículo 102.5 b) del Reglamento Penitenciario, que prevé «el régimen cerrado de vida, el más estricto, para quienes cometen actos que atenten contra la vida o la integridad física de las personas, la libertad sexual o la propiedad, cometidos en modos o formas especialmente violentos».
«Las conductas deplorables de los funcionarios de prisiones investigadas en el caso de Ana Julia Quezada, siendo aisladas y puntuales en el conjunto de los funcionarios de prisiones, merecen el máximo castigo», pero «no podemos olvidar que tendrían cortapisas si Ana Julia Quezada hubiera estado sometida al máximo control en prisión con la aplicación del régimen cerrado».
Porque, apostilla la misma fuente, «en una prisión como la de Brieva-Ávila en torno a las 60 reclusas es un clamor la dejadez de funciones de permitir estos actos en prisión además de no tener a reclusas de estas características en los módulos de régimen cerrado con que cuentan».
