Un jurado popular dictó este miércoles que la organización Greenpeace debe pagar cientos de millones de dólares en daños y perjuicios a la empresa Energy Transfer (ET) por incitar unas protestas contra la construcción de un oleoducto de la compañía que degeneraron en actos de vandalismo.
El jurado declaró a Greenpeace responsable de difamación y otras demandas presentadas por ET, que le acusó de instigar las protestas de la tribu sioux de Standing Rock en 2016 contra la construcción del oleoducto Dakota Access, en el norte del país, que retrasaron el proyecto y elevaron los costos.
La empresa energética, con sede en Dallas (Texas), reclamaba 300 millones de dólares (unos 287 millones de euros), una cifra que la propia organización ecologista ha declarado que pondría en amenaza su propia existencia.
En su demanda, ET incluía a las entidades Greenpeace International, Greenpeace Inc y a Greenpeace Fund.
La organización había negado las acusaciones de ET, alegando que simplemente apoyó esas protestas y no es responsable del desarrollo de las mismas.
El jurado, compuesto por nueve personas, ha tomado su decisión tras dos días de deliberaciones en un tribunal de Dakota del Norte (Estados Unidos) y un juicio que ha durado casi un mes.
El caso se ha denunciado como un ejemplo de Demanda Estratégica contra la Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés), un tipo de litigio civil cada vez más utilizado por corporaciones, políticos y otros grupos poderosos contra activistas, opositores o periodistas, entre otros.
Durante las protestas, que tuvieron lugar entre 2016 y 2017, miles de personas acamparon durante meses argumentando que el oleoducto se estaba construyendo en tierras sagradas y que podía suponer un peligro para el suministro de agua.
Según The New York Times, el cofundador y presidente de la junta directiva de Energy Transfer, Kelcy Warren -uno de los mayores donantes en la última campaña presidencial del mandatario, Donald Trump- aseguró en un vídeo proyectado durante los argumentos finales que los manifestantes crearon «una narrativa totalmente falsa».
Por su parte, uno de los abogados de la empresa, Trey Cox, afirmó durante el juicio que «Greenpeace tomó un asunto local pequeño y desorganizado y lo explotó para cerrar el oleoducto y promover su propia agenda egoísta», recoge el medio neoyorquino.
Tras conocerse el veredicto, la consejera general de Greenpeace International, Kristin Casper, expresó en un comunicado que la lucha contra las petroleras «no termina aquí».
«Acabamos de empezar con nuestra demanda anti-SLAPP contra los ataques de ET a la libertad de expresión y la protesta pacífica. Veremos (a la empresa) en los tribunales este mes de julio en Amsterdam. No retrocederemos, no nos silenciarán», aseveró.
Mientras, Energy Transfer dijo en un comunicado que esta es una victoria «para los habitantes de todo Dakota del Norte, que tuvieron que vivir el acoso diario» causado por los manifestantes «financiados y entrenados por Greenpeace», así como un triunfo para los estadounidenses «que respetan la ley».
