En el auto en el que volvía a citar al exministro José Luis Ábalos en calidad de investigado en la trama Koldo –una vez obtenido el permiso del Congreso para poder acordar contra el hoy diputado del Grupo Mixto todo tipo de diligencias de investigación– el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente señalaba expresamente que tras su declaración se celebraría una comparecencia «al efecto de ponderar la adopción de medidas cautelares de naturaleza personal que pudieran proceder respecto al mismo».
Ello hizo encender las alarmas en la propia defensa, que en su recurso contra la citación llegaba a acusar al magistrado de mostrar «animosidad» y «predisposición» por tomar una decisión «de naturaleza grave» sobre la libertad del exresponsable de Transportes del Gobierno de Pedro Sánchez.
Una vez llegada la fecha de la declación este jueves, las mismas fuentes parecen rechazar que pueda producirse una petición de prisión para Ábalos, aunque asumen que tras su comparecencia en el alto tribunal se le puedan imponer medidas menos gravosas, como puede ser la retirada del pasaporte y prohibición de salir de España o la obligación de acudir de forma periódica a fimar ante el juzgado, en aras a impedir que pueda sustraerse de la acción de la justicia.
Medidas cautelares
Fuentes fiscales descartan, de la misma manera, que Anticorrupción tenga previsto solicitar mañana la prisión preventiva del exministro, y lo mismo señalan varias de las acusaciones populares personadas en el procedimiento consultadas por este diario, que no encuentran injustificado, sin embargo, que Ábalos tenga que afrontar alguna medida cautelar visto el estado de la investigación contra él. La decisión final, en todo caso, dependerá de cómo se desarrolle el interrogatorio y las conclusiones que de él puedan sacarse.
En fuentes de la defensa, no obstante, aseguran que la comparecencia será de mero trámite porque Ábalos no tiene previsto salirse del tenor de las manifestaciones que realizó en su comparecencia voluntaria del pasado 12 de diciembre, cuando evitó señalar a ningún miembro del Gobierno en relación con la trama comandada por Víctor de Aldama y negó asimismo el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública de las que el comisionista asegura tener pruebas.
Pruebas de Aldama
La realidad es que estas pruebas aún no se han presentado por parte de Aldama, que en las últimas semanas ha venido aportando documentos que no van más allá de ser listados de obras con añadidos manuscritos sobre las empresas a las que debían adjudicarse que el comisionista atribuye a Koldo García, hombre para todo y principal colaborador de Ábalos durante su etapa en el ministerio de Transportes. Koldo ha sido incluso llamado a la realización de una prueba caligráfica para comprobar este extremo.
Según Aldama, estas adjudicaciones estaban «preconcedidas» a cambio de mordidas que se terminaron repartiendo entre Ábalos, Koldo y él mismo, pero fuentes de la defensa señalan que de los meros listados aportados no puede llegarse a acreditar tales extremos, por lo que consideran que la declaración de este jueves no aportará muchas novedades con respecto a la de diciembre. Tampoco en lo relativo a asistencia de Ábalos y el ministro Ángel Víctor Torres a pisos con «señoritas» facilitados por el propio Aldama, ya que éste únicamente ha aportado datos sobre el alquiler de estancias en la plataforma Airbnb que no ofrecen ningún indicio sobre la asistencia a esos lugares de las personas que señala.
Informe patrimonial pendiente
En todo caso, Ábalos sólo tiene previsto responder al instructor y al responsable de Anticorrupción, y considera además que no se le podrá realizar ninguna pregunta en relación con un presunto incremento de bienes a resultas de su relación con la trama corrupta si en el momento de tomarle declaración aún no se ha dado traslado del informe que Puente solicitó el pasado 4 de febrero a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre su patrimonio y el de su hijo. Lo contrario iría contra su derecho de defensa, según las fuentes consultadas.
En su primera declaración Ábalos negó ante el juez Leopoldo Puente el cobro de comisiones y prebendas, como le había acusado Aldama. Al mismo tiempo eludió señalar a ningún miembro del Gobierno. Lo que sí confirmó fue la participación del que fuera su asesor en Transportes, Koldo García, en la gestión de los alquileres del chalé de Cádiz y del apartamento la plaza de España de Madrid que ocupó Jesica R.G, la mujer con la que mantuvo una relación.
Alejandro Luzón
En la comparecencia destacó la tensión que se produjo entre el ahora diputado del grupo mixto y el fiscal del caso y jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. Incluso este llegó a lamentar que Ábalos tratara de «ridiculizar» sus preguntas, pero también las conclusiones que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil destacaron en sus informes.
La ex fiscal general Consuelo Madrigal durante la primera toma de posesión de Alejandro Luzón como fiscal jefe de Anticorrupción. / EFE
En concreto, el punto álgido de la disputa se produjo cuando Luzón se dirigió al exministro para preguntarle si no debía haber controlado el destino de «2.861.000 mascarillas que suponían un gasto de 7 millones de euros de los que no se tiene constancia documental…». Y esta aseveración molestó a Ábalos, quien interrumpió al fiscal, para decirle: «¿Pero usted cree que yo tengo que controlar las dependencias del Ministerio también? Eso es responsabilidad del oficial mayor, que tiene bastantes funcionarios para eso, ¿cree usted, como se insinúa, que yo tenía que hacer el reparto con la furgoneta y pedir los albaranes?”, dijo el exministro, quien lamentó que se hubiera llegado “a ese nivel de caricatura«.
