La coalición de PSOE y Sumar ha alcanzado, sin duda, su momento más crítico en el año largo de andadura que de esta legislatura. Su choque más grave, y lo visibilizaron sin tapujos en la comparecencia más solemne que tiene el Gobierno cada semana, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Las dos partes no disimularon su enfrentamiento por la tributación en el IRPF del salario mínimo interprofesional, que desde este martes sube a 1.184 euros mensuales en 14 pagas. No lo hizo la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ni lo hizo la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría. Cada una se pertrechó de los argumentos que defiende cada socio del Gabinete. Pero en sus palabras, en las respuestas que ambas daban a los periodistas, se mascaba claramente la tensión. «No hubo ninguna deliberación ni comunicación a ninguna de las partes de Sumar», «nos hemos enterado por la prensa», acusó la titular de Trabajo. A su lado, la titular de Educación y Formación Profesional buscaba contrapesar las afirmaciones de Díaz, recalcando que ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez el que, en sus más de seis años de vida, ha acometido la «mayor rebaja en materia de IRPF que afecta a las clases medias y bajas».
La guerra entre los dos socios de coalición era televisada y en directo, total. Hace justo siete días, cuando el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley para la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas, que también había ido precedido de fuertes tensiones entre las dos partes, tanto Díaz como el responsable de Economía, Carlos Cuerpo, mantuvieron las formas y evitaron colisionar ante la prensa. Y eso que minutos antes, en la reunión del Gabinete, también se había reproducido la discusión. Pero, este martes, ni Díaz quiso esconder su disconformidad con el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, ni la portavoz evitó la réplica. Y es que las discrepancias sobre este asunto, sobre si los perceptores del salario mínimo deben o no quedar exentos de tributación, son tan profundas que Sumar dio un paso que hasta ahora nunca se había atrevido a protagonizar: tras la rueda de prensa en la Moncloa, anunció una proposición de ley para «garantizar» que quienes cobren el SMI no tengan que pagar el IRPF. Un claro desafío a Montero, a Pedro Sánchez y al ala socialista del Ejecutivo. Porque esa iniciativa, además, podría prosperar con el apoyo de las derechas, aunque es más que probable que el Gobierno la vete por suponer una merma de ingresos para el Estado.
El choque llevaba larvándose desde hace semanas. Ya estaba claro que este martes se aprobaba la subida del salario mínimo en 50 euros brutos al mes pactada con los sindicatos, un 4,4% más respecto al año pasado y con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Pero quedaba la duda de si los trabajadores con el SMI estarían libres de tributar en el IRPF, como había sucedido hasta ahora, ya que se había acompasado el alza de la renta exenta el impuesto al aumento del salario mínimo. A partir de ahora, los que perciban 1.184 euros brutos mensuales en 14 pagadas dejarán de estar exentos de tributación. Una decisión que Hacienda comunicó poco antes del arranque de la rueda de prensa en la Moncloa. El ministerio de Montero explicó que, pese a ese cambio, la mayoría de los trabajadores que perciban el salario mínimo continuarán sin sufrir retenciones, porque todo dependerá de su situación personal y familiar. Así, un contribuyente con pareja y un hijo menor de tres años no tendrá que tributar, igual que sucedía hasta ahora. Pero si es soltero y sin hijos, se le aplicará una retención del 1,81%. O sea, de unos 300,03 euros anuales.
Díaz fue preguntada por los periodistas si hubo debate en la reunión del Gabinete de este martes. «No puedo desvelar el contenido del Consejo de Ministros, pero como este debate no existió, sí digo que no hubo ni deliberación ni comunicación con ninguna de las partes que componemos el espacio de Sumar en el Gobierno», expresó Díaz. Ella misma se revolvió contra las palabras de Montero de la semana pasada, cuando en una entrevista en Espejo público (Antena 3) le pedía que hiciera «pedagogía fiscal», porque «todo no se resuelve con una bajada de impuestos». El mensaje de Hacienda es que precisamente la izquierda no puede demonizar la contribución fiscal de todos.
La vicepresidenta segunda coincide en que hay que hacer pedagogía fiscal, pero a su juicio la pregunta no es si hay que subir o bajar impuestos, sino quién debe pagar más: «La justicia fiscal empieza por arriba, no por abajo», subrayó Díaz, de nuevo sin esconder su disconformidad. Una peluquera tributa al 17,5%, sostuvo, mientras que una gran corporación lo hace al 3,8%. Y recordó que en España el 85% de la recaudación del IRPF viene de las nóminas de los trabajadores, por lo que no tiene sentido el «regalo fiscal» que el Gobierno hace a los «rentistas», que podrán desgravarse el 100% del impuesto si alquilan sus viviendas según el índice de referencia.
Y aunque lo relevante es la subida de 50 euros en el SMI, Díaz cree que los ciudadanos «se merecen conocer cuáles son las posiciones de las formaciones políticas en esta materia». «Desde Sumar somos claras y lo que queremos es que quien más tiene, más aporte, y que desde luego las rentas salariales de 16.500 y poco más euros al año [los perceptores del SMI ingresarán 16.576 euros brutos anuales] estén exentas [de tributación], como lo han sido hasta ahora en nuestro país».
La vicepresidenta segunda remarcó que, pese a las diferencias, el Gobierno de coalición «goza de buena salud». «Pero Trabajo ha hecho lo que tenía que hacer, subir el SMI. Respetamos las competencias de Hacienda», remachó.
La guerra no se daba por terminada con la rueda. Díaz avanzó que si una iniciativa llegaba al Congreso para revertir el cambio decidido por Hacienda Sumar la apoyaría. En un movimiento calculado, el grupo plurinacional anunció, tras la comparecencia, el registro de una proposición de ley en la Cámara baja para «garantizar» que los que reciben el salario mínimo sigan sin tener que pagar el IRPF. Lo hacía en ejercicio de la «autonomía parlamentaria» que tiene Sumar y en respuesta a una decisión «unilateral» y «sin consenso con el socio de gobierno», como explicaban en un comunicado desde el grupo.
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