A lo largo de 2024, las Fuerzas de Seguridad del Estado llevaron a cabo 33 operaciones contra el terrorismo islamista en España, en las que se produjeron 81 detenciones, tres más que en 2023, pero solo 33 de los detenidos fueron a prisión.
El recuento pertenece al informe Observatorio Penitenciario Yihadismo Año 2024, que este martes ha presentado la Fundación Athena, la entidad de estudios de ACAIP-UGT, sindicato mayoritario en las prisiones. El escalón entre detenciones y condenas judiciales efectivas podría ser aún mayor que el 81/33 de capturas y prisión preventiva, pero no trascienden aún estadísticas sobre ese extremo.
El año pasado fue récord en golpes policiales, pero no ha sido distinto en esta casuística a otros años precedentes. El informe -cuyos autores advierten de la escasez de información oficial- señala que el 6,06% de los encarcelados han sido considerados miembros de organización terrorista, y el 18,8% fueron enviados a la cárcel por colaboración con ese tipo de organización. La mayoría, el 63,6%, fue encarcelada por delitos relacionados con la propaganda terrorista y el autoadoctrinamiento.
El escalón
Un año más, en materia de lucha antiterrorista se produce un escalón entre acción policial y resultado judicial. En buena medida, explican fuentes de ACAIP, “se debe a la inclusión en el Código Penal de las figuras de autorradicalización y autocapacitación, que adelantan mucho la respuesta penal”.
Salvador Berdún, funcionario granadino de prisiones, autor del ensayo Violencia Política y Régimen Penitenciario en España (Tecnos) y director del Centro de Estudios de ACAIP, explica que “en las operaciones policiales, el nivel de riesgo que representa una persona para ingresarlo en prisión preventiva está basado en el peligro de fuga o la posibilidad de que vuelva a delinquir. El juez aplica con prudencia el instrumento de la prisión provisional”. En definitiva, “las policías hacen su labor de forma más preventiva, y los órganos judiciales necesitan certezas para condenar”.
Fuentes de la lucha antiterrorista ya se han manifestado en este diario al particular. “Si una persona alcanza un alto grado de radicalización y lo sabemos, preferimos no perder tiempo, abortar y detenerla que continuar vigilando, porque nunca sabes cuándo puede salir a la calle y matar –tiene explicado un mando de la Comisaría General de Información de la Policía-. Preferimos evitar el riesgo, actuar antes de que lo haga el fanático, aunque nos arriesguemos a que le caiga una condena pequeña”.
Este proceder también es atribuible a las áreas antiterroristas de la Guardia Civil.
Magrebís y no jóvenes
En el grupo de detenidos en 2024 solo hay una mujer, y es mexicana. Para establecer un ranking de nacionalidades entre los yihadistas detenidos, los autores del informe solo han podido obtener datos abiertos de 23 de los encarcelados. Los marroquís, nueve, representaron el 39,1% de los nuevos ingresos, y los españoles, ocho, el 34,78. Esos españoles encarcelados por yihadismo son en su inmensa mayoría de origen magrebí y residían en Ceuta y Melilla.
A pesar de que en las capturas policiales empieza a no ser raro que aparezcan menores, la edad de los ingresados en prisión avanza con respecto a otro ejercicios. En 2024, la media de edad fue de 37,6 años; un año antes era de 35.
Dice el informe que entre los tipos delictivos de estos presos, “destacan las conductas relacionadas con el enaltecimiento del terrorismo, el adoctrinamiento (14 encarcelados), la autorradicalización y la financiación”. Por las particularidades del terrorismo yihadista, estas últimas figuras no implican en todos los casos la militancia activa en una estructura jerárquica para la comisión de atentados.
Solo dos de los encarcelados, Ilias M. y el muy activo proselitista Hamed Abderraman Ahmed, llegaron a sus celdas como reincidentes. Uno, Hamza Warid, entró con una acusación de amenazas y daños (en marzo pasado) a agentes policiales.
