La advertencia de Santiago Abascal -su partido no aprobará los Presupuestos de ninguna comunidad autónoma si el PP “no rompe los pactos con el PSOE en Bruselas”- se irá materializando en los próximos días. Los presidentes populares que aspiren a contar con sus votos para tener unas nuevas cuentas públicas deberán hacer una “declaración expresa” de que rechazan las políticas comunitarias en materia verde o de inmigración. Es decir, Vox exige “un gesto claro” de que asumen parte de su agenda que después tendrá que verse reflejado en los presupuestos regionales.
Cuestiones que afectan al campo -agricultores y ganaderos- y a la pesca (que la ultraderecha resume como “trabas” impuestas desde la Comisión Europea) o políticas “asociadas a la inmigración masiva” que para Vox conllevan “inseguridad” y una “constante degradación” de los servicios sociales e incluso “colapso en los servicios sanitarios”. En el punto de mira están las ayudas económicas destinadas a este colectivo.
La amenaza de Abascal fue respondida el lunes por el portavoz del PP, Borja Sémper, cuando aseguró que su partido no contempla cambiar de socios europeos en ningún caso. La Comisión Europea es una coalición de populares, socialdemócratas y liberales. Pero lo que Vox persigue es más simbólico: que de alguna manera el PP asuma asuntos clave de su agenda en las comunidades autónomas donde son necesarios.
Según reconocen fuentes de la cúpula ultra, las negociaciones pueden abrirse en la Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Aragón e incluso en Baleares. Son las cuatro autonomías donde Abascal cree que los populares pueden hacer ese gesto. En las últimas horas el presidente murciano, Fernando López Miras, aseguró que no veía grandes novedades en la última petición de Vox con respecto a lo que llevan exigiendo este tiempo. Y no cerró la puerta a poder avanzar en ese sentido. Para Vox, la situación de emergencia que ha conllevado la DANA en el caso de Valencia –Carlos Mazón necesita unos Presupuestos actualizados para seguir adelante con la reconstrucción- no implicará una mayor laxitud: exigen lo mismo en todos los territorios.
En Castilla y León y Extremadura, la cúpula de extrema derecha no ve opciones posibles y dan por hecho que no habrá Presupuestos.
La presión con la inmigración ilegal siempre ha estado ahí. Es un asunto nuclear para Vox. La acogida de menores migrantes no acompañados que el PP aceptó hace meses fue el motivo por el que los ultra rompieron los gobiernos autonómicos. Mantenerse en esa posición -aunque implicara su salida de los ejecutivos- es lo que Abascal cree que les ha impulsado aún más en las encuestas. “La claridad en nuestro discurso” -repiten, frente “a los titubeos del PP”.
En aquel momento Vox se sintió “engañado” por los gobiernos populares. En el entorno de Abascal insisten en que los presidentes aseguraron que no asumirían el reparto de menores porque en muchas comunidades la capacidad ya está superada. Muchos barones del PP, de hecho, insistían públicamente en que no votarían a favor. “Y luego nos enteramos de que lo habían aceptado por orden de Feijóo. Eso no nos va a volver a pasar nunca más”, afirmó Abascal.
En eso se escuda el partido ultra para exigir ahora esa garantía expresa en los territorios en los que el PP quiera de nuevo su apoyo. Vox está crecido en mitad de una ola internacional que le sonríe, con sus socios avanzando en todo el tablero político. El fin de semana pasado la cumbre de Patriots fue una demostración de fuerza e influencia internacional de Abascal, que unió a la mayoría de partidos que defienden a Donald Trump en Europa.
En mitad del debate sobre los aranceles que la nueva Administración estadounidense va a imponer -y que afectará a España seguro con el acero y el aluminio- Abascal se ha lanzado a abrazar la idea de que Bruselas es el gran generador de los aranceles que afectan a Europa. “El gran arancel aquí es el pacto verde” dijo, precisamente refiriéndose a la nueva tasa de basuras, los problemas de los pescadores para faenar en las costas del Levante o la competencia desleal que los agricultores denuncian por parte de Marruecos, en gran medida por las dificultades impuestas por la Comisión.
Hay comunidades como Murcia o la Comunidad Valenciana especialmente sensibles con el campo y la situación que atraviesa el sector primario. Y en inmigración están convencidos de que también pueden presionar mucho al PP, que ya se ha cerrado a un gran pacto con el Gobierno en esta materia. Hasta el punto de que ahora tanto el Ejecutivo canario como el ministro Ángel Víctor Torres trabajan por atraer el apoyo de Junts. Con los conservadores no hay nada que hacer. Vox, sin embargo, considera que el PP tiene que ir un paso más allá y cerrar la puerta a todas las iniciativas en sus comunidades autónomas, también en la acogida de los menores no acompañados.
