El Partido Popular y Més per Mallorca han unido sus votos para ratificar el decreto ley que fija la dimensión máxima y la ubicación de granjas intensivas de gallinas en Baleares con una normativa en la que se define qué se considera explotación intensiva de aves de corral. Con esta nueva norma, se prohíbe la instalación de nuevas explotaciones o la ampliación de las existentes que superen las 160.000 gallinas.
Como explica el conseller de Agricultura, Joan Simonet, actualmente la granja más grande en Mallorca tiene 130.000 gallinas, tanto para huevos como para carne. Además, existen 17 granjas de huevos, 4 de carne y 3200 de autoconsumo, con un censo total de gallinas de 400.000 en toda la isla.
A partir de ahora, tendrán la consideración de actividades ganaderas intensivas aquellas explotaciones avícolas de producción y reproducción que superen las 280 unidades de ganado mayor (UGM), equivalentes a un censo superior a 20.000 gallinas ponedoras. Este decreto ley responde a la «necesidad urgente» de que la Administración, en el marco de la ordenación ganadera de las explotaciones de aves de corral, establezca y regule determinadas condiciones para la instalación de nuevas explotaciones avícolas intensivas de grandes dimensiones, con un censo ganadero muy superior a los conocidos hasta ahora en esta comunidad autónoma.
Simonet asegura que «nunca se habia hablado tanto en tan poco tiempo» de la ramaderia de Baleares, si bien lamenta que se ha vuelto ·contraproducente» porque algunos partidos como el PSIB-PSOE «han querido politizar algo que es esencialmente técnico» con el objetivo de «desgastar» al Govern.
El conseller alerta de que la ganadería intensiva ha disminuido mucho debido a los elevados costes y defiende que la normativa existente ya es suficiente, por lo que respalda a las granjas actuales al entender que funcionan correctamente: «Poner mas presión sobre el sector ganadero es situarlo en el precipicio y al borde del cierre, un proyecto como el de Sineu no puede condenar a todo el sector».
Por su parte, el diputado de Més per Mallorca Ferran Rosa asegura que «somos plenamente conscientes» de que acercarse al PP cuando «flirtea día sí y día también» con la extrema derecha «tiene más riesgos que beneficios», aunque defiende su voto a favor del decreto a pesar de que «seguramente resolviendo el problema de la macrogranja podría ser que nos fuera peor electoralmente, pero lo hacemos por el bien común». Todo ello, además, remarcando que el decreto es «intervencionista» al imponer límites con el objetivo de «salvaguardar el interes general».
