Díaz ha asegurado que «hay margen para la negociación» y ha explicado que, en su opinión, la enmienda de totalidad anunciada por Junts es una «herramienta» para empezar a negociar.
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley impulsado por la vicepresidenta tercera y que estaba dentro del acuerdo entre PSOE y Sumar que dio lugar al acuerdo del Gobierno de coalición en noviembre de 2023.
La norma tiene el rechazo inicial de Junts, PP y Vox, por lo que de momento no se da la mayoría imprescindible para que se apruebe. Ni siquiera la hay para que supere el primer trámite, el de las enmiendas de totalidad. Por eso, el esfuerzo de Díaz es intentar que el texto, que es el pactado por el Gobierno con los sindicatos, supere el primer escollo y pueda ser discutido, negociado y modificado en el Congreso.
Díaz ha presentado la norma en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros con un ataque muy duro a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, por su oposición a la reducción de jornada. No hizo ninguna crítica a Junts que, por el momento, está también en contra.
La vicepresidenta ha asegurado que en esa negociación «no hay vetos» y que su única línea roja «es bajar la jornada laboral a 12 millones de trabajadores, en el resto hay todo el margen de negociación es perfectamente posible». Díaz ha negociado durante meses directamente con el propio Carles Puigdemont.
Esa negociación podría centrarse en ayudas para las pequeñas y medianas empresas para aplicar esa reducción de jornada.
«Estamos cambiando las cosas y España es mejor«, ha subrayado este martes Yolanda Díaz tras la reunión del Consejo de Ministros, que quiere trasladar la presión parlamentaria al Partido Popular. «¿Estará Feijóo del lado de la gente o maniobrará para tumbarla?», ha preguntado la vicepresidenta al líder de la oposición.
Díaz se ha aferrado a los apoyos ‘populares’ que, afirma, tiene la medida. «La norma está ganada en la calle». Y se aferra al dictamen del Consejo Económico y Social (CES) para afirmar que la patronal no está en contra de la reducción de jornada, aunque sí lo está de esta ley, como ha contado este periódico.
La medida, según el Ministerio de Trabajo, beneficiará a unos 12 millones de trabajadores. El texto es fruto de un acuerdo entre Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT.
La patronal CEOE y Cepyme rechazan frontalmente la reforma, argumentando que la reducción de jornada debería negociarse sector a sector y vía convenios colectivos. Alertan de que la imposición legal puede afectar a la productividad y poner en riesgo la viabilidad de muchas empresas, especialmente pymes y autónomos.
Al mismo tiempo, patronal y Cepyme consideran que la medida «frena la negociación colectiva» y supone una «intromisión» en la autonomía empresarial.
En el plano político, el proyecto cuenta con el respaldo de los partidos del Gobierno (PSOE y Sumar), aunque con matices y tras tensiones internas sobre el calendario de aplicación.
Tanto PP como Vox han anunciado su rechazo. Los populares condicionan su apoyo a un acuerdo con la patronal, Vox lo descarta por completo y Junts critica la falta de diálogo y el impacto sobre las pymes catalanas.
Otros socios parlamentarios de izquierdas apoyan la reducción de jornada, pero reclaman ir más allá y rebajarla hasta las 35 horas o incluso menos.
El Gobierno confía en lograr los apoyos necesarios en el Congreso para que la norma entre en vigor antes del 31 de diciembre de 2025, tal y como recoge el acuerdo de coalición.
De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pedía este lunes en el Cercle d’Economia a la patronal que “no se cierren a esta iniciativa, porque creo que la economía europea debe mantener su peso global apostando por el capital humano y por la innovación, no por bajar los precios o por jornadas extenuantes”.
Unas palabras dirigidas tanto a la CEOE como a Foment del Treball que, en estos momentos, han conseguido convencer a buena parte de los partidos de la oposición para que bloqueen en el Congreso la iniciativa del Gobierno.
