El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, enfrenta el próximo martes su primera comparecencia en sede parlamentaria desde que el pasado mes de octubre el Tribunal Supremo le abriera causa por un delito de revelación de secretos cometido contra la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en relación con el acuerdo que este pretendía alcanzar con la Fiscalía para evitar un delito por fraude a Hacienda.
Su asistencia responde a la obligación que tiene el principal representante de la Fiscalía de presentar su memoria anual de actividades, pero seguramente esta cuestión no será el principal objetivo de los senadores, que tendrán oportunidad de inquirir a García Ortiz sobre su actuación en todo este asunto.
La cita va con retraso, y de hecho desde el Partido Popular se viene reclamando desde hace meses la asistencia de García Ortiz tras lo que los populares han calificado de huida por la apertura en su contra de la investigación en el Supremo. Finalmente, y tras su declaración del pasado 29 de enero se ha fijado una fecha para el próximo martes a las 16.00 horas.
La cita, apenas unas semanas después de su declaración como investigado, coincide además con un momento de la instrucción del caso en el que desde la Fiscalía General se cuestiona la difusión de una parte de la investigación realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los dispositivos que se le incautaron a García Ortiz, ya que podría afectar a su intimidad y seguridad, según ha especificado fiscal general en una queja ante el Consejo General del Poder Judicial. Esta circunstancia es interpretada en algunos ámbitos como una paradoja, por haber supuesto la afectación a derechos de García Ortiz en una causa que fue abierta a raíz, precisamente, de una vulneración de secretos.
Por su parte, la Dirección de Supervisión y Control de Datos del Consejo General del Poder Judicial ha iniciado actuaciones previas. Concretamente, García Ortiz alude en su queja a que la UCO adjunta a sus informes números de teléfono, direcciones postales y DNI tanto del fiscal general del Estado como de su jefe de escolta, así como de otros fiscales entre los que se encuentra su antecesora en el cargo Dolores Delgado, que ha presentado igualmente una queja ante el órgano de gobierno de los jueces, y otras personas.
También incorpora la investigación de la Guardia Civil 28 hojas Excel con unos 8.000 registros, que detallan los tiempos de conexión de sus terminales entre el 5 de diciembre de 2023 hasta el 24 de octubre de 2024. Considera que se ha dado traslado a las partes de aproximadamente 240.000 registros de su actividad diaria y profesional y ello supone una extralimitación por parte de los agentes del mandato realizado por el juez instructor del Supremo.
Números IMEI desde 2020
Así, lude a que la UCO incorpora 28 hojas Excel con unos 8.000 registros, que detallan los tiempos de conexión de sus terminales entre el 5 de diciembre de 2023 hasta el 24 de octubre de 2024. La realidad es que la investigación sobre los IMEI (número de identificación) de sus dispositivos electrónicos se ha extendido a un total de cuatro años, desde febrero de 2020, casi dos años antes de que fuera nombrado fiscal general en el verano de 2022.
La razón, según fuentes de la investigación consultadas por este diario, es que el propio juez solicitó el pasado 7 de enero a la Guardia Civil que detallara los números IME (total de dispositivos) al los que estuvo asociado el número de teléfono (IMSI) personal de García Ortiz desde su activación el 10 de febrero de 2020 y hasta su cambio de terminal el pasado 23 de octubre. Esta información fue entregada al juez del Supremo, según ha podido comprobar esta redacción. En los anexos de su informe, sin embargo, se incluye la relación detallada de conexiones durante diez meses concretos, desde el cinco de diciembre de 2023 y hasta que se produjo la citada sustitución del móvil que no parece responder a ningún requerimiento puntual de magistrado.
Desde el Supremo el juez Ángel Hurtado ha reaccionado a la queja del fiscal general ante el Tribunal Supremo dando a cuenta al resto de partes de la existencia de la queja y preguntando eliminación puede afectar a la tutela judicial efectiva, esto es, si puede influir de forma negativa en las investigaciones. Reclama concretamente que formulen alegaciones, «en la medida que pueda verse afectado su derecho a la tutela judicial efectiva, caso de tales datos que se han de incorporar al sumario, en virtud de lo acordado en una resolución jurisdiccional, fueran omitidos».
Respuesta de la pareja de Ayuso
La primera acusación en responder a este requerimiento ha sido la ejercida por el propio Alberto González Amador, y lo ha hecho de forma rotunda: «No existe ni transmisión de diez meses de llamadas, ni transmisión de datos de diez meses de actividad diaria y profesional ni infracción legal alguna, sino puro ruido destinado a construir un nuevo relato a partir de una falsedad y su filtración a determinados medios de comunicación», señala en su escrito.
Afirman que el citado listado aportado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los IMEI (código identificativo del terminal telefónico) «no está asociada ni expresa información de llamadas, SMS, localización, identificaciones de usuario, números marcados, fecha, hora, duración de una comunicación o etiqueta de localización alguna, sino que cualquier actividad (…) hace que el IMEI quede registrado». La finalidad de dicha pesquisa sería, según esta parte, la de «conocer a través del trabajo de la Fuerza Actuante (UCO) que el periodista que publicó el contenido del mail mientras anunciaba la publicación de la nota de prensa del 14 de marzo del pasado año (donde se vertieron los datos presuntamente constitutivos de la revelación de secretos) que estaba haciendo en esos momentos Don Álvaro García Ortiz le llamó esa noche».
