La Administración del Principado de Asturias admitió en 2023 que la empresa titular de la explotación de Cerredo, en la que el pasado lunes se produjo una explosión en la que fallecieron cinco trabajadores, no operaba de manera «normal». Sin embargo, siete meses después, la entonces directora general de Minas, Belarmina Díaz (hoy consejera de Transición Ecológica) se reunía con los mismos responsables y autorizaba un permiso de «investigación» que permitió a la firma acceder al interior de la mina.
En 2022 se produjo un accidente laboral en la explotación de Cerredo en el que falleció un trabajador y otro sufrió graves heridas, tal y como informó ayer LA NUEVA ESPAÑA. Fue el 25 de agosto de 2022 y los inspectores señalaron al respecto (en un informe firmado en diciembre de ese año y desvelado por este periódico) que existían «indicios racionales de una actividad extractiva no autorizada» en la explotación; esto es, se sacaba carbón de forma fraudulenta.
Meses después, en mayo de 2023, se reunió la Comisión de Seguridad Minera, un órgano en el que participan el Principado, empresas, sindicatos y profesionales y que presidía la propia Belarmina Díaz. Es la misma comisión que hoy está convocada a las 12.00 para analizar el grave suceso de esta semana en la misma mina de Cerredo. En esa reunión tras el accidente de 2022, los representantes del Principado (el jefe del Servicio de Promoción, Desarrollo y Seguridad Mineros y el jefe de la sección de Seguridad Minera) admitieron que la empresa explotadora de Cerredo había cometido una serie de incumplimientos que «como mínimo no pueden ser calificados como de una actuación ‘normal’ en una empresa del sector minero», según consta en las actas de la reunión a las que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA.
Precisamente a raíz de ese accidente se produjo un encendido debate en la comisión. Los representantes de Comisiones Obreras resaltaron «el cúmulo» de infracciones por parte de la empresa, «como que el accidente lo fuese fuera del horario laboral, que los trabajadores no estuvieran dados de alta o que la empresa estuviese actuando de forma ilegal». Los representantes sindicales preguntaron a la Administración sobre la metodología que se sigue «para autorizar concesiones a ‘empresas falsas’ o como mínimo no solventes». También se exigió conocer las inspecciones realizadas. Los representantes del Principado señalaron que dados los incumplimientos se abrió un expediente sancionador a la firma que explotaba la mina, Combustibles Asturiana y Leonesa, una sociedad propiedad por el mismo entramado familiar que era titular de Blue Solving, la firma que operaba en el interior de la mina el pasado lunes.
Indicios que no dieron lugar a alarma
- Accidente con una víctima mortal. El 25 de agosto de 2022, dos trabajadores de la explotación de Cerredo sufren un accidente cuando transportaban carbón ilegal en un camión.
- La empresa lo niega, los inspectores lo afirman. Los servicios de inspección de Minas del Principado apuntan, pese a los argumentos de la empresa, que se extraía carbón sin licencia.
- Empresarios y sindicatos piden control. En la Comisión de Seguridad Minera, que preside Belarmina Díaz en mayo de 2023, empresarios y sindicatos piden medidas contra las empresas «quinquis».
- Un nuevo permiso. La Dirección de Minas, en manos de la hoy consejera Belarmina Díaz, vuelve a dar licencia de «investigación» a los mismos empresarios un año más tarde.
Los representantes de las empresas mineras privadas fueron más allá y llegaron a plantear que la minería «no puede quedar en manos» de empresas «quinquis» o que «carezcan de la necesaria solvencia«. El debate se cerró con el compromiso de los representantes de la Administración autonómica de que las obras se paralizarían hasta que la explotación minera «estuviese en su totalidad de conformidad y en regla» y que se produciría «un control e inspección en profundidad» por parte de la Autoridad Minera.
Belarmina Díaz asistía a este diálogo en calidad de presidenta, pero siete meses después se reunió con la empresa Blue Solving, propiedad de los mismos titulares de la explotación de Cerredo sospechosos de irregularidades, y terminaba concediéndoles una autorización administrativa para explorar la presencia de grafito de alta calidad en la explotación, un permiso que da pie a una cierta extracción de carbón meramente coyuntural para acceder a las vetas buscadas. Según las fuentes consultadas, este permiso no era necesario publicarlo en el «Boletín Oficial del Principado», en el que no aparece rastro de la autorización.
Los «indicios racionales de actividad extractiva no autorizada» que los inspectores de la dirección de Minas detectaron en la explotación de Cerredo en 2022 quedaron certificados en la sentencia judicial sobre el accidente en el que falleció un trabajador y otro sufrió graves heridas. En el fallo judicial del Juzgado de lo social número 4 de Oviedo, con fecha 4 de abril de 2024, el juez instructor señala explícitamente en los «hechos probados» que el camión en el que circulaban los dos trabajadores que sufrieron el accidente «era empleado en el complejo de Minas Cerredo para el transporte de mineral del interior de la mina». Asimismo, se asegura, según las declaraciones de testigos, que «las personas accidentadas eran las encargadas de andar con un dumper articulado tipo lagarto destinado al transporte de carbón». El vehículo siniestrado tenía una carga de carbón procedente del sexto nivel de la explotación y que se trasladaba para su posterior mezcla con otros carbones.
Aunque la sentencia judicial ya señala claramente que se extraía carbón de la mina de Cerredo en 2022, pese a no contar con licencia para ello, también el superviviente del accidente lo declaró a la Guardia Civil en los atestados de investigación por el siniestro. El herido señaló que le habían prometido incorporarse en unos días a la firma Carbones de La Vega (de los mismos propietarios) para trabajar en la sexta planta «en el interior de la mina y con categoría de minero», extrayendo carbón, lo que la firma llevaba al menos un mes haciendo pese a no contar con licencia. También declaró que días después del accidente, su hijo comprobó que toda la maquinaria en la zona había sido retirada y se habían extendido escombros para «dar impresión de que no se realizaba actividad alguna».
Los mismos empresarios, distinto nombre
La empresa Blue Solving, con permiso para la búsqueda de grafito de alta calidad en la mina Cerredo y para la que trabajaban los cinco fallecidos en la explosión de este lunes, es propiedad del hijo del dueño del entramado de empresas que operaba desde hacía años en la explotación. Se trata de los mismos titulares de la firma que ya en 2022 extraía carbón irregularmente usando un permiso para retirada de material. Con todo, el Principado les dio autorización en 2024.
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