Carlos Mazón
El president de la Generalitat ha escrito estos seis meses desde el día de la dana en Valencia su propio manual de resistencia. Con manifestaciones masivas y un rechazo social que le ha obligado a limitar su agenda, Mazón se ha convertido en el gran señalado. Este medio año ha pasado por diferentes fases: del vacío y el silencio incómodo de su partido al respaldo del líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, que recientemente se ha referido a su barón con términos como “coherente” o “valiente”.
El president, mientras tanto, ha realizado esfuerzos por reconducir la acción política hacia la reconstrucción, mostrar cercanía con las víctimas en encuentros privados y reforzar su versión de los hechos, derivando responsabilidades al Gobierno de España, con el que ha confrontado casi desde las primeras horas. Pero el avance de la instrucción de la jueza de Catarroja le mantiene atrapado en el laberinto del 29 de octubre. Sigue flotando una pregunta en el aire: ¿Dónde estaba? Su imagen pública ha quedado deteriorada tanto por su ausencia el día D -durante meses se mantuvo la narrativa de que estaba en el Cecopi al mando de la crisis desde “pasadas las 19 horas”, lo cual era falso- como por los cambios de versión en torno a sus actos de esa jornada.
Primero, en torno a una comida con la periodista Maribel Vilaplana, que fue, de inicio, ocultada en su agenda; tras la revelación en los medios, reconocida como “comida privada de trabajo”; y, más adelante, catalogada como “de partido”, para justificar la no presentación de la factura. También juega en su contra el vacío durante las horas que pasaron entre el final de la comida, a las 17.45 según el relato de la periodista, y las 20.28, cuando llega al Centro de Coordinación de Emergencias de l’Eliana. La versión oficial es que estaba en el Palau. Pero la falta de pruebas (negadas a la oposición) ensombrece esas horas.
Desde el punto de vista judicial, su condición de aforado le mantiene alejado del juzgado de Catarroja, pero el cruce de llamadas con Salomé Pradas (en los momentos críticos de esa tarde) le mantiene bajo el radar por su posible intervención en el envío del Es Alert. Los expertos consultados por la jueza, además, señalan que Mazón debió declarar la emergencia catastrófica y asumir el mando.
Salomé Pradas
La exconsellera de Justicia e Interior fue la primera víctima política, por tanto, la primera señalada como responsable por el fiasco en la gestión del 29 de octubre. Destituida en la crisis de gobierno del 20 de noviembre, su salida se interpretó como un cortafuegos, un sacrificio político para perimetrar las responsabilidades del Palau.
Como máxima responsable de las competencias de protección civil y la aplicación del plan de inundaciones, también es la investigada de mayor rango. Desde su salida ha mantenido un escrupuloso silencio hasta días antes de la declaración (el 29-O ha afectado su estado anímico), cuando ha mantenido una línea argumental alineada con Presidència de la Generalitat. Con todo, su testimonio ante la jueza de Catarroja del 11 de abril, donde solo respondió a su defensa, no parece haber dejado bien a nadie: ni a ella ni a su superior. Primero, por reconocer que llegó al cargo sin experiencia ni contaba con asesores en Emergencias. También mantuvo que el president no provocó el retraso en el envío del Es Alert. El registro de llamadas entregado evidencia un importante volumen de llamadas ese día con Mazón, incluidas varias no respondidas.
La derivación de responsabilidades al Gobierno -habló de la “actuación negligente y ausente” de la CHJ, y señaló a Pilar Bernabé por no pedir el envío del Es Alert-, no parece haber condicionado a la jueza. En un demoledor auto posterior a las declaraciones, la instructora insiste en la “inacción” y “pasividad” de la Generalitat ese día, con el Cecopi convertido en una “burbuja aislada del mundo exterior”.
Emilio Argüeso
Lo mismo puede decirse del ex secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, señalado en un ‘pack’ junto a la consellera como los máximos responsables políticos. El exCiudadanos, con una estrecha relación personal con Mazón forjada en Alicante, ha regresado a su actividad tras la salida de la política: ejerce como comisario de Policía en el municipio murciano de Archena. Tras unos meses de silencio, ha vuelto a ser protagonista: antes de declarar ante la jueza, reconoció a los medios haberse sentido “algo” solo durante estos meses.
En su caso, sin embargo, concurren otros dos factores que le diferencian de Pradas. El primero, según sostiene, es que no a él no le destituyeron, sino que dimitió, algo que recordó en su declaración ante la jueza. No lo hizo por sentirse responsable sino porque el proyecto político había cambiado, dijo.
