Los supermercados también han hablado. En mitad del gran debate nacional que se vive estas emanas sobre la subida del SMI (aprobada ya por el Gobierno, aunque sin exención de IRPF) y la rebaja del límite de la jornada laboral (pendiente de negociación), el director general de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas), Iñigo García Magarzo, ha querido poner cifras a una cuestión laboral más, el absentismo, el cómputo de días que el trabajador debe acudir a su puesto de trabajo y no lo hace por el motivo que sea.
Lo ha hecho a través de un informe elaborado por la propia Asedas y que cifra en 1.023 millones de euros el gasto en costes directos y prestaciones económicas a la Seguridad Social para las mutuas del sector provocadas por las bajas por contingencias comunes, unos 128 millones más que en 2023 y 556 millones más que en 2018. En total, en 2024, más de 77.000 trabajadores no acudieron ni un día al año a trabajar en el sector de la distribución alimentaria.
Pero el absentismo trasciende al sector de los supermercados. Por eso al encuentro ha acudido también Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, la patronal que representa los intereses de los empresarios. Al igual que el resto de agentes que forman parte de lo que se conoce como la mesa de diálogo social, viven días convulsos. La entrada en vigor de un SMI que, entienden, aumentará los costes laborales, se suma a una reducción de jornada aprobada ya en Consejo de Ministros pero que todavía se debe pactar en el Congreso.
Es por esto que Garamendi ha reivindicado una vez más las cuentas de la patronal. Estas son claras: si se suma el hecho de que la jornada laboral pactada en muchos convenios ya está por debajo de las 40 horas al fenómeno del absentismo, a la CEOE le sale una jornada efectiva de 34,6 horas a la semana, casi tres horas semanales menos de media que las 37,5 horas que salieron del pacto entre los sindicatos y el Ministerio de Trabajo tras una negociación de la que se salió la propia CEOE.
Al hilo de este cálculo los empresarios recuerdan además que las horas que se dejan de trabajar no han crecido igual en todos los casos. En concreto, las jornadas perdidas de los procesos finalizados que superan el año han crecido un 87% en los últimos cinco años y suponen 110 millones de días de baja, según un informe presentado con datos de 2023 por la mutua aseguradora Umivale junto con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Esto quiere decir que el 34,1% del total de días perdidos se corresponde ya con estos procesos de más de 365 días de duración, cuando en 2018 apenas alcanzaban el 27,3%. Esto, pese a suponer solo el 2,4% de los procesos finalizados.
El tramo de duración superior al año, reza el informe, es el único que ha aumentado su peso en el último lustro y es responsable de casi el 50% del incremento en los días perdidos. «La prolongación en el tiempo de una incapacidad temporal puede venir dada por una serie de plazos administrativos y burocráticos, además de médicos, con gran
implicación económica para el sistema. Las administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas deberían ahondar en esta realidad para determinar los factores que más inciden en las demoras en los trámites y proponer cambios normativos y de gestión que contribuyan a revertir las actuales tendencias», dice el informe. El coste del absentismo para la Seguridad Social y para las mutuas aseguradoras asociadas se elevó en 2024 por encima de los 15.000 millones de euros, tres veces más que hace diez años, según la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo.
Menos burocracia y menos complementos salariales
Precisamente para reducir esa misma burocracia que puede estirar algunos procesos, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y siete organizaciones empresariales y sociales han renovado este mismo jueves su compromiso de colaboración público-privada para reducir las cargas administrativas y burocráticas, según ha informado el Departamento que dirige Óscar López a través de un comunicado.
Lo han hecho en un acto en el que han participado la directora general de Gobernanza Pública, Carmen Cabanillas, y responsables de CEOE-Cepyme, así como la Cámara de Comercio de España, la Asociación de Trabajadores Autónomos y la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos, entre otras entidades. La colaboración ha dado ya lugar a 175 propuestas de las que las administraciones han dado acuse de recibo.
Pero los empresarios quieren más. La directora de Empleo, Diversidad y Protección Social de CEOE, Rosa Santos, ha indicado que la patronal es partidaria de «eliminar o transformar» los complementos que las empresas añaden a los de la Seguridad Social para completar el salario de los trabajadores en periodo de incapacidad temporal por contingencias comunes.
A su juicio, en muchas ocasiones estos complementos llegan a cubrir casi todo el salario de los empleados y pueden, por tanto, «fomentar el absentismo» laboral, por lo que ha apelado a la necesidad de cambiar los convenios colectivos que incluyen dichos complementos durante las bajas laborales.
Los empresarios no lo tendrán fácil para ver esta medida plasmada negro sobre blanco en algún acuerdo. En primer lugar, porque el Ministerio de Trabajo y los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, insisten en que el acuerdo para la reducción de jornada es inalterable: es una vía de negociación cerrada.
Pero hay un un segundo camino a través del cual la patronal puede plantear sus inquietudes sobre el absentismo: la mesa de diálogo social abierta por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para discutir la implantación de las altas progresivas, anteriormente conocidas como bajas laborales flexibles. Estas comprenden procesos mediante los cuales, una vez recibida el alta, los trabajadores tienen la opción de incorporarse paulatinamente a su puesto. No obstante, los sindicatos por el momento rechazan hablar sobre ello: «No estamos dispuestos a que esta negociación se mezcle con la cuestión de las bajas laborales. Quien está de baja es porque no puede trabajar», dijo Pepe Álvarez, secretario general de UGT, tras la primera reunión de esta mesa. La patronal redobla sus mensajes sobre absentismo, pero le costará hacerse escuchar.
