El Gobierno ha activado el proceso de la renovación casi total de la cúpula del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) con el objetivo de mantener la actual mayoría absoluta de consejeros designados por el PSOE, preservando también el puesto al consejero propuesto por Sumar y dejando al Partido Popular en una posición de clara de minoría en un momento clave para el sector, en pleno debate sobre el inicio del cierre de todas las centrales nucleares en los próximos años. Un debate en el que el PP se ha posicionado claramente en defensa de aplazar las clausuras previstas de manera escalonada entre 2027 y 2035, frente a la pretensión del Ejecutivo de continuar con el calendario de cierres.
El Consejo de Ministros aprobó el mes pasado la propuesta de renovar para otro mandato a tres de consejeros del CSN, el organismo encargado de velar por la seguridad nuclear en el país, y nombrar a una nueva consejera. Unos nombramientos que mantendrían claramente la mayoría de los miembros del pleno del centro propuestos por PSOE (tres) y Sumar (uno) y que, según diversas fuentes políticas, se pretenden aprobar sin contactos previos con otros partidos políticos. El Partido Popular seguiría con un único representante -al que aún le quedan tres años de mandato-, a pesar de ser la principal fuerza parlamentaria.
La propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica que se ha trasladado al Congreso de los Diputados para su ratificación contempla la renovación a propuesta del PSOE de Juan Carlos Lentijo en el cargo del presidente del CSN y de Pilar Lucio como consejera; la prórroga para otro mandato como consejero a Paco Castejón a propuesta de Sumar; y también el nombramiento a propuesta del PSOE de Silvia Calzón, médico, exsecretaria de Estado de Sanidad y actual directora del Departamento de Atención a la Ciudadanía del Gabinete de Presidencia del Gobierno, que sustitución de Elvira Romera, que es catedrática de Física Atómica, Molecular y Nuclear.
Desde el PP se critica duramente este nombramiento, denunciando que Calzón “ni conoce la materia que se trata en el CSN ni es independiente”, al proceder directamente del Gabinete de Pedro Sánchez. “Es gravísimo. La seguridad nuclear no puede quedar en manos de alguien sin conocimiento”, explica Juan Diego Requena, secretario de Energía del PP. Desde el Gobierno se contrapone que la renovación del presidente y de dos consejeros del CSN sirven para «dar continuidad a su gestión al frente del regulador» y que la propuesta de nuevo nombramiento de Calzón sirve para «introducir un perfil profesional del ámbito saniatrio, acorde con las competencias en seguridad y protección radiológica del organismo», apuntan fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.
Los dos consejeros renovados por el Gobierno lo harían para un segundo y último mandato de seis años; la nueva consejera entrante inauguraría un primer mandato por un sexenio y prorrogable a otro más; y el presidente del CSN sólo podría seguir en el cargo durante cuatro años más, por la jubilación forzosa del cargo a la que estaría obligado al cumplir 70 años. La propuesta del Gobierno implicaría mantener la mayoría progresista con cuatro consejeros, frente al único miembro propuesto por el PP, Javier Dies, al que aún le quedan tres años de mandato.
Y desde el PP se denuncia que el Gobierno no ha contactado con ellos y ha aprobado sus propuestas sin ninguna negociación con el principal partido de la oposición, a pesar de tratarse de un organismo supervisor. “No es lógico que el mayor partido no haya sido siquiera consultado. Teresa Ribera sí consultó los anteriores nombramientos del CSN, pero Sara Aagesen no lo ha hecho, demostrando su tendencia autocrática”, critica Requena.
Históricamente, PP y PSOE se repartían la representación en la cúpula del CSN con dos consejeros cada uno y un quinto que normalmente se reservaba al partido dominante del nacionalismo catalán (por el peso que tiene la energía nuclear en Cataluña, con tres de los siete reactores operativos ubicados en la región). Pero con el Gobierno de Mariano Rajoy ya se rompió ese equilibrio tradicional y el PP impuso una mayoría en el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear, y el primer Gobierno de Pedro Sánchez hizo lo propio con una mayoría de consejeros sugeridos por el PSOE y otro más entonces a propuesta de Unidas Podemos. Un ‘statu quo’ que la nueva propuesta del Ejecutivo pretende perpetuar y mantener los próximos años.
Encontronazo en el Congreso
Las propuestas del Gobierno deben ser ratificadas por el Congreso de los Diputados, para la posterior aprobación formal de los nombramientos de nuevo por el Consejo de Ministros. La Comisión de Transición Ecológica del Congreso tiene previsto abordar el asunto la próxima semana, en su reunión del 9 de abril.
El nombramiento de nuevos miembros de la cúpula del CSN exige de una mayoría reforzada en las Cortes. Si cada uno de los miembros obtiene el respaldo de una mayoría de tres quintos en la comisión parlamentaria (22 de sus 37 diputados), el Consejo de Ministros podrá ratificar las designaciones rápidamente, si no obtiene ese respaldo de mayoría cualificada los nombramientos se aplazarían durante un mes y a partir de entonces el Gobierno podrá sacarlos adelante de manera definitiva.
La única opción de echar para atrás todos o alguno de los nombramientos o renovaciones propuestos por el Ejecutivo es que una mayoría de tres quintos de la comisión del Congreso vote en contra y considere que el candidato no es idóneo para el puesto. El Partido Popular pretende “llenar de argumentos la sesión de la Comisión del Congreso para intentar evitar el nombramiento de Silvia Calcón”, anticipan fuentes del grupo parlamentario, que reconocen que ven poco probable alcanzar el objetivo de sumar esa mayoría cualificada por la dificultad de agrupar apoyos suficientes entre los socios parlamentarios del Gobierno.
El CSN y el apagón nuclear
El Consejo de Seguridad Nuclear es el encargado de estudiar las eventuales renovaciones de las autorizaciones de funcionamiento de las centrales nucleares y establecer con qué condiciones y exigencias pueden concederse para hacerlo con tooal seguridad en función de los años de ampliación de la vida de las plantas (y, por tanto, de manera indirecta el organismo marca qué inversiones deberán ejecutar las eléctricas propietarias). Y del mismo modo el CSN regula el desmantelamiento y cierre de las centrales, y fija los requisitos exigibles a las compañías.
La renovación del pleno del CSN y la continuidad de la mayoría progresista se producirá en mitad oleada de presiones al Gobierno para alargar la vida de las centrales nucleares y revisar el calendario de cierres pactado por las eléctricas, que contempla clausuras escalonadas desde 2027 y hasta 2035. Unas presiones que no dejan de crecer tanto desde el ámbito político (con el PP a la cabeza) y desde el empresarial, con un frente común de las grandes energéticas que va sumando nuevos apoyos públicos.
Las grandes eléctricas propietarias de los reactores reclaman ahora abiertamente al Ejecutivo renegociar el calendario de cierre. Lo piden claramente Endesa e Iberdrola -los mayores operadores nucleares- y, de manera más matizada y menos entusiasta, también lo hace Naturgy -que tiene participaciones minoritarias sólo en algunas plantas-. Las eléctricas reclaman un diálogo directo con el Gobierno para debatir sobre la conveniencia de alargar la vida de las centrales nucleares y aplazar las clausuras programadas, y admiten que ahora hay contactos con el Ministerio para la Transición Ecológica al respecto.
