El Congreso debate este jueves la convalidación del real decreto ley para la reubicación de menores migrantes no acompañados desde zonas con sus recursos tensionados, como Canarias o Ceuta, a otras regiones en las que puedan ser mejor atendidos.
Salvo sorpresas de última hora, el decreto ley será convalidado, ya que el Gobierno lo aprobó el pasado 18 de marzo tras un acuerdo con Junts para que la formación independentista catalana apoyara con sus votos la medida, que reforma el artículo 35 de la ley de extranjería.
Se espera, por lo tanto, un final muy diferente al del pasado 23 de julio, cuando un texto con el mismo espíritu llegó al Congreso en forma de proposición de ley registrada por el PSOE, Sumar y Coalición Canarias y no superó su toma en consideración por la falta de apoyos de Vox, PP y Junts.
Desde entonces, el Ejecutivo central y el canario han negociado entre sí un nuevo texto y, después de meses de infructuosas conversaciones con el PP, el Gobierno alcanzó un acuerdo con Junts para garantizar su posterior convalidación, mientras ha tendido la mano al PP hasta el último momento para que también la refrende.
El real decreto ley, que entró en vigor el pasado 20 de marzo, reforma la ley de extranjería para articular un mecanismo permanente de reubicación de los jóvenes que han migrado solos desde zonas de llegada cuando sus recursos de acogida lleguen al 300% de su capacidad.
Además, significará el traslado, en el primer año, de unos 4.000 menores desde Canarias y 400 desde Ceuta, aunque las cifras aún no están cerradas.
Desde que se aprobó este real decreto ley, ha despertado duras críticas de las comunidades gobernadas por el PP, que han acabado reconociendo que cumplirán la ley, aunque muchas de ellas han anunciado que la recurrirán ante el Tribunal Constitucional.
El primer paso para poner en marcha el mecanismo es saber cuántos menores migrantes no acompañados hay en España y cuántos acoge cada región, y para ello el Gobierno ha pedido a todas las comunidades que informen de sus cifras, lo que ya ha dado problemas.
Aragón no ha dado sus datos porque ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid esta petición de información y otras como Madrid no han facilitado las cifras de la forma que se les solicitaba, por lo que el Gobierno ha dado de margen hasta este jueves para hacer las aclaraciones oportunas.
En medio de estos primeros pasos del decreto ley, para lo que el Gobierno ha creado un Grupo de Trabajo, el pasado 26 de marzo el Tribunal Supremo ordenó al Ejecutivo hacerse cargo en diez días de unos mil menores no acompañados solicitantes de asilo que están en Canarias.
El Gobierno está agotando el tiempo, mientras trabaja con el Ejecutivo del archipiélago para dar una respuesta al alto tribunal dentro de un plazo que, en principio, acaba el viernes.
Disoolver asociaciones que hagan apología del franquismo
Además, el pleno aprobará previsiblemente este jueves una proposición de ley orgánica del PSOE para disolver aquellas asociaciones que hagan apología del franquismo, una iniciativa que no afectará a la Fundación Francisco Franco, al tratarse de una fundación y no de una asociación.
Esta iniciativa legal cuenta con el apoyo de la mayoría del Congreso, ya que el dictamen fue aprobado recientemente en comisión con el apoyo del PSOE y sus socios parlamentarios, el rechazo de Vox y la abstención del PP, que en su momento votó a favor de la toma en consideración de la norma.
Por ello, y salvo sorpresas, lo previsible es que esta proposición de ley orgánica salga adelante en su votación este jueves en el pleno del Congreso, aunque luego tendrá que pasar al Senado, donde hay posibilidad de introducir enmiendas.
En el caso del Congreso, el PSOE no aceptará ninguna de las enmiendas que algunos grupos han decidido mantener para su debate y votación en el pleno, según han confirmado a EFE fuentes socialistas, por lo que la proposición de ley no sufrirá más cambios en esta cámara.
Tampoco se debatirá ni votará la enmienda transaccional firmada por el PSOE, Sumar, Podemos, ERC y Bildu con el objetivo de revertir los «desahucios exprés» incluidos en otra ley, ya que era necesario contar con el apoyo de todos los grupos para llevar este asunto al pleno y no están de acuerdo PP, Vox, Junts ni el PNV.
En concreto, la iniciativa del PSOE que aprobará el pleno del Congreso pide reformar la ley orgánica reguladora del derecho de asociación para incluir como causa de disolución de una asociación la apología del franquismo, adaptando así esta normativa, de 2002, a la ley de memoria democrática, de 2022.
La ley de memoria democrática recoge expresamente la obligación de modificar la citada ley de asociaciones para disolver aquellas que ensalcen el golpe de Estado y la dictadura franquista o que «enaltezcan a sus dirigentes con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas».
Esta reforma legal no afecta a la Fundación Francisco Franco, al tratarse de una fundación y no de una asociación, pero el Gobierno tiene previsto pedir este año ante la Justicia su extinción.
Lo hará empleando otro punto de la ley de memoria, que recoge la posibilidad de solicitar a un juez la extinción de una fundación contraria al interés general y cita como causa la apología del franquismo.
Concierto Económico vasco
Además, el Congreso debatirá y votará la última modificación del Concierto Económico vasco con la que Euskadi aumentará su autogobierno económico financiero con la regulación de hasta 14 impuestos más, entre ellos el IVA.
La Cámara Baja ya acordó que esta reforma se va a tramitar por la vía exprés en lectura única, lo que significa que no pasa por ponencia ni comisión, sino que todas las fases se sustancian en la sesión plenaria de este jueves. Sólo Vox se opuso a esta tramitación directa.
