El Gobierno vuelve a recurrir a la tesis de la agresión externa para explicar un grave colapso en un servicio público clave. Si el lunes pasado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no descartaba un posible «ciberataque» como causa del apagón que dejó a oscuras a la Península Ibérica, ahora el ministro de Transportes, Óscar Puente, apunta a que el robo de cobre que paralizó durante horas la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía responde a un «sabotaje».
Según las primeras investigaciones de la Guardia Civil, la línea más probable señala a la delincuencia itinerante y organizada que opera en el interior del país y se dedica a esta clase de delitos. Pero el Gobierno dice que «todas las hipótesis están abiertas».
La secuencia es prácticamente idéntica: se produce un incidente que afecta de forma crítica al funcionamiento de un servicio público —primero la red eléctrica, ahora la ferroviaria— y, antes de que se resuelvan las investigaciones o se concreten las causas, ya desde el Ejecutivo se lanza un mensaje que sitúa al Gobierno como víctima de una agresión externa y «deliberada». Es el término que ha empleado Puente para referirse al incidente de este domingo.
Durante la crisis del apagón, a pesar de que el director de Servicios a la Operación de Red Eléctrica, Eduardo Prieto, asegurara ya desde primera hora que se descartaba un incidente de ciberseguridad, Sánchez mantuvo viva esa posibilidad —»es imprudente descartar cualquier hipótesis y señalar uno u otra hipótesis»— y, de hecho, anunció el inicio de una investigación en la que el ciberataque figuraba entre los escenarios contemplados.
Y siete días después, en pleno caos del AVE, con 18 trenes parados y más de 6.300 viajeros afectados, el titular de Transportes ya tenía claro que se trataba de un «sabotaje». A las 21.51 horas publicaba en su cuenta de X el siguiente mensaje: «Hemos sufrido un grave acto de sabotaje».
Sabotaje, según la RAE, significa «un daño o deterioro que se hace en instalaciones como procedimiento de lucha contra los patronos, contra el Estado o contra las fuerzas de ocupación en conflictos sociales o políticos».
Investigación
Por el momento, la Guardia Civil ha abierto una investigación sobre la sustracción del cable, y ha detectado el mismo ‘modus operandi’ de las bandas organizadas dedicadas al robo de cobre en España.
A lo largo del lunes, y en varias intervenciones en medios de comunicación, Puente insistía en la misma línea: «Todo apunta claramente a un acto deliberado, y veremos si este robo tiene un interés económico —que es mínimo— o si responde a otro tipo de motivaciones».
Quien sustrajo el cable, valorado según el ministro en unos 1.000 euros «sabía lo que hacía», ya que no había cámaras de vigilancia y el tramo afectado era clave para la circulación. Además, recordó que los hechos ocurrieron en plena operación retorno del puente de mayo.
«El móvil económico es difícil de entender. Solamente hay dos hipótesis, una la económica y la otra la de hacer daño. No podemos descartar al cien por cien ninguna de las dos, pero es evidente que la hipótesis que es más posible es la voluntad deliberada de causar un daño en esta vía», repetía Puente tras visitar la localidad de Manzaneque en Toledo, uno de los puntos donde se sustrajo el cable.
Contra el PP
El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, trató de ser más prudente que el ministro y, en una entrevista Cadena Ser, dijo que no le «correspondía» a él entrar en la «discusión» de si se trata de un robo planificado o de un sabotaje con el objetivo de dañar infraestructuras críticas. Pero luego dio la razón a Puente. «Aunque fuera un robo, es un sabotaje, porque es un robo que causa unos daños enormes».
Otros socialistas, como el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, también se refirieron a los hechos como un «sabotaje» y criticaron al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, precisamente por «no condenar el sabotaje a las vías de alta velocidad», aunque ninguna autoridad haya confirmado que se trate de un acto de esas características.
Al igual que ocurrió con el apagón, el incidente del AVE ha servido para reavivar el enfrentamiento político entre el Gobierno y la oposición. Desde Ferraz han insistido en que PP y Vox están intentando «sacar rédito» del suceso, al tiempo que algunos dirigentes insinúan incluso posibles motivaciones políticas tras lo ocurrido.
El PP ya ha exigido una auditoría de la red ferroviaria, la comparecencia urgente del ministro Puente y compensaciones para los más de 10.000 viajeros afectados.
