La gran mayoría de comunidades autónomas han reportado al Gobierno que están al límite de sus capacidades para la atención de menores migrantes o que directamente están sobreocupadas. Desde Andalucía, con 2.615 menores atendidos el pasado año, lo que la situaría ya al 96% de sus capacidades, hasta Madrid, con 2.442. En la comunidad gobernada por Isabel Díaz Ayuso alegan que están a “una sobreocupación del 132%”. Según las estimaciones, ambas comunidades serían las que más esfuerzos deberían realizar para la reubicación de 4.400 menores procedentes de Canarias y Ceuta. En el otro extremo, además de Cataluña, está Euskadi, que ha reportado un total de 859, el doble de su cuota estimada.
El decreto aprobado en el Consejo de Ministros establecía como plazo el 31 marzo para aportar las cifras de menores migrantes atendidos, en base a las cuales determinar el número de nuevas plazas que deberá crear cada territorio según los criterios establecidos. Principalmente, la población, pero también el esfuerzo previo realizado por lo que es imprescindible actualizar estas cifras. Solo Aragón se ha resistido a cumplir con estas obligaciones, por lo que será el Ejecutivo quien recabe esta información a partir los datos que tiene disponibles por el ministerio de Interior. Desde la comunidad gobernada por Jorge Azcón alegan que solo las entregan si se les deniegan las cautelares en el contencioso-administrativo presentado el pasado viernes.
Baleares atiende a 573 menores migrantes, según han informado a EFE fuentes del Govern, lo que supondría diez veces más la capacidad inicialmente prevista. Galicia notificó ayer al Ministerio sus datos de menores migrantes tutelados, 273 del total de 900 jóvenes que están en su sistema de protección público autonómico, que se encuentra al 108 % de su capacidad.
Castilla La-Mancha ha cumplido con el requerimiento del Gobierno este lunes y ha informado al Ministerio de que actualmente tutela a 139 menores migrantes no acompañados en sus recursos de protección. A lo largo de 2024, atendió a 173 jóvenes extranjeros y su sistema de acogida y protección cuenta con 566 plazas en total, las cuales están ocupadas en un 96,5 %. Por su parte, Cantabria ha informado este lunes que en 2024 atendió a 41 menores migrantes no acompañados y que en su sistema de protección -que cuenta con 220 plazas, de las cuales 36 están asignadas a jóvenes extranjeros- actualmente están ocupadas 22, una de ellas por un menor solicitante de asilo.
Más allá de los recursos que han anunciado otras comunidades del PP, las dificultades para materializar la reubicación de los menores migrantes tiene que ver con la falta de infraestructura al reportarse por parte de las comunidades estar actualmente sobreocupadas.
Desde el Gobierno están en conversaciones con los grupos parlamentarios para introducir cambios en la reforma de la ley de extranjería aprobada vía decreto para hacer obligatoria la acogida de menores migrantes procedentes de Canarias. El texto, previamente pactado con Junts, se llevará al Congreso para convalidarse el próximo 10 de abril y, según trasladan fuentes del Ejecutivo, “estamos abiertos a que se tramite como proyecto de ley para hacer modificaciones”. Principalmente, en lo relativo a la financiación para las comunidades autonómicas de acogida.
En las disposiciones adicionales se incluye un crédito extraordinario de 100 millones de euros para financiar la acogida de los 4.400 menores de Canarias y Ceuta. Una cantidad que no solo al PP le parece escasa. Con todo, desde el Ejecutivo trasladan que su voluntad de negociar un hipotético aumento no se centra en intentar atraer a los populares, pues asumen su voto en contra y hasta “un frente común” de rechazo por parte de las once comunidades autónomas que gobiernan, sino para pactar con sus socios.
El fondo, además, se limita a “cubrir los costes ocasionados por la sobreocupación”, por lo que dejaría fuera los territorios deficitarios. Los socialistas defienden que sean las comunidades ahora “sobreocupadas” las que tengan una compensación económica, pero se abren a recalcular las fichas financieras. La financiación para Canarias se ha pactado entre el gobierno de Fernando Clavijo y el ministerio de Hacienda de forma paralela, teniendo en cuenta el coste de su sobreacogida durante el pasado año, y que ya superaría los 100 millones incluidos en el decreto.
