Bajo un cerco policial de proporciones que buscó impedir la llegada de pensionados, estudiantes, sindicatos y ciudadanos independientes, la cámara de Diputados ratificó el decreto que habilita al ultraderechista Javier Mileia firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El carácter secreto del entendimiento genera especulaciones sobre la suma que recibirá este país. Se habla de más de 10.000 millones de dólares. La deuda externa argentina es de 471.150 millones de dólares. De ese total, le debe 41.000 millones al FMI. Este año ha devuelto 650 millones de la moneda estadounidense. Argentina es el principal acreedor de esa entidad. Ha recibido el 28,3% del volumen total de su capacidad crediticia, contra el 10% de Ucrania. El Gobierno necesita del dinero del organismo financiero para sostener su programa económico que atraviesa complicaciones que obligaron al Banco Central a vender durante los últimos días 1057 millones de dólares a los efectos de sostener su precio en el mercado.
La Libertad Avanza, el partido oficial, logró el apoyo de diversos partidos de derecha y centroderecha para cantar victoria en el recinto. El peronismo, en la oposición, advirtió que el decreto de Milei incumple la ley vigente de «Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública», favorece la fuga de capitales y provocará nuevas penurias sociales. De llegar al poder en 2027, ese partido advirtió que «no reconocerá como válida» esa deuda ni «sujeta a obligaciones por parte del Estado Argentino». El peronismo denunció además que varios legisladores fueron «comprados» u objeto de «extorsiones» para votar a favor.
Con este telón de fondo, miles de personas intentaron acercarse a la sede parlamentaria. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, militarizó el centro de la ciudad. Miles de uniformados no solo rodearon las inmediaciones de la legislatura, sino que bloquearon los accesos a la ciudad de Buenos Aires, exigieron a los pasajeros de buses y trenes sus documentos, como sucedía bajo los regímenes militares y, a la vez en las terminales de los ferrocarriles advirtieron a través de altavoces que los eventuales manifestantes serían duramente reprimidos si intentaban acercarse al Congreso y generar «violencia». A la vez utilizó inhibidores de señales para que las personas no pudieran transmitir imágenes en vivo a través de sus teléfonos. También se apostaron en varias esquinas agentes del fisco para interrogar a transeúntes. La capacidad disuasiva de las autoridades, lo que se llamó el «operativo de miedo», tuvo en parte su efecto.
La fuerte represión del pasado miércoles había terminado con 132 arrestados, que fueron de inmediato liberados por la justicia. Los que desafiaron los mensajes oficiales no pudieron acercarse al escenario del debate parlamentario donde los diputados que respaldaron la iniciativa de Milei. Para desacreditar la protesta, Bullrich ha asegurado que es motorizada por barra bravas del fútbol y presentó fotografías sobre la presunta participación en la batalla campal de una semana atrás que tenían años de antigüedad. La ministra ofreció una recompensa de 10.000 dólares a quienes señalaran a los autores de desmanes en la calle. Los manifestantes descubrieron varios policías infiltrados.
Avanza el «criptogate» en la legislatura
La oposición tuvo una pequeña victoria en la cámara de Diputados. Logró avanzar en la creación de una comisión investigadora del llamado «criptogate», la estafa que salpica a Milei, su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, y el portavoz presidencial, Manuel Adorni, además de personas relacionadas con el negocio de los activos digitales. Un grupo de damnificados acaba de presentar una denuncia en los tribunales de Nueva York.
