Tras más de un año de trabajo, el Congreso ha dado el primer paso para actualizar el Pacto de Estado contra la violencia de género. Este lunes, los grupos parlamentarios han elevado un informe a la Comisión de Igualdad que contempla más de 450 medidas, destinadas a reforzar y actualizar el acuerdo, incorporando acciones destinadas a mejorar la protección de los menores y a reconocer y combatir la violencia económica, digital, sexual, la trata con fines de explotación sexual o los matrimonios forzados.
La previsión de los grupos es que la Comisión de Igualdad apruebe el informe, por mayoría y con la oposición de Vox, la semana próxima y que, posteriormente, el pleno del Congreso dé el visto bueno definitivo. No obstante, los partidos presentarán votos particulares y algunos avisan de que en la Comisión intentarán seguir mejorando el texto, con lo que aún puede sufrir alguna modificación.
Pero el grueso ya está acordado. EL PERIÓDICO ha tenido acceso al informe y estas son las principales medidas que contiene:
Violencia vicaria
Uno de los capítulos más extensos de la propuesta de Pacto es el referente a la protección de los menores y la violencia vicaria, que es aquella que se ejerce contra los hijos para dañar a la madre. Contempla, al menos, 39 medidas, entre las que destaca una propuesta para reformar la ley contra la violencia de género para “incluir como víctimas a aquellos menores que son víctimas de violencia vicaria tras la ruptura de la convivencia familiar, con ocasión del régimen de visitas”. A este respecto, el pacto reclama evitar que se acuerde o mantenga la convivencia o las visitas con el agresor y obliga a realizar una evaluación paterno-filial previa a la resolución judicial sobre las visitas, cuando la solicite la mujer víctima de violencia de género y haya contradicción entre las partes.
Asimismo, reclama garantizar una dotación suficiente en los equipos de intervención familiar, que los puntos de encuentro no apliquen el síndrome de alienación parental o que los profesionales sanitarios dispongan de un protocolo para poder reconocer y actuar cuando detecten violencia sobre menores, entre otras medidas destinadas a mejorar la formación o la reparación.
Violencia económica
El informe recoge el compromiso de incorporar la violencia económica en el ordenamiento jurídico español, entendiendo esta como la acción de limitar el acceso de las mujeres a los recursos familiares o reducir su capacidad económica con el objetivo de que dependa económicamente del agresor. En este sentido, se plantea la creación de un nuevo tipo penal que recoja las conductas que busquen «limitar la autonomía e independencia económica de las mujeres». En la misma línea, se analizará la figura del «sabotaje laboral», cuando un agresor realiza acciones que impidan a la víctima tener un empleo.
Por otro lado, el compromiso es reforzar el artículo 227 del Código Penal que pena el impago de las pensiones para incluir aquellas que sean acordadas en escritura pública ante notario y no solo por convenio o resolución judicial. También se plantea incluir una modalidad agravada de este delito cuando el impago de la pensión suponga para la víctima «la pérdida de la vivienda, limite o impida el acceso a recursos básicos para la vida».
Violencia digital
El Pacto de Estado también contempla el reconocimiento de la violencia digital de género, entendida como «todo acto de violencia contra las mujeres cometido con la asistencia, en parte o en su totalidad, del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, o agravado por este». En el informe destacan las medidas destinadas a informar a las personas jóvenes, así como dotarlas de herramientas para denunciar cualquier situación de violencia de género en el entorno digital.
Además, se propone crear un delito para los «los supuestos de violencia digital o ciberdelincuencia de género, incluyendo la suplantación de identidad, entre otras». También sancionar a quienes, sin consentimiento, publiquen o difundan fotos modificadas con inteligencia artificial «simulando situaciones de contenido sexual o gravemente vejatorias«. Respecto a la IA, el documento también incluye la solicitud periódica de informes a los responsables de la supervisión de los sistemas digitales para evitar «los sesgos de género y cualquier situación de discriminación por razón de género».
Medios y contenidos audiovisuales
Otro de los capítulos más interesantes hace referencia a los medios y contenidos audiovisuales, en el que se recomienda formación para los profesionales y la firma de convenios con asociaciones y sindicatos de guionistas para fomentar el tratamiento de las mujeres “libre de estereotipos y prejuicios”. Asimismo, en los cursos de formación en guiones de cine y televisión el pacto reclama incorporar contenidos que “permitan obtener una visión crítica sobre los estereotipos sexistas”. Además, el informe aboga por crear la figura del coordinador o coordinadora de la intimidad en las producciones audiovisuales, que “garantice el respeto a los límites consensuados con las personas intérpretes, así como el respeto al consentimiento”. Y, de forma genérica, pide fomentar mecanismos para evitar sesgos de género en redes sociales, aplicaciones, videojuegos, etc.
Financiación
Como ocurrió con el pacto suscrito por unanimidad en 2017, el acuerdo contiene propuestas cuyo cumplimiento corresponde a diferentes agentes, como el Gobierno, las comunidades, los ayuntamientos o la justicia, cada uno en el ámbito de sus competencias. Asimismo, según destaca Júlia Boada, una de las ponentes del informe del grupo Sumar, el pacto contempla «un aumento de la financiación, algo que es muy positivo porque hemos constatado que no hay suficientes recursos».
Suscríbete para seguir leyendo
