El Gobierno ultima el diseño definitivo de un mecanismo con el que garantizar la seguridad del suministro eléctrico en todo momento y evitar apagones en el futuro. Un sistema que servirá para repartir ayudas millonarias a las compañías energéticas que puedan garantizar inyecciones de electricidad extra cuando sea necesario y también a la gran industria u otros grandes consumidores dispuestos a reducir su consumo de luz para evitar desajustes entre oferta y demanda. Unos pagos millonarios cuya cuantía se determinará por un sistema de subastas y que se cargará a todos los consumidores a través del recibo de luz.
El Ministerio para la Transición Ecológica, antes con Teresa Ribera al frente y ahora con Sara Aagesen, lleva años tratando de impulsar este sistema sorteando las pegas de la Comisión Europea. Y cuando se está a las puertas de poder recibir la autorización final de Bruselas y ponerlo en marcha, la puesta en servicio de nuevos escudos para el sistema eléctrico toma aún más relevancia en plena resaca del gran apagón que paralizó España la semana pasada.
El Ejecutivo abrió el pasado diciembre un proceso audiencia pública sobre una propuesta de orden ministerial que contemplará la creación de un mercado de capacidad en el sistema eléctrico peninsular español (Baleares y Canarias quedan fuera del mecanismo). Transición Ecológica aún estudia todas las alegaciones presentadas por las compañías y patronales del sector eléctrico y el industrial para redactar una propuesta definitiva y remitirla formalmente a la Comisión Europea, que debe autorizar la puesta en marcha del plan.
El ‘ok’ necesario de Bruselas
El Gobierno ya ha realizado una prenotificación a Bruselas de la normativa en ciernes en cuanto abrió el proceso de audiencia pública, pero la propuesta definitiva debe recibir la aprobación de dos departamentos de la Comisión Europea, de la Dirección General de Energía y también de la Dirección General de Competencia (comandada ahora por la propia Teresa Ribera, en su calidad de ‘supercomisaria’ y vicepresidenta del Ejecutivo comunitario).
La pretensión del Gobierno es tener el diseño final del mecanismo ‘antiapagones’ “cuanto antes’ y mantiene el objetivo de realizar la primera subasta este mismo año, según confirman fuentes oficiales a EL PERIÓDICO. A la espera de esa autorización de la Comisión Europea y de toda la tramitación legal, El Ejecutivo se moviliza para que el sistema esté activo de manera transitoria a partir de 2026 y se despliegue de manera íntegra a partir de 2030.
España viene defendiendo desde la crisis energética la creación de un mercado de capacidad nacional con el que pagar a las instalaciones que den seguridad y firmeza al sistema eléctrico, ya sea por ser capaces de producir electricidad casi a voluntad frente a la intermitencia de las energías renovables (como las centrales de gas o las hidroeléctricas de bombeo, o determinadas plantas de renovables), por poder inyectar a la red electricidad almacenada (como las plantas de baterías) o por reducir la demanda eléctrica lo suficiente.
El plan pasa por lanzar subastas para determinar cuánto pagar (el mínimo posible) a estas instalaciones que dan estabilidad al sistema eléctrico y que pueden estar siempre disponibles para cubrir las espaldas cuando toda la producción sea insuficiente para cubrir todo el consumo requerido en momento de estrés máximo del sistema eléctrico. No obstante, la espera de conocer las causas exactas del apagón masivo del pasado lunes aún en investigación, parece claro que en el momento del colapso del sistema había una demanda relativamente baja y también capacidad de producción suficiente.
Centrales de gas, baterías, nuevas renovables
El mecanismo propuesto apuesta por crear un un mercado en el que participen las instalaciones de producción de electricidad, de almacenamiento y también de gran demanda de energía (grandes consumidores y agregadores de energía). Todos ellos percibirán una retribución a través del recibo de luz por aportar seguridad al sistema eléctrico, tanto por estar disponibles para inyectar electricidad en las redes o bien por recucir el consumo cuando se lo exija Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistema eléctrico. La prestación del servicio y la cuantía de los pagos se establecerá mediante un sistema de subastas de potencia firme (medida en megavatios, MW, que se consideren necesarios) y por precio (medido en euros por cada MW y por año).
La participación en la subasta tiene condiciones, según se recogía en la primera propuesta del Gobierno y aún está por confirmarse que se recoja en el texto definitivo. Sólo podrán participar instalaciones existentes generadoras de electricidad cuyas emisiones de CO2 estén por debajo de los 550 gramos por kilovatio hora producido (lo que permite que entren las centrales de gas, las grandes candidatas para recibir pagos y poder así mantener su actividad), las plantas de producción aún no activas sólo podrán ser de energías renovables o sistemas de almacenamiento, y quedarán fuera las plantas que ya reciban otros tipos de retribución regulada (sean las primas a renovables del Recore, los antiguos pagos de capacidad que mantienen algunas centrales de gas o hidroeléctricas de bombeo, o los pagos para la gran industria que participa del actual sistema de respuesta activa de la demanda).
