Cuando, el pasado 9 de junio, a un viajero turco lo derrumbó un infarto en la cola de control de equipaje de mano, los guardias Roberto Carlos E. y Javier C. corrieron con un desfibrilador y emplearon media hora en reanimar al hombre. Fue una de las más llamativas actuaciones recientes de la Guardia Civil en la Terminal 2 de El Prat. El resto de su trabajo diario es mucho menos visible, sometido a la discreción de la vigilancia de una parte del recinto y del área fronteriza.
Ahora está llamado a cambiar el trabajo del instituto armado en el llamado «espacio restringido» -que no en la frontera- de ese aeropuerto, el principal del Mediterráneo español en tamaño y número de viajeros. Septiembre es la fecha, según ha anunciado la consellera de Interior, Núria Parlon, en la que el Gobierno cumplirá con una vieja aspiración del Govern, después de que el president Salvador Illa haya obtenido que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, traspase a los Mossos la responsabilidad de la seguridad de puertos y aeropuertos en la totalidad de cada recinto.
El Ministerio del Interior y el Departament d’Interior se preparan ya para este cambio. Este lunes hablaba del tema la consellera de Interior, Núria Parlon, en una entrevista televisiva. Se cita septiembre -o más bien a partir de septiembre- para dar tiempo a que los Mossos se doten de infraestructura y plantilla. Parlon ha contado que la policía catalana debe esperar a la incorporación de una nueva promoción (junio próximo) para contar con personal suficiente que detraer de las áreas de seguridad ciudadana y llevar, sobre todo, a la vigilancia de El Prat.
Para las asociaciones de la Guardia Civil es ceder «un objetivo estratégico» que el Tsunami Democrátic quiso atorar durante las algaradas del 19. Para los dos gobiernos, un trámite cuyo significado político es mayor que su trascendencia operativa, según fuentes ministeriales. Y, sin embargo, el del control del orden en esos espacios emblema de soberanía no ha dejado de ser un asunto espinoso para el ministro del Interior. Entre otras razones, porque cada vez que ha saltado el tema a la agenda pública lo ha hecho con guarnición de tergiversaciones sobre un hipotético trasvase a Catalunya del control, no de la seguridad del recinto, sino de las fronteras.
Mangas de control
Los Mossos, de hecho, están ya en El Prat desde hace años y tienen una comisaría en el aeropuerto, que ahora podría ser ampliada. Se les ve, por lo general muy fuertemente armados, custodiando puertas y accesos al llegar.
Es en la llamada «área restringida» donde hasta hoy no llevan la seguridad. Se trata de una zona en la que hay guardias civiles vigilando, igualmente armados, en el espacio que antecede al abordaje de los aviones. Se le llama «filtro de seguridad»; es el paso de control de seguridad con escáneres que manejan vigilantes jurados. A las máquinas y los vigilantes que las operan los supervisan los guardias civiles.
Dos guardias civiles en el aeropuerto Josep Tarradellas El Prat. / Toni Albir EFE
El área restringida comprende también zonas de espera una vez pasado ese control, y un perímetro variable en anchura, explican fuentes del instituto armado.
En esa área, y en las pistas, en las que hay guardias de las compañías de Fiscal y Fronteras, se vigila el orden en el control de equipajes; también a los viajeros que pasan por las «mangas de control» o acaban de aterrizar. Los Mossos no pasarán a asumir funciones exclusivas de la Guardia Civil, pero por este segmento de la seguridad se ampliará su labor. Y no es pequeño: en El Prat son 50 millones de usuarios por año y 679 vuelos diarios.
«Marco estricto constitucional»
Esa labor de seguridad no tiene que ver con competencias en inmigración, es pura vigilancia y no control fronterizo, aclaran las mencionadas fuentes. El alcance de una competencia sobre inmigración que exige Junts al Gobierno es un asunto en discusión política, pero no aún en el calendario. Ha dicho Parlon este lunes que, en todo caso, sería una labor «compartida» de mossos y guardias. Hablaba en términos de invitción, o delegación, más que de asunción de competencias.