El segundo factor, más importante, es que al menos antes de su declaración la Fiscalía avalaba su petición de ser ‘desimputado’. El motivo es técnico: su cargo, con capacidad de decisión, no era suficiente para que se le investigara. En su testimonio, Argüeso defendió su actitud proactiva el 29-O, incluso “jugándose el puesto” y yéndose a Paiporta el segundo día para montar un puesto de mando avanzado. No obstante, la declaración y las llamadas realizadas (Argüeso las ha incorporado) confirman en opinión de la jueza de que la Generalitat actuó el 29 de octubre con “una evidente pasividad ante una situación gravísima”.
Vicent Mompó
El presidente de la Diputación de Valencia y líder provincial del PP ha aflorado como secundario notable en la crisis de la dana. Apenas un desconocido el 28 de octubre -alcalde de Gavarda, Ribera Alta, 1.032 habitantes; y en su primer año en la diputación-, su valor político ha crecido desde el 29-O. Simplemente, estuvo. Desde primera hora, se movilizó en rescates, atendiendo a sus alcaldes, y se sumó al Cecopi, donde tomó parte de las deliberaciones pese a no formar parte del órgano (un extremo, la falta de competencias, que por otro lado tampoco ha utilizado en su defensa, aunque podría hacerlo).
Su protagonismo, con todo, evolucionó a partir de ese día. Desde la diputación, ha tenido una presencia constante en las poblaciones afectadas, y ha asumido unas competencias que han dado oxígeno a los municipios de la dana. Pero su papel ‘político’ fue otro. Con Mazón en cuarentena, la falta de referentes en el partido y el Gobierno valenciano dispuestos a dar la cara le convirtió en una especie de portavoz oficioso. Lo que comenzó de manera casual (no suele rehuir a los medios) acabó convirtiéndole en un activo útil para el Palau. Esas primeras semanas acudió a canales y programas donde otros no querían ir, defendiendo la gestión del president, otro contrapunto al silencio significativo de algunos mandos del partido.
Ese protagonismo también le ha provocado rasguños. Algunos, incluso, ven recelo en el entorno del Palau de la Generalitat hacia su figura. Sus manifestaciones, en algunos momentos, han entrado en contradicción con la línea del Palau, como cuando expuso sus llamadas de ese día, o cuando anticipó que Mazón no estaba en l’Eliana en el momento en que se envió el Es Alert.
Esa coherencia será puesta a prueba en la declaración como testigo que debe prestar este 29 de abril. Se presenta ante la jueza y las partes con la obligación de decir la verdad. Y será preguntado, sin duda, por las llamadas con el president Mazón y su implicación o no en el envío del Es Alert.
Pilar Bernabé
En casi todas las crisis emergen líderes inesperados y de la dana ha surgido Pilar Bernabé como activo político del socialismo valenciano, eclipsando incluso a la secretaria general y ministra, Diana Morant. Durante los primeros meses ha sido el rostro del Gobierno, tanto en la pedagogía de la gestión estatal como sobre todo en el papel de contrapeso narrativo de la Generalitat y Carlos Mazón.
Su actuación estos seis meses, con una presencia diaria en la zona cero, ha tenido consecuencias. Dentro del partido, Bernabé no ha pasado inadvertida -ya mantenía canales de comunicación privilegiados con los ministerios y la Moncloa-, hasta el punto de que, en plena crisis, Pedro Sánchez aprovechó el Congreso Federal para convertirla en número 4 del partido, en la plaza de secretaria de Igualdad. De puertas afuera, se ha convertido a su vez en objetivo político del PP. Tanto de los consellers como del grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. Una rival a batir.
De momento, la prosperidad de Bernabé no ha desviado sus objetivos políticos. Mientras confronta con Mazón, el PSPV se ha encomendado a ella para ganar la alcaldía de València en 2027. El pasado 14 de abril, horas antes de presentar su candidatura, Bernabé declaró siete horas en el juzgado como testigo. Varias defensas han pedido su imputación. De momento, ha salido ilesa: la jueza sigue manteniendo las responsabilidades en el ámbito de la Generalitat.
Susana Camarero
A pesar de sus tres décadas de experiencia política (en 1995 se estrenó como diputada popular de la mano de Zaplana), el papel de Susana Camarero en el Ejecutivo de Mazón hasta la dana era otro: era la imagen de la seriedad y la gestión en una conselleria dura, la de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda. Todo cambió el 29 de octubre. Mazón, que comparte genealogía zaplanista con Camarero, echó mano de su experiencia para convertirla en su escudera en el contexto más adverso. Como portavoz del Gobierno autonómico, un puesto abrasivo del que Mazón apartó a Ruth Merino, se somete cada martes a las preguntas sobre una investigación en curso, con la necesidad de fijar la versión de la Generalitat en un contexto volátil. En esas comparecencias se ha convertido en un dique impermeable. Seis meses después, la complicidad parece intacta. La defensa cerrada del president y su actuación ese día parecen descartarla para el papel que algunos le atribuyen internamente, un hipotético relevo de Carlos Mazón.
