Pedro Sánchez seguirá dilatando la fecha para su investidura. Si tras el encargo del Rey se evitó fijar un calendario, a la espera de celebrar una ronda con los grupos parlamentarios, la incógnita tampoco se despejará cuando Sánchez cierre el próximo viernes con Junts esta serie de encuentros. Así lo trasladan fuentes de la Moncloa, explicando que el calendario se establecerá cuando, al menos, se alcance un preacuerdo con los socios potenciales para la investidura. Nunca antes y la negociación todavía está verde.
Los portavoces de los diferentes grupos que se han reunido estos días con el presidente en funciones coinciden en remarcar que no tienen nada cerrado. El propio portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, rebajó estos encuentros a “una toma de contacto” y aplazó la negociación de los contenidos a la próxima semana, ya bajo la batuta de la comisión negociadora designada por Ferraz.
Tanto fuentes de la dirección socialista como de la Moncloa asumen que la investidura se producirá en noviembre. Entre algunos de los políticos, representantes de los agentes sociales y sociedad civil que se han reunido esta semana con el líder socialista cunde la sensación de que tampoco se producirá en la primera semana de noviembre. La sitúan a mediados del próximo mes. No por información, sostienen, sino por intuición. En el Gobierno se limitan a afirmar que solo tienen una fecha tope. La del 27 de noviembre, que coincide con límite de 60 días desde la primera investidura para disolver las Cortes si antes no se ha formado gobierno.
Pese a las presiones de los populares para apurar una fecha, en el equipo negociador designado por el PSOE insisten en reclamar tiempo para una investidura “real”. Sin perder el tiempo, añaden, pero con el objetivo puesto en pulir jurídicamente el acuerdo. Principalmente, con los partidos independentistas catalanes que reclaman una ley de amnistía para los encausados del ‘procés’ como contrapartida a su apoyo.
El encargado de encabezar las negociaciones con Junts y ERC, Félix Bolaños, avanzaba este martes en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que “cualquier acuerdo que adoptemos será impecable desde el punto de vista constitucional”. Un celo que ya mostró el propio presidente en funciones cuando reconoció tras recibir el encargo para su investidura, aun sin mencionar la amnistía, que el acuerdo con los independentistas debería ser avalado posteriormente por el Tribunal Constitucional.
Fuentes directas de las negociaciones se refieren a la necesidad de tiempo para que Junts “gire el transatlántico”. Esto es, que pase de las posiciones rupturistas y de bloquear cualquier negociación con el Gobierno, a sentarse y llegar a acuerdos, con las renuncias que siempre implican en política. Por otra parte, tanto el Gobierno como los independentistas necesitan que la ley para “pasar página” sobre los delitos ‘procés’ no tengan ninguna arista que lleve al tribunal sentenciador a no aplicar los beneficios buscados.
El Ejecutivo se centra en pulir jurídicamente el acuerdo. «No es tan fácil. Para nosotros hay cosas mucho más importantes. Más importante que el calendario es el contenido», subrayan fuentes de la Moncloa. La seguridad jurídica y las prisas no casan. Se trata de evitar un revolcón jurídico, habido el precedente de la reforma del Código Penal para suprimir el delito de sedición y rebajar el de malversación, que no tuvo el efecto esperado por el Gobierno y los independentistas para aliviar las penas de los encausados por el ‘procés’. Todo ello, cuando desde la judicatura ya se ha mostrado la reticencia a una ley de amnistía o directamente su rechazo desde las asociaciones conservadoras al calificarla como anticonstitucional.
Registro antes de la investidura
Algunos de los actores que han participado en las negociaciones a diferentes niveles aseguran que la ley de amnistía reclamada por los independentistas podría estar lista este mismo mes de octubre. De ello da cuenta que el equipo jurídico de Sumar haya presentado ya este martes su propia propuesta. Estas mismas fuentes de los potenciales socios del Gobierno aseguran que la intención pasa por registrar una ley de amnistía en el Congreso antes de la investidura, para tramitarla una vez arrancada la legislatura. Fuentes de Moncloa evitan cerrar esta puerta, aunque al mismo tiempo no se atreven a hacer cálculos sobre el tiempo necesario para tener un texto listo.
Otra de las cuestiones que dilata las negociaciones es la intención de los socialistas de vincular el acuerdo de investidura a la aprobación de los Presupuestos. Con una aritmética sin posibilidad de geometría variable, el Congreso representa un sudoku de máxima dificultad para dar estabilidad a la legislatura. No solo para aprobar las Cuentas, sino para sacar adelante las principales leyes que pacten en su acuerdo programático PSOE y Sumar. Entre ellas, las reformas asociadas al plan de recuperación de las que dependen los millonarios desembolsos de los fondos europeos.
