Canarias afronta desde este lunes semanas decisivas para el desarrollo de los temas abiertos en la política nacional y de relaciones con el Estado, que conforman de hecho el núcleo central de la agenda canaria que el Gobierno regional de Fernando Clavijo y el Ejecutivo central de Pedro Sánchez pretenden impulsar de común acuerdo a lo largo de la legislatura estatal hasta 2027.
Tras un intenso principio de año con la polémica en torno a la accidentada aprobación del decreto ómnibus de ayudas sociales que incluía la revalorización de las pensiones, las ayudas a La Palma y la gratuidad de las guaguas, entre otras muchas medidas, se abre ahora una dinámica de encuentros a distintos niveles, con negociaciones claves sobre diferentes asuntos, de cuyo resultado dependerá precisamente el porvenir de esa agenda isleña en Madrid.
Este horizonte político se complementa con el inicio del nuevo periodo de sesiones ordinarias en el Congreso y en el Senado, donde algunas de las cuestiones más importantes relacionadas con Canarias se deberán aprobar y dar conformidad parlamentaria a los acuerdos políticos previos.
Como gran telón de fondo de este nuevo periodo de sesiones y del calendario inminente de los asuntos canarios en la política nacional cabe citar el acuerdo alcanzado entre Canarias y el Estado para el traslado extraordinario y puntual de 4.000 menores migrantes no acompañados desde las Islas, y otros 400 desde Ceuta, al resto de comunidades autónomas. Dicho acuerdo, que incluye los criterios de reparto, tiene por delante el reto de conseguir el respaldo parlamentario necesario, y el de la colaboración de los gobiernos autonómicos receptores de estos niños y niñas. Sin esa colaboración, que las regiones gobernadas por el PP ya parecen haber descartado, el plan puede encallar si, como se teme desde los gobiernos canario y central, esas comunidades recurren en masa al Tribunal Constitucional.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, durante su reunión en el Ministerio de Juventud e Infancia, a 6 de febrero de 2025, en Madrid (España). / Jesús Hellín – Europa Press
Primera cita
La primera cita política importante para desbrozar algunas de las incógnitas y dudas que se mantienen respecto a todos los asuntos canarios en ese intenso e inminente calendario político y parlamentario la constituye la reunión del próximo miércoles –día 12 de febrero– entre Clavijo y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Inicialmente prevista para revisar los acuerdos políticos entre CC y el PSOE para la investidura de Sánchez tras la exigencia de los nacionalistas canarios de dar un impulso a la agenda canaria pactada entonces, está derivando mediáticamente, sin embargo, hacia un encuentro más entre Canarias y el Estado sobre cómo aplicar el mencionado acuerdo sobre el reparto de menores. En concreto, saber si Montero ofrece al presidente canario garantías o pruebas suficientes de que ese plan contará con la financiación suficiente en los términos que exigen las comunidades autónomas para precisamente favorecer que el traslado pueda ser aplicable.
Segunda cita
Después de ese encuentro entre Clavijo y Montero, la atención se desplazará a dos foros decisivos: el de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia donde el Gobierno central explicará al resto de comunidades el acuerdo alcanzado con Canarias, que se celebrará en Ceuta seguramente esta semana y se espera muy tensa, y la Comisión Interministerial de Inmigración, donde el Gobierno dará cuenta de todos los pasos dados y aprobará las medidas a activar a partir de ese momento, entre ellas dar cauce al armazón jurídico, previamente recomendado por la Abogacía del Estado, con el que se pretende llevar a cabo este proceso de traslado extraordinario de menores desde Canarias y Ceuta al resto de territorios.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo (i), y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a su llegada a la última Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada el pasado mes de julio. / EFE/Ramón de la Rocha
Según anunció el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el artífice del acuerdo entre Canarias y el Estado junto al propio Clavijo, a esa comisión interministerial estarán invitados todos los presidentes autonómicos, una propuesta inédita que pretende acercar el acuerdo previo con Canarias, pero también respaldado por el País Vasco, Ceuta y Melilla, a los barones territoriales del PP para que apoyen el plan.
