La administración Trump ha anunciado la deportación de 238 migrantes afiliados a la pandilla venezolana Tren de Aragua, que han recalado en la megacárcel construida por el Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. El anuncio se produce después de que un juez federal bloqueara el sábado, de manera temporal, la posibilidad de que la Administración aplicara la Ley de Enemigos Extranjeros que ha permitido acelerar el proceso de expulsión.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha dicho que los arrestos se han producido por orden del Departamento de Seguridad Nacional. «Cientos de criminales violentos fueron enviados fuera de nuestro país», ha anunciado el secretario de Estado, Marco Rubio, quien también agradeció al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por ofrecer encarcelar a los presuntos criminales deportados. El propio Bukele solicitó que dos líderes de la pandilla MS-13, así como otros 21 salvadoreños detenidos en EEUU, fueran devueltos «enfrentar la justicia en su patria».
EEUU pagará 6 millones de dólares a El Salvador para albergar a los deportados, un dinero que según su presidente será utilizado para contribuir al sostenimiento del sistema penitenciario.
Policías salvadoreños escoltan a presuntos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, recientemente deportados por el gobierno estadounidense para ser encarcelados en el Centro de Reclusión del Terrorismo.
Reuters
Intento fallido del juez
Un juez federal de Washington ha intentado frenar temporalmente la deportación de cinco venezolanos a los que acusa de pertenecer a una banda criminal a través de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
La ley surgió hace más de dos siglos, dos décadas después de la Declaración de Independencia y ante una previsible guerra con Francia. El objetivo era dar al presidente la potestad de encarcelar o deportar a inmigrantes para evitar que dieran su apoyo a los franceses. Desde entonces, tan solo se ha usado en la guerra de anglo-estadounidense de 1812 y en las dos guerras mundiales.
Si en la Segunda Guerra Mundial se utilizó la ley para encarcelar a personas con orígenes alemanes, italianos o japoneses, en la actualidad, Trump pretende ampararse en la misma norma para hacer deportaciones exprés de miles de migrantes ilegales a los que califica de «invasión» y a los que vincula con bandas criminales.
La Casa Blanca emitió el sábado una proclamación presidencial dirigida a los miembros venezolanos de la pandilla Tren de Aragua, a los que Washington considera una «organización terrorista extranjera con miles de miembros infiltrados ilegalmente en Estados Unidos» y a los que acusa de estar «emprendiendo acciones hostiles y llevando a cabo una guerra irregular» contra el país.
Nada más regresar a la Casa Blanca, Trump ya avisó de que estaba dispuesto a utilizar esta ley.
“Al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, ordenaré a nuestro gobierno que utilice todo el poder de las fuerzas del orden federales y estatales para eliminar la presencia de todas las pandillas y redes criminales extranjeras que traen crímenes devastadores a territorio estadounidense. Como comandante en jefe, mi mayor responsabilidad es defender a nuestro país de amenazas e invasiones”, declaró.
Bajo esta premisa, el objetivo de la administración Trump era deportar a cinco venezolanos a los que vincula con el grupo a través de la citada ley centenaria.
Sin embargo, las organizaciones de libertades civiles Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward han reaccionado rápidamente al denunciar a Trump por invocar una ley creada para ser utilizada en una situación de guerra para eludir las leyes de inmigración vigentes.
“No se puede utilizar aquí contra nacionales de un país –Venezuela– con el que Estados Unidos no está en guerra, que no está invadiendo Estados Unidos y que no ha lanzado una incursión depredadora en Estados Unidos. La proclamación del gobierno permitiría a los agentes poner inmediatamente a no ciudadanos en los aviones sin ninguna revisión de ningún aspecto de la determinación de que son enemigos extranjeros”, afirman en la demanda.
Horas más tarde, el juez federal James Boasberg emitió una orden de restricción temporal que impide la deportación de estos ciudadanos durante, al menos, los próximos 14 días.
“Dadas las circunstancias exigentes de las que el tribunal ha tenido conocimiento esta mañana, se ha determinado que se justifica una orden inmediata para mantener el statu quo hasta que se pueda fijar una audiencia”, reza la orden.
Tanto la ACLU como Democracy Forward han pedido que esta orden de restricción temporal se amplíe a todas las personas en peligro de deportación según la ley, dijeron las organizaciones de libertades civiles.
La ley está diseñada para usarse principalmente en tiempos de guerra y el presidente no tiene autoridad para declararla. Sin embargo, Trump sí tiene la capacidad para invocarla para defenderse de una «invasión», según el Centro Brennan, especializado en derecho y política.
Bajo la norma, las personas podrían ser deportadas sin una audiencia judicial o una entrevista de asilo, y sus casos serían regidos por la autoridad de tiempos de guerra en lugar de por la ley de inmigración.
La Ley de Enemigos Extranjeros permite específicamente al presidente detener, reubicar o deportar a inmigrantes en función de su país de ascendencia y, fundamentalmente, cubre no solo a los ciudadanos de naciones hostiles sino también a los estadounidenses que hayan renunciado a su ciudadanía extranjera al mudarse a EEUU.
