E juez que investiga las filtraciones del examen de oposición en RTVE estudia la imputación de un tercer trabajador de la corporación pública por su responsabilidad a la hora de favorecer la obtención de una plaza pública a ciertos aspirantes. El episodio obigó a suspender la prueba a la que se presentaban más de 5.000 aspirantes el pasado 29 de septiembre.
La causa judicial que instruye el juez Juan Ramón Ruig Puron en el juzgado número 48 de Madrid ya tiene imputados a dos trabajadores de la corporación, ambos vinculados al sindicato de UGT, señalado desde el primer momento por las irregularidades en el proceso.
El primero de ellos es César Moreno, secretario de organización de UGT-RTVE en Madrid, la principal federación de sindicato. Este trabajador fue una de las personas que difundieron el documento con el contenido de las preguntas a ciertos aspirantes, y ya fue detenido en su domicilio el pasado 18 de octubre y puesto en libertad tras negarse a declarar.
En el momento de la detención, la Policía le intervino los dispositivos informáticos para determinar, a partir de sus comunicaciones, la posible implicación de más trabajadores de RTVE. En los últimos días, la abogada de este imputado ha solicitado al juez la devolución de los dos teléfonos móviles que le fueron requisados, de la marca Xiaomi y de la marca Samsung, y su ordenador portátil, de la marca HP, una vez que sean clonados en el marco de la investigación.
El segundo trabajador de RTVE imputado también tiene vínculos con UGT, ya que fue uno de los dos miembros del tribunal del examen designado por este sindicato. Aunque estas figuras estuvieron señaladas desde el primer momento, el juez decidió imputarle a petición de la Fiscalía después de que saliera a la luz que él fue el autor del documento filtrado con el contenido de las preguntas de la oposición, a la que había tenido acceso por ser parte del órgano examinador.
Después de estas imputaciones, agentes de Policía acudieron a los estudios de RTVE en Prado del Rey para intervenir material informático y dispositivos que permanecían inmovilizados a la espera de ser intervenidos. El objetivo de estas diligencias era esclarecer la implicación de más trabajadores en la difusión de este documento, y ver su trazabilidad. Una vez localizados tanto el origen de la filtración de las preguntas -Pérez Olmos- como uno de los últimos eslabones de difusión -Moreno-, está por ver si hay más trabajadores que hayan participado en la cadena o haber difundido las preguntas para favorecer a un sector de los trabajadores no fijos.
Una vez comprobadas las comunicaciones de los dispositivos incautados, el juez deberá decidir si aumenta el número de imputados, aunque todo apunta a que en los próximos días al menos un trabajador más será formalmente citado como investigado, ante una evidente participación en los hechos, según destacan varias fuentes solventes próximas al caso.
En los últimos días el juez también ha citado a declarar como testigos a tres trabajadores en la causa para el próximo 19 de marzo. Una de ellas es Cristina Ónega, directora del Canal 24 horas y miembro del tribunal que alertó sobre la filtración de preguntas, después de recibir un email en el que le remitían el contenido filtrado. Se sospecha que las otras dos personas citadas son quienes dieron la primera voz de alarma sobre las irregularidades que envolvían el proceso de oposición.
Después de estas declaraciones y la investigación del material informático intervenido, la causa está a la espera del aumento del número de imputados a la luz de las nuevas revelaciones. Una vez concluidas las diligencias, el juez podrá emitir un auto de transformación para continuar el proceso hacia la fase previa al juicio oral, o bien sobreseer la causa, aunque las distintas fuentes consultadas apuntan a la alta probabilidad de que los investigados sean formalmente acusados por un delito de revelación de secretos.