Más reuniones
El paso siguiente será el de la negociación política con los grupos parlamentarios en el Congreso, un proceso en el que, además de Clavijo, Torres y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se quieren involucrar los portavoces de los partidos en el Parlamento de Canarias. La llave para la aprobación de la propuesta, ya sea esta mediante decreto de ley o proposición de ley, la tienen los siete diputados de Junts, un grupo que antes había rechazado la reforma de la ley de extranjería, junto a PP y Vox, pero que ahora perece estar dispuesto a cambiar su voto si a cambio logra otras contrapartidas del Gobierno en materia de gestión migratoria por parte de Cataluña, y de que esta comunidad reciba un menor cupo de menores por ser ya una de las que más esfuerzo a hecho en este sentido en los últimos años.
Todo este intenso calendario durante las próximas semanas van a marcar mucho el debate político nacional y el canario, sobre todo a la vista de la cerrazón del PP nacional contra toda idea de reparto de menores, y será un nuevo y grave desencuentro entre los dos partidos que conforman el pacto de Gobierno en el Archipiélago.
Presupuestos y financiación
Más allá de la crisis migratoria y el debate sobre la distribución de menores por todo el territorio nacional, otros asuntos de la agenda canaria están en el orden del día de la nueva etapa política y parlamentaria que comienza este mes de febrero. De entrada, la mencionada reunión del día 12 entre Clavijo y Montero deberá aclarar muchos de los aspectos de los acuerdos entre CC y el PSOE y, en especial, la forma en que se garantizarán los fondos comprometidos por el Estado en distintas materias. El líder de CC y sus acompañantes a esa reunión, la diputada nacional Cristina Valido y el secretario de Organización del partido, David Toledo, quiere salir de la misma con una idea lo más clara posible sobre las intenciones del Ejecutivo central respecto a si presentará o no nuevos presupuestos estatales, los correspondientes al año ya en curso y que serían los primeros presentados en la actual legislatura. En todo caso, sea con presupuestos o sin ellos, Clavijo quiere garantías de que se cumplirán los compromisos de gesto con las Islas y a ser posible sin que tenga que llegar el final del año, o incluso después de diciembre, como ha pasado con los fondos de 2024.
Matilde Asian (izquierda) saluda a la ministra María Jesús Montero al inicio del Consejo de Política Fiscal y Financiera, en Madrid, en julio pasado. / LP
En materia económica y de relaciones financieras entre Canarias y el Estado también se aproximan fechas claves, como la reunión del próximo día 26 del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), también con Montero como protagonista, en la que se abordará el plan del Ministerio de Hacienda para la condonación de la deuda de las comunidades autónomas a partir del acuerdo del PSOE con ERC para una quita a Cataluña de más de 15.000 millones, un 20,5 de su debe público sobre todo por los préstamos no pagados del Fondo de Liquidez Autonómica.
La voz cantante canaria en este tema la lleva la consejera de Hacienda, Matilde Asián, que exigirá que la quita a las Islas no se aplique sobre el porcentaje de condonación que se hará a Cataluña porque significaría un grave agravio teniendo en cuenta que la comunidad mediterránea supera los 87.000 millones de deuda con el Estado, mientras la canaria es de apenas 7.000 millones. Para que la condonación fuera equiparable, Canarias debería quedar exenta de su 62% de deuda.
Además, Canarias, como el resto de comunidades, también busca en ese CPFF clarificar el horizonte de la actualización de las entregas a cuenta de los fondos de financiación autonómica tras la retirada en la segunda versión del decreto ómnibus, el que sí fue aprobado por el Congreso tras ser troceado en dos partes, de la medida contemplada en el texto original. Canarias recibirá cerca de 500 millones menos de los 6.500 que esperaba percibir por este concepto, y Asián se ha mostrado preocupada por las incertidumbres a este respecto, y por el tiempo en que el Estado transfiere esos fondos a la comunidad autónoma. Aunque no está específicamente previsto, las regiones también quieren ir conociendo los planes del Gobierno con vistas a la reforma del sistema de financiación autonómica.
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