El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado reforzar la protección del fiscal general, Álvaro García Ortiz, después de que datos privados de esta autoridad, como la dirección de su casa, se hayan incorporado a los informes que la UCO ha enviado a la causa que instruye el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Esos informes, notificados a las partes que intervienen en la causa del alto tribunal, incorporan varios anexos en los que aparece en tráfico de llamadas del fiscal general y la identificación del titular de la línea telefónica desde la que se llama, junto con el dato de su dirección particular.
Figura, así, en esos informes el domicilio de García Ortiz, pero también el de los titulares de los números de teléfono desde los que se ha contactado con él, incluido el de su propio jefe de escoltas.
Esta situación ha llevado a García Ortiz a pedir a Interior un aumento de su protección, que ya ha sido acordado.
Paralelamente, el fiscal general ha puesto esta situación en conocimiento de Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, a la que ha dirigido una carta.
Asimismo, García Ortiz ha presentado una reclamación en un escrito dirigido al responsable de protección de datos del órgano de gobierno de los jueces.
