Los jueces ‘de moda’ de nuestro país cada vez están más en entredicho. Dejando a un lado nombres como el de Adolfo Carretero, encargado de dirigir el juicio contra Íñigo Errejón por presunto acoso sexual hacia Elisa Mouliáa, o las formas de la persona que pregunta a los testigos en el ‘caso Rubiales’; las personalidades judiciales del momento son, sin duda, Juan Carlos Peinado -quien instruye la causa contra Begoña Gómez- y Ángel Hurtado, que lleva lo relativo al novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.
Estos dos magistrados, sin embargo, no hacen sino llevarse varapalos por las formas en las que están llevando sendos casos. Al primero le creían los enanos en las últimas horas después de que la Audiencia Provincial de Madrid acordara anular en análisis del móvil y de todos los dispositivos informáticos del empresario Juan Carlos Barrabés, al que él mismo imputó de la noche a la mañana y al que tampoco ha podido vincular con nada punible respecto de las acciones de la mujer de Pedro Sánchez. Una semana antes, el mismo organismo judicial había declarado nulo el registro en el que se confiscaron los objetos alegando que “no se puede obtener la verdad real a cualquier precio”.
En lo que se refiere a Hurtado, también queda especialmente arrinconado -si es que su gestión del caso no estaba ya suficientemente en entredicho- tras el (no) interrogatorio de la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, quien se negó a hacer preguntas al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado por una supuesta revelación de secretos, por hasta ocho razones.
Lo que sobre el papel tendría que haber sido una sucesión de preguntas y respuestas se convirtió en un alegato durísimo contra el juez de instrucción por considerar que había obtenido pruebas mediante la entrada y registro del despacho del fiscal general, lo cual obedece a una diligencia “desproporcionada” para el delito investigado y, además, carente de motivación.
Entre los motivos que esgrimió Sánchez para negarse a interrogar al máximo responsable de la Fiscalía General destacaron la “presunta inconstitucionalidad de la prueba”, que el secreto que se investiga “fue conocido antes por muchos periodistas” -en relación al papel que desempeñó, principalmente, el jefe de prensa de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez-, que “las conversaciones entre abogados y fiscales en este tipo de delito tienen escaso valor” o que “el querellante ofreció un relato de hechos para desprestigiar al ministerio fiscal”. La teniente fiscal llega a inducir en su discurso que “la Fiscalía ha sido víctima de un montaje”.
Imputación ‘a dedo’ o “allanamiento imprudente”: el ‘modus operandi’ del juez Peinado
La cronología de polémicas del juez Peinado es amplia desde el momento mismo en el que atendió la denuncia del pseudosindicato Manos Limpias y otros actores de extrema derecha contra la esposa del líder del Ejecutivo basada en recortes de prensa e información sin contrastar.
El juez se ha intentado aferrar a cualquier cosa para encontrar un ápice de responsabilidad penal en las actuaciones de Gómez, desde una querella del grupo ultracatólico Hazte Oír a partir de la que amplió una cuestión -la que tiene que ver con la cátedra de la mujer de Sánchez- que a priori había quedado sin fundamento y que le empujó a la citación de la investigada; hasta el acceso de las cuentas bancarias de la principal involucrada pasando por la, cuanto menos reprochable, entrada al despacho de Barrabés.
Entretanto, el magistrado ha tratado de imputar a todas las personas que declararon en su día como testigo, empezando por el propio Barrabés y siguiendo por el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Joaquín Goyache, o Juan José Güemes; quien fuera uno de los hombres fuertes de Esperanza Aguirre y que eludió que la contratación de Gómez para dirigir el África Center tuviera que ver con su relación sentimental con el presidente del Gobierno.
La última persona que ha saltado en cuestión de días de la calidad de testigo a la de imputada ha sido la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, a pesar de que el magistrado había dicho en un primer momento que no podía ser considerada sospechosa de tráfico de influencias ni de malversación de caudales públicos. Así las cosas, tras esta opinión, Peinado pasó a declarar que sí dispone de pruebas -sin aportar- para “colegir la participación del hasta ahora testigo en los hechos investigados”.
Trato de Ángel Hurtado al fiscal general
Por su parte, en los últimos días el juez Hurtado ha rechazado las quejas del fiscal general sobre las filtraciones de la investigación. Dicho de otra manera, ha eludido imponer limitación alguna a las acusaciones populares del caso, remitido nuevamente a los juzgados de Madrid las denuncias de revelación de secretos de la cara más visible de la Fiscalía y condenado que la Abogacía del Estado apunte solo a filtraciones que, entiende, le son desfavorables.
Esto llega después de que García Ortiz denunciara a principios de enero una vulneración de sus derechos por las constantes filtraciones de información de la causa a la vez que se refería a la existencia de un “juicio paralelo” a través de las acusaciones particulares y populares del caso: el propio González Amador, Manos Limpias, la asociación de fiscales APIF, el Colegio de Abogados de Madrid y la Fundación Foro Libertad y Alternativa.
El comportamiento del juez instructor para con el fiscal general está siendo muy discutido, encontrando seguramente su punto más álgido -o uno de ellos al menos- en el momento en que el primero descartó todas las diligencias del segundo, como intervenir el dispositivo del jefe de gabinete de la presidenta de Sol, e hizo caso omiso a la solicitud de García Ortiz para mover su declaración mientras que la del novio de Ayuso se ha pospuesto hasta en cuatro ocasiones. Si no hay más cambios, González Amador hablará en sede judicial el 24 de febrero.
