La Comisión de Igualdad ha acordado este lunes actualizar y renovar el Pacto de Estado con la violencia de género, al dar luz verde al dictamen en el que han trabajado los partidos en el último año y que contiene 462 propuestas de actuación, que fueron adelantadas por EL PERIÓDICO. El pacto contempla por primera vez la violencia vicaria, la violencia económica o digital, como formas de violencia contra la mujer, al igual que la violencia en el seno de las parejas o exparejas o la violencia sexual, que ya han sido recogidas en sendas leyes. El acuerdo contempla una financiación estatal de 1.500 millones de euros en los próximos cinco años, 500 más que el pacto original, que los grupos impulsaron en 2017.
Todos los partidos, excepto Vox, han apoyado la renovación, aunque varios grupos minoritarios han presentado votos particulares donde pedían recoger también la violencia obstétrica o institucional, entre otras iniciativas, pero han decaído por falta de acuerdo. Solo ha salido adelante la incorporación de un voto particular de Sumar.
El pacto de Estado será aprobado en las próximas semanas por el pleno del Congreso y, a partir de ahí, comenzará a contar el tiempo para su ejecución. Estas son las principales novedades que contiene:
Violencia vicaria
Uno de los capítulos más extensos de la propuesta de Pacto es el referente a la protección de los menores y la violencia vicaria, que es aquella que se ejerce contra los hijos para dañar a la madre. Contempla, al menos, 39 medidas, entre las que destaca una propuesta para reformar la ley contra la violencia de género para “incluir como víctimas a aquellos menores que son víctimas de violencia vicaria tras la ruptura de la convivencia familiar, con ocasión del régimen de visitas”. A este respecto, el pacto reclama evitar que se acuerde o mantenga la convivencia o las visitas con el agresor y obliga a realizar una evaluación paterno-filial previa a la resolución judicial sobre las visitas, cuando la solicite la mujer víctima de violencia de género y haya contradicción entre las partes.
Violencia económica
El informe recoge el compromiso de incorporar la violencia económica en el ordenamiento jurídico español, como «la acción de limitar el acceso de las mujeres a los recursos familiares o reducir su capacidad económica con el objetivo de que dependa económicamente del agresor». Plantea la creación de un nuevo tipo penal que recoja las conductas que busquen «limitar la autonomía e independencia económica de las mujeres» y recomienda analizar la figura del «sabotaje laboral», que es cuando un agresor realiza acciones que impidan a la víctima tener un empleo. Asimismo, propone ampliar la penalización del impago de pensiones.
Violencia digital
El Pacto también contempla el reconocimiento de la violencia digital, entendida como «todo acto de violencia contra las mujeres cometido con la asistencia del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, o agravado por este». Propone crear un delito para los «supuestos de violencia digital o ciberdelincuencia de género, incluyendo la suplantación de identidad, entre otras». También sancionar a quienes, sin consentimiento, publiquen o difundan fotos modificadas con inteligencia artificial «simulando situaciones de contenido sexual o gravemente vejatorias». Respecto a la IA, el documento también incluye la solicitud periódica de informes a los responsables de la supervisión de los sistemas digitales para evitar «los sesgos de género».
Medidas en el ámbito judicial
El acuerdo propone eliminar el atenuante de confesión y el de reparación del daño, del que se benefició Dani Alves, que vio reducida su condena por violación por indemnizar con 150.000 euros a la víctima. El pacto prevé también que todos los procesos relativos a la misma víctima se enjuicien en un único órgano. Y que los juzgados de familia consulten obligatoriamente si existen procesos penales por violencia de género en todos los procesos que afecten a la infancia o haya indicios de violencia; que se practiquen todas las diligencias que puedan completar la declaración de la víctima, que puede retractarse por miedo al agresor; que se dote de más recursos a los equipos forenses para que emitan sus informes sin dilaciones, o que se erradique el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP). Asimismo, reclama aumentar la formación de todos los operadores jurídicos.
Educación
En el ámbito educativo, el pacto prevé el “impulso” de la educación afectivo-sexual que ya recogen varias leyes y que los Consejos Escolares designen un profesor responsable de la coeducación en igualdad, entre otras medidas.
Sanidad
Para incrementar la detección de las víctimas que no quieren denunciar, como la mayoría acude con frecuencia al medico, el pacto pide que se establezca un “cribado universal” en caso de que se sospeche que la sintomatología de una paciente pueda estar asociada al maltrato, que se incremente la formación del personal sanitario y que el Plan de Atención Integral a Hijos de Víctimas Mortales incluya atención psicológica para sus descendientes. Asimismo, prevé que se ofrezca terapia psicológica a los agresores que voluntariamente soliciten este servicio.
Acceso al porno
Además de solicitar la implementación íntegra de la ‘ley del solo sí es sí’, los partidos piden que se articulen mecanismos de verificación de la edad y controles parentales para evitar que los menores accedan al porno, como prevé también la ley de protección en entornos digitales, que aún no ha sido aprobada. Asimismo, reclaman medidas –pero sin concretar cómo puede hacerse– para evitar que plataformas como Sugar Daddy u OnlyFans se conviertan en medios de captación para la explotación sexual de jóvenes. También proponen formación para los guionistas para que los contenidos audiovisuales estén «libres de estereotipos» y crear la figura del coordinador de la intimidad en producciones audiovisuales, para respetar el consentimiento.
Negacionismo
Sin especificar en concreto cómo puede llevarse a cabo, el nuevo pacto propone “fortalecer la respuesta institucional para hacer frente al negacionismo” en violencia de género. Y propone fortalecer la formación de los trabajadores del sector turístico, hostelero y de ocio para que puedan detectar y actuar ante las agresiones, así como que los protocolos contra el acoso sexual en las empresas recojan datos de denuncias. También se contemplan medidas específicas para proteger a víctimas vulnerables como inmigrantes, personas con discapacidad o para reforzar las actuaciones en el ámbito rural.
