El Gobierno mantiene intacta su hoja de ruta sobre la reubicación territorial de los 4.400 menores migrantes que acogen Canarias y Ceuta. La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha garantizado antes de la reunión esta tarde con las comunidades autónomas, en la conferencia sectorial del ramo para discutir los criterios de distribución de los menores, que desde hoy mismo el Ejecutivo estará “en condiciones de empezar con los traslados hacia el verano”. Todo ello, a pesar de reconocer el “bloqueo administrativo y jurídico” de las comunidades gobernadas por el PP.
La propia convocatoria del encuentro fijado para esta tarde ha sido criticado por varias comunidades y la consejera madrileña de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha pedido su cancelación con la amenaza de emprender acciones legales en caso de celebrarse. “Hay que cumplir con la ley, trabajamos en ese margen porque la situación es crítica en Canarias”, zanjó Rego durante una entrevista en ‘RNE’ esta mañana aun tratando de tender la mano. De ahí que haya lanzado una llamada a la “humanización” y negado los agravios comparativos con Catalunya a la que aluden los populares.
La previsión, a falta de recabar todos los datos, es que a Catalunya llegarán entre 20 y 30 y a Madrid unos 700. Una diferencia que Rego ha justificado porque “no podemos partir de cero”, sino de la situación actual de “cada sistema de acogida”. En esta caso, señaló que Catalunya, Euskadi y Navarra son los territorios que cuentan con más plazas de acogida. Fuentes de su ministerio señalan que Catalunya había atendido de forma voluntaria una cuarta parte del total de menores migrantes acogidos por las comunidades autónomas. “No tiene sentido aliviar la situación de Canarias y generar un problema de sobreocupación en otra comunidad”, ha argumentado Rego para defender que los criterios establecidos en el decreto, y que las comunidades podrán cambiar en la conferencia sectorial si es con unanimidad, son los mismos a los pactos en 2022.
“No han cambiado los criterios, son los mismos que avaló [Alberto Núñez Feijóo cuando era presidente de la Xunta. Ahora estamos en una situación de emergencia y tenemos que resolverla y ser responsables”, conminó para afear que con la acogida de menores ucranianos “no hubo ningún problema”, pese a ser una cifra mayor a los 4.400 planteados ahora. En este punto, la titular de Juventud e Infancia ha cargado contra el PP por “deshumanizar la infancia migrantes” y “estar comprando la agenda de Vox”.
En el caso probable caso de que no haya acuerdo unánime en la conferencia sectorial que se celebrará esta tarde en la sede del ministerio, se establecerán criterios en función de parámetros como el de población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo (6%), dimensionamiento estructural del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión (2%). Rego se ha mostrada confiada en que las comunidades del PP cumplirán la ley y que su amenaza de recursos no retrasará la reubicación de los menores migrantes.
En la parte socialista del Gobierno sí se preparan para un “frente común” de rechazo y su falta de colaboración. De ahí que adviertan abiertamente sobre las consecuencias de «incumplimientos administrativos» o incluso «de carácter penal». Los populares gobiernan en 11 de las 17 comunidades, además de en Ceuta y Melilla.
Decretos pendientes
Para la puesta en marcha de las reubicaciones, el Consejo de Ministro deberá aprobar primero el decreto de desarrollo para concretar los siguientes pasos de este proceso. En paralelo, se ultima la aprobación de otro decreto, ya trabajado con el sector durante los últimos meses, para marcar a las comunidades autónomas unos protocolos comunes en sus respectivos sistemas de acogida.
Los diferentes ministerios todavía están realizando aportaciones al texto, que se espera llevar cuanto antes al Consejo de Ministros, según fuentes del Ejecutivo. El denominado ‘real decreto de determinación de estándares mínimos en el sistema de acogimiento residencial de niños, niñas y adolescentes’ marcará unas exigencias de mínimos en lo referente al tipo de centros, infraestructuras e itinerarios formativos, pero sobre todo respecto a las ratios sobre el número de menores, para rebajarlas, y de los trabajadores sociales asignados.
La intención pasa por incluir un régimen sancionador para las comunidades autónomas que no se adecuen a los nuevos protocolos o vulneren la obligación de informar al Estado sobre las inspecciones, que seguirá recayendo en las comunidades. Por ello, se establecerán también mecanismos de coordinación entre administraciones, teniendo en cuenta que las competencias son de las comunidades autónomas.
