El impago a las compañías aéreas del total de las subvenciones del 75% del coste de los billetes aéreos para los residentes de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla durante los últimos meses está poniendo en un aprieto a las empresas que operan en estas rutas. La prórroga de los presupuestos de 2023 ya les provocó un importante agujero por ese concepto, de más de 400 millones, pero la evidencia de que tampoco habrá nuevas cuentas estatales en 2025 amplían la deuda considerablemente, hasta los 800 millones en estos momentos y por encima de los 1.200 a final del ejercicio, según fuentes del sector. Normalmente, las aerolíneas recibían esos pagos por parte de la dirección general de Aviación Civil (Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible) con una demora de dos o tres meses, pero ahora esos retrasos se han disparado y acumulan impagos millonarios desde el año pasado. De forma que temen que el problema siga agrandándose por falta de presupuesto público suficiente para cubrir los costes.
La situación ha obligado al Gobierno a buscar una salida de urgencia. Intenta aprobar un crédito extraordinario vía modificación presupuestaria para al menos pagar el agujero correspondiente a 2024. Lo está haciendo a través de una enmienda, pactada entre el PSOE y CC, al proyecto que actualiza la ley de Navegación y Seguridad Aéreas, que se está tramitando en el Congreso y para lo que destina 319 millones. La propuesta ya está incluida en el texto al haber sido aprobada en la comisión de Transportes y Movilidad Urbana, y tendrá el primer visto bueno definitivo en uno de los próximos plenos antes de que pase al Senado. Si la Cámara alta introduce modificaciones, como parece probable, la ley tendrá que ser refrendada de nuevo por el Congreso, lo que podría retrasar el cobro de las ayudas por parte de las aerolíneas hasta muy cerca del verano.
La enmienda ha contado hasta ahora con los apoyos necesarios, aunque el PP amagó con oponerse a ella –finalmente se abstuvo– al considerar que se quedaba muy lejos de lo que realmente necesita el sector. De entrada, fue aprobada en comisión por los grupos que apoyan al Gobierno, que rechazaron la de los populares que solicitaba que el crédito alcanzara los 1.200 millones, una cifra muy cercana a la que habían recabado de las compañías aéreas sobre el alcance de las subvenciones para el actual ejercicio, de 1.500 millones. Sin embargo, PSOE y CC habían pactado con las aerolíneas los 319 millones, entre otras cosas porque el Ministerio de Haciendasoloo autoriza una modificación presupuestaria como esta para atender a deudas que afectan al mismo ejercicio, en este caso 2024, no los que puedan derivarse de la ausencia de presupuestos en 2025. Eso tendrá que abordarse ya el próximo año bien con un nuevo crédito extraordinario por el mismo concepto, o a través de una nueva ley de presupuestos que recoja tanto el déficit acumulado durante el año en curso, como el total de las subvenciones previstas para el 2026, si es que el Gobierno logra para entonces los apoyos necesarios para esas nuevas cuentas.
La patronal del sector, integrada mayoritariamente en la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), aseguraba recientemente en un comunicado que las compañías «podrían verse obligadas a dejar de operar algunas de estas rutas, o a reducir frecuencias, ante la situación insostenible y de asfixia económica generada por el impago del Gobierno a enero de 2025 de 810 millones de euros a las aerolíneas que operan estas rutas». Si el Gobierno no toma medidas, el agujero rondará los 1.500 millones, aseguran. Se da la circunstancia de que los 560 millones planificados en 2023 estuvieron por debajo de los 652 millones de 2021 y también de la cifra de 641 millones que fue a los presupuestos del ejercicio 2022.
La directiva de ALA alerta de que está en peligro el mantenimiento de todos los vuelos con Baleares y Canarias y algunas aerolíneas se plantean reducir sus operaciones para evitar seguir incrementando la deuda pendiente. No lo harían en todo caso de inmediato porque la programación de vuelos para la temporada de verano ya está diseñada, «pero sí es una opción para la próxima temporada de invierno», advierte la asociación.
La patronal aérea anticipa que las compañías de momento mantienen su compromiso con la conectividad de las islas. La oferta de asientos en las rutas entre Canarias y la Península rozó el año pasado los 62 millones de plazas, un 9,6% más que el ejercicio anterior y un 18% más que en el 2019 precovid. Todas las compañías han anunciado un notable incremento de plazas para el verano.
El Ministerio de Transportes asegura que las subvenciones no están en riesgo, que la deuda se asumirá en los términos que marca la ley y destaca que el pasado febrero se empezaron a abonar pagos pendientes, aunque queda gran parte de 2024 por cubrir. Pero en el PP recelan por la resistencia del Gobierno a detallar a cuánto asciende la deuda acumulada de ejercicios anteriores, y sospechan que parte de la misma está siendo cubierta con las cuentas consignadas por el Ministerio para este mismo ejercicio.
Como siempre que hay problemas en el mecanismo de las subvenciones al transporte aéreo en los territorios extrapeninsulares, se escuchan voces a favor del sistema de la ayuda directa al billete, algo que desde Canarias se rechaza tajantemente y que el Ministerio nunca dice estar contemplando.
Lo cierto es que algunas de las compañías aéreas que más operan en Canarias habían dejado claro en sus conversaciones con el PSOE y CC que lo importante, por urgente, era cubrir las ayudas pendientes del año pasado, a las que ellas ya habían hecho frente ante el viajero, razón por la que no les pareció buena idea la propuesta del PP pese a que esta asumía la cifra global de deuda hasta el final de 2025.
La duda en estos momentos es si los populares tratarán de incrementar en el Senado, donde disponen de amplia mayoría absoluta, la cifra que ya está recogida en el Congreso, una cuestión que no se descarta según fuentes del grupo parlamentario en la Cámara alta, y que desde el PSOE y CC señalan que «eso ahora no se puede plantear».
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