Un guardia civil registra una celda en una prisión durante la Operación Escribano / IGAT
Siendo muchos de ellos extranjeros, sin arraigo familiar aquí, en España el destino de un detenido por yihadismo que no es puesto en libertad es la prisión provisional en primer grado hasta que sale el juicio. “Puede pasar que un joven que veía vídeos yihadistas vaya a régimen cerrado, el más severo, mientras un jefe mafioso del Este con varios muertos detrás se pasea por el patio -critica un veterano de las grandes prisiones española- Al verse todos en el régimen cerrado, no es raro que empiecen a decir que se les discrimina por ser musulmanes, o magrebís…»
Yihadismo intramuros
Este año se cumplirán 20 de la Operación Nova, la investigación policial de una captación de acólitos, sobre todo en cárceles, para el grupo yihadista Mártires por Marruecos, al que se atribuyeron planes para atentar contra la Audiencia Nacional con un camión bomba.
El aniversario ha llevado a la Fundación Athena a analizar las operaciones antiyihadistas de las Fuerzas de Seguridad en el interior de las cárceles desde 2005. Son 13, en una lista que acabó, de momento, en septiembre de 2021 con la detención de un preso por captación en la cárcel de Daroca. En total, fueron 82 detenciones que acabaron en siete condenas.
En esos golpes policiales destacó el detalle de la escasa estructuración de los yihadistas presos. O sea, no ha habido una red organizada en las cárceles similar al Frente de Macos que organizaron los cientos de presos de ETA que hubo en los 80 y 90. “Es inútil la búsqueda de similitudes de los presos yihadistas con los de ETA o GRAPO -opina el presidente de Acaip, José Ramón López-. No tienen aquel apoyo social, aquella jerarquía”.
Este tipo de redes islamistas “están muy lejos de ser un colectivo carcelario”, explica Berdún, pero tres destacan por su complejidad, las que se evidencian en las operaciones Nova (2005), Escribano (2017, con dos condenas en 2024) y Kafig (2019, archivada por la Audiencia Nacional en 2021).
Esquema de una de las redes sociales de presos yihadistas en España. Hay mucha cercanía entre los integrantes. / F Athena
Entre los investigados en las 13 operaciones hay más de 183 individuos, y dos dinamizadores muy activos. Berdún ha observado gran proximidad entre los implicados. Entre un extremo y otro del colectivo no hay más de cinco puestos intermedios.
Endogamia
ETA tuvo su Rentería y su Hernani, y el yihadismo en España tiene su Ceuta y su Melilla. De hecho, una porción significativa de detenciones en estas redes de fanáticos son de personas radicadas en las dos ciudades hispanoafricanas.
Tiene su explicación. El nexo es muchas veces familiar, de amistad, vecindad… El 42% de miembros de estas redes tenían vínculos antes de entrar en prisión. “Se mueven en el mismo barrio ceutí del Príncipe o la misma Cañada de Hidum de Melilla. Se han visto a diario. Muchos, cuando salen, vuelven al mismo ambiente…”, relata Berdún.
En los grupos destaca la presencia de presos con una manifiesta inadaptación al régimen penitenciario. Incluso algunos escribieron a boletines antisistema -como Tokata– denunciando torturas. Mohamed Achraf, implicado en Nova y Escribano, quizá el mayor dinamizador de estos grupos, contó en ese digital que en las cárceles españolas se hace un “exterminio” de yihadistas.
Entre ellos se relacionan en una franja exclusiva del mundo carcelario: en cuanto son encarcelados en Ceuta y Melilla, van a régimen cerrado a alguna prisión peninsular, y de ahí al módulo cerrado de otra, trabando relaciones.
No es difícil: de los 419 internos en primer grado que hay en España (dato de noviembre), el 21,24% son marroquíes (75) o argelinos (14).
