Tras casi dos meses de un tenso juicio, el ‘caso Gadafi’ entra en la recta final. Este jueves, la fiscalía solicitó una pena de siete años de prisión, cinco de inhabilitación y una multa de 300.000 euros para el expresidente de Francia Nicolas Sarkozy, acusado de haber tejido «un pacto de corrupción inconcebible, inaudito e indecente» con el dictador libio Muamar Gadafi.
Sarkozy enfrenta cargos por «financiación ilegal de una campaña electoral», «corrupción pasiva», «encubrimiento de malversación de fondos públicos» y «conspiración criminal», tras destaparse las sospechas de un posible pacto de corrupción a finales de 2005 entre Sarkozy y Gadafi. El fiscal Sébastien de la Touanne señaló que el caso expone «una imagen oscura de una parte de la República francesa», y acusó a Sarkozy de una «búsqueda frenética de financiación» para saciar una «ambición política desmedida». Además, argumentó que «solo una pena de prisión y una multa elevada» serían «capaces de proteger a la sociedad».
Sin embargo, para el expresidente francés, este juicio es una «indignidad», y no tardó en responder a la fiscalía a través de una carta publicada en sus redes sociales. «Estamos muy lejos de la presunción de inocencia, de la necesidad de prueba y de la duda que debe beneficiar al acusado. Principios fundamentales del derecho penal que han sido violados durante 13 años. Al final quedan la falsedad y violencia de las acusaciones y la desmesura de la pena solicitada, que solo pretenden enmascarar la debilidad de los cargos imputados».
Sarkozy insiste en que seguirá «luchando con uñas y dientes por la verdad» y confía en la sabiduría del tribunal.
¿Recibió Sarkozy dinero del régimen de Gadafi?
Esta es la cuestión central del proceso judicial Gadafi que se está juzgando en el Tribunal Correccional de París, donde no solo comparece el expresidente francés, también hay otros 11 acusados, incluidos los exministros Claude Guéant, Brice Hortefeux y Éric Woerth.
El ‘caso Gadafi’ cobró fuerza en 2011 cuando el medio francés ‘Mediapart’ publicó una investigación que presentaba pruebas de una posible financiación libia de la campaña presidencial de Sarkozy en 2007. Entre las pruebas, se encontraba una nota atribuida al exjefe de inteligencia libio Moussa Koussa, que supuestamente confirmaba un acuerdo para transferir 50 millones de euros al equipo del entonces candidato. Sarkozy calificó la publicación de «infame» y demandó a ‘Mediapart’ por falsificación, pero la justicia desestimó sus acusaciones, aunque reconoció que el documento en cuestión no era auténtico.
Entre las pruebas aportadas en este juicio, la fiscalía ha presentado declaraciones de exfuncionarios libios, registros de desplazamientos a Trípoli y los diarios personales del exministro del Petróleo de Libia Shukri Ghanem, quien murió en circunstancias sospechosas en 2012. A pesar de estas pruebas, Sarkozy ha reiterado en todo momento que «no encontrarán ni un solo euro libio» en su campaña.
Las sospechas de corrupción se refuerzan con indicios de un posible pacto entre Sarkozy y Gadafi, en el que el régimen libio habría financiado la candidatura del francés a cambio de favores diplomáticos y económicos, incluyendo su reintegración en la escena internacional. Esta hipótesis cobra relevancia con la visita oficial de Gadafi al Palacio del Elíseo en 2007, cuando Sarkozy era presidente. Una estancia de cinco días que generó fuertes críticas debido a la firma de contratos millonarios y a la polémica por la situación de los derechos humanos en Libia.
Primer presidente de Francia condenado
No es la primera vez que Sarkozy enfrenta problemas con la justicia. En diciembre de 2023, el Tribunal de Casación de París confirmó su condena de un año de prisión domiciliaria con brazalete electrónico tras ser declarado culpable de corrupción y tráfico de influencias en el caso de las escuchas Bismuth. Con ello, se convirtió en el primer presidente de Francia condenado por hechos cometidos durante un mandato.
En ese proceso, Sarkozy también defendió su «total inocencia» y calificó la decisión judicial como una «injusticia», asegurando que sus derechos fueron «pisoteados». El expresidente llevó su causa al Tribunal Supremo de Francia, sin éxito.
Ahora, su situación se complica aún más. Si el tribunal acepta la petición de la fiscalía y lo condena a siete años de prisión, Sarkozy tendría que recurrir para evitar terminar entre rejas, lo que marcaría un hito en la historia política y judicial de Francia.
