La Fiscalía Provincial de Madrid ha pedido a la titular del Juzgado de Instrucción Número 20 que levante la imputación a los cuatro periodistas que investiga por informar sobre la causa abierta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Así consta en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el Ministerio Público defiende que la citación «debe ser en calidad de testigos y no de investigados» al considerar que el trabajo de los periodistas está «bajo el paraguas» del artículo 20 de la Constitución, que protege el derecho a la información.
La Fiscalía responde así a la decisión del juzgado de citar como investigados a cuatro periodistas para el 19 de junio debido a las informaciones que publicaron el 25 de noviembre sobre el informe en el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil analizaba las conversaciones de WhatsApp y los correos electrónicos intervenidos a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por orden del Supremo.
El fiscal que firma el escrito, Juan Ignacio González Sanz, sostiene que el tipo penal del delito de revelación de secretos por infracción del secreto de sumario que se atribuye a dichos periodistas es un delito de los denominados de «propia mano», que «sólo puede ser cometido» por funcionarios públicos, abogados y procuradores.
«Los periodistas, por tanto, no pueden cometer el citado delito dado que no revisten la condición subjetiva exigida por el tipo penal, esto es, la condición de funcionarios públicos», subraya.
En este sentido, insiste en que los mencionados periodistas «no deben ser citados como imputados en la causa, por la simple razón de que jurídicamente es imposible que puedan cometer el delito del que se les imputa».
El Ministerio Público considera que «no existe ningún elemento, ni siquiera indiciario, que acredite que» los periodistas investigados «influyeron de manera directa y eficaz sobre las personas no identificadas que filtraron el informe».
Así las cosas, reitera que los periodistas citados son «meros intermediarios naturales en el proceso comunicativo» que «en ningún caso pueden ser responsables de un delito de la naturaleza del pretendido, por lo que procede su citación como testigos y no como investigados».