José Miguel Basset, bombero jefe
Jubilado desde este mes de marzo, el inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia se encontró con el mayor reto de su vida en el tiempo de descuento de su carrera profesional. Como responsable provincial de bomberos se convirtió en director técnico de la emergencia. Seis meses después, la investigación y las declaraciones están aflorando acciones que señalan a este técnico. La más trascendente se refiere a la retirada a las 15 horas del 29 de octubre de la vigilancia de los bomberos forestales que controlaban el barranco del Poyo, que él mismo justificó por la bajada en el caudal de la rambla. Tanto Salomé Pradas como Emilio Argüeso han derivado responsabilidades en este y otros técnicos. Argüeso, incluso, le señala por sus resistencias a enviar el Es Alert. En breve pasará por el juzgado de Catarroja, donde ha sido citado a declarar como testigo, aunque Argüeso pedía su imputación.
Jorge Suárez
También ha sido citado a declarar como testigo Jorge Suárez, que sigue en su puesto como subdirector general de Emergencias, el funcionario de mayor rango en la materia, con una experiencia de tres décadas y responsabilidades ya con el anterior Gobierno regional. Suárez, de hecho, es el único de todos los protagonistas de aquel día que se ha mantenido en un discretísimo segundo plano: ni una declaración pública. Eso no ha evitado, sin embargo, que se le señale durante la investigación. Argüeso desveló ante la jueza que se encontraba de vacaciones la semana previa a la dana, y que anticipó el regreso al día 29, de lo que se enteró al encontrárselo en l’Eliana al llegar al centro esa mañana. Fue Suárez quien plantea utilizar el Es Alert para avisar a la población ante el riesgo de rotura de Forata, según el ex secretario autonómico.
De la invisibilidad de Sánchez a los titubeos de Feijóo
La política nacional se ha mantenido los últimos seis meses en su dinámica bélica, y Valencia se ha convertido en un nuevo teatro de operaciones. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estuvo en la zona cero el primer domingo, pero el dramático episodio con el rey en Paiporta, donde su equipo de seguridad tuvo que sacarlo entre intentos de agresión, lo ha mantenido alejado. Solo la anómala situación de Mazón, que tampoco pisa la zona cero y apenas ha comenzado a recibir a víctimas, ha permitido a los socialistas sortear esta ausencia clamorosa.
El Gobierno pone en valor la movilización masiva de recursos, las reuniones del gabinete de crisis o el compromiso con los alcaldes, con los que Sánchez sí se reunió en la Delegación del Gobierno para explicarles el plan de 1.700 millones para reconstruir las infraestructuras municipales. Durante los primeros meses, otros ministros como Marlaska (Interior), Puente (Transporte) o Torres (Política Territorial) han ocupado ese espacio. También referentes valencianos, como el secretario de Estado Arcadi España, enlace con los alcaldes.
Sánchez, con todo, no ha desaprovechado la debilidad del president valenciano para confrontar con el PP, en actos de partido y en las tensas sesiones de control en el Congreso frente a Alberto Núñez Feijóo. La dana ha sido combustible en la batalla nacional.
Feijóo, ganando tiempo con Mazón
El presidente nacional del PP, por su parte, ha ido ganando tiempo con Mazón. Fue el primero en acudir al Centro de Emergencias, dos días después de la dana, y lo hizo para señalar a las agencias que dependen del Gobierno (CHJ y Aemet). A esa hora terminó la tregua.
En estos meses, Feijóo ha reconocido que Mazón estaba “noqueado”, le ha exigido en público no cometer más errores, y le apremió para centrarse en la reconstrucción. En los últimos tiempos, los calificativos son más benévolos. Le ha llamado “valiente”. Lo que no cambia es cómo afronta el incierto futuro del PP valenciano. Feijóo no sale del marco de que su continuidad dependerá del éxito de la reconstrucción, un escenario difícil de medir, a lo que últimamente ha añadido lo que diga la demoscopia.
La consigna parece ser la voluntad de ganar tiempo, y poner distancia, mientras la jueza avanza la instrucción a toda velocidad. En esa línea, Feijóo ha aplazado sine die el congreso regional del PP que debía renovar el mandato de Mazón; también amagó con trasladar a Madrid el congreso del PP europeo que estaba programado en Valencia desde antes de la dana y se celebra estos días.
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