Los funcionarios empiezan a salir a la calle para protestar contra el Gobierno y reclamarle que descongele sus salarios. Prácticamente finalizado el primer trimestre de 2025, el Ejecutivo todavía no ha iniciado formalmente las conversaciones con los sindicatos mayoritarios en la función pública para debatir cuál debe ser la actualización de las nóminas de 3,5 millones de empleados vigente este curso.
Las tres centrales con mayor representación han hecho público ya su calendario de movilizaciones y este miércoles están convocadas las primeras. Y es que el Gobierno no solo les debe a los funcionarios despejarles la incógnita de cuánto subirán sus sueldos este ejercicio, sino que todavía les debe incrementos pendientes del pasado, entre otros compromisos ya firmados.
La falta de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado está lastrando la revalorización, si bien los sindicatos critican que el Ejecutivo tiene margen para aprobar incrementos en situación de prórroga.
¿Qué reclaman los sindicatos?
Las cuitas pendientes del Gobierno con los funcionarios se circunscriben, eminentemente, a tres materias. Por un lado, la revisión salarial para este año y los venideros. Ha sido habitual durante los últimos años que el Ejecutivo haya cerrado acuerdos de revisión plurianual de las nóminas públicas, para así dar la certeza a los empleados públicos de cuánto subirán sus sueldos durante varios ejercicios y no tener así que negociar año a año esta materia.
El último acuerdo plurianual 2022-2024 venció el curso pasado y las centrales reclaman ahora negociar uno nuevo. No obstante, por ahora el Gobierno no ha iniciado las conversaciones y tampoco ha dado pistas de qué partida maneja para este 2025 ni a cuántos años quiere cerrar un hipotético acuerdo. De momento, UGT ya ha reclamado que para este curso la subida no sea menor que la inflación, es decir, del 3% para arriba.
Aunque antes de abordar la subida salarial futura, los empleados públicos reclaman que el Gobierno cumpla con la ya pactada. En el anterior acuerdo plurianual se incluyeron una serie de fijos y variables que dejaron un incremento acumulado a tres años del 9,5%. Medio punto está pendiente de ejecutar desde hace semanas y, según los cálculos de UGT, equivale a unos 700 millones de euros a repartir entre los 3,5 millones de empleados públicos.
La otra cuita pendiente hace referencia a las reformas comprometidas pero todavía no ejecutadas, como la reducción de la jornada laboral a las 35 horas semanales o la recuperación de la jubilación parcial.
¿Quién convoca las protestas?
UGT, CCOO y Csif, los tres sindicatos mayoritarios, han convocado protestas o han anunciado que lo harán. Aunque, de momento, cada uno se movilizará por su cuenta. El primero en salir a la calle es Csif, que este miércoles al mediodía ha citado a sus afiliados y simpatizantes frente al Ministerio de Hacienda para elevar la presión.
CCOO, por su parte, ha anunciado este martes que convocará a los suyos también frente a Hacienda, pero el 8 de abril. Hasta entonces da margen al Ejecutivo para que empiece a mover ficha y dar concesiones que les permitan desconvocar los paros, ya que ello significaría que avanzan las negociaciones. Y UGT todavía no ha concretado cuándo llamará a parar, si bien sí ha anunciado que recurrirá a las protestas si no hay movimientos del Gobierno pronto.
¿A cuántos empleados públicos afecta?
Las negociaciones salariales en la Administración tienen un guion en cascada. Primero se abordan entre las cúpulas de las centrales a nivel estatal, se pactan los porcentajes de incremento con el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública y luego esas referencias se trasladan y aplican por autonomías, municipios y empresas públicas.
En total unos 3,5 millones de empleados públicos, tanto funcionarios como personal laboral, están pendientes tanto de la revalorización de este año, como del pago del plus pendiente desde el año pasado.
Una vez el Gobierno lo consulte con las centrales –puede no pactarlo, pero sí debe preguntarles-, debe aprobarlo vía Consejo de Ministros. Y a partir de ahí cada administración debe decidir cuándo hacerlo efectivo. Por ejemplo, la Generalitat de Catalunya suele abonar los incrementos salariales uno o dos meses después de que estos los apruebe el Gobierno central.