Hay una puerta legal para la participación de los Mossos, y de ella podrían haber hablado PSOE y Junts, según fuentes próximas al Gobierno. El artículo 150,2 de la Constitución prevé traspasos o delegaciones del Gobierno a las comunidades de materias en principio exclusivas del Estado… pero previa aprobación de una ley orgánica, y eso no está en el calendario.
Marlaska ha salido al paso en repetidas ocasiones de rumores y confusiones deliberadas de la seguridad del aeropuerto con el control de la frontera. Lo hizo quizá de la forma más taxativa el pasado 8 de abril. Preguntado sobre si el traspaso de la seguridad de puertos y aeropuertos implicaba también la gestión fronteriza, el titular de Interior lo negó diciendo: «Todo lo que es control de fronteras es una competencia exclusiva del Estado y, por lo tanto, corresponde a la Guardia Civil y la Policía Nacional. No puede haber un traslado de competencias en esa materia tan importante».
Abordado por los medios a la entrada de una reunión en la sede de la Dirección General de Tráfico, el ministro, una vez más, no negó un futuro trasvase a los Mossos de la vigilancia y custodia de los espacios portuarios y aeroportuarios; admitió, de hecho, la posibilidad sin mencionarla expresamente: «Toda medida que hipotéticamente pudiera adoptarse es en el marco estricto constitucional y del resto del Ordenamiento Jurídico«.
Tres policías en el Port
En el puerto de Barcelona ocurre lo mismo, salvando los tamaños. No solo del mucho mayor espacio de estiba -donde la Guardia Civil mantiene sus competencias de policía fiscal junto al Servicio de Vigilancia Aduanera- también en la mucho menor terminal de pasajeros.
En la segunda es casi completa la ausencia de incidentes de seguridad el último año, si bien se aplica la vigilancia reforzada a la que obliga el nivel de alerta 4 antiterrorista. Y en el primero… pesa la polémica por su conversión en un punto de entrada predilecto para los narcos y por las quejas, la impotencia y las críticas de la Fiscalía al colectivo de los estibadores.
Un policía portuario y un guardia civil en el Port de Tarragona / Port de Tarragona
En los muelles hay otra fuerza de seguridad, la Policía Portuaria, que depende de cada Autoridad Portuaria en los 28 Puertos del Estado. La Policia Portuària de Barcelona, o la de Tarragona, vigila el tráfico en el recinto, la seguridad ciudadana y de la estiba, y opera 400 cámaras de seguridad. En marzo de 2023, en la etapa del conseller Joan Ignasi Elena, el Departament d’Interior firmó con el Port un pacto para que los Mossos complementen a la Policia Portuària «allí donde no pueda llegar».
«Rehenes» políticos
La policía autonómica catalana le da importancia a su presencia en el aeropuerto, hasta el punto de que en su organigrama esa misión depende de una comisaría específica y de una sección específica: el Àrea de Seguretat Aeroportuària, que a su vez depende de la Divisió de Transport.
La Guardia Civil y sus agentes en El Prat son quienes se verán afectados por esta ampliación de funciones de sus colegas catalanes. Sus asociaciones se han manifestado por la vía -poco frecuente en el reñido panorama sindical- de la acción conjunta, advirtiendo de la toma de medidas judiciales si ven alguna ilegalidad en este «intercambio político» del que se sienten «rehenes».
A la Policía Nacional le afecta menos, pues está mayormente dedicada a la revisión de documentación en los filtros fronterizos. El tramo de labor que pasarán a ocupar los mossos es de vigilancia de ladrones, alborotadores, terroristas, fugados, delincuentes o causantes de incidentes de seguridad física, no la persecución del contrabando -la Guardia Civil lo llama «resguardo fiscal»- o el control de la entrada de extranjeros en territorio español.
Pero la previsión de que esa labor también vaya a ser materia de acuerdo político ha llevado al Sindicato Unificado de Policía (SUP) a convocar una protesta este martes ante la Delegación de Gobierno en Barcelona y bajo el lema «Nos quieren echar».
Suscríbete para seguir leyendo
