El Gobierno Central de Pedro Sánchez fuerza al Ejecutivo de Marga Prohens a crear un canal externo de denuncias sobre posibles ilegalidades tras el cierre de la Oficina Anticorrupción en Baleares. Así queda reflejado en el acuerdo de la comisión bilateral entre el Estado y la Comunidad Autónoma publicado en el Boletín Oficial de les Illes Balears (BOE). Una resolución donde Madrid avala la supresión de la oficina y renuncia a llevar esta cuestión al Constitucional, aunque remarca la necesidad de constituir un espacio para que las personas informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Tal y como aparece en el propio BOIB, el Govern de Prohens se compromete a crear dicho canal externo de denuncias que se formalizará a través de un convenio con el Estado, una vez Madrid haya creado el suyo propio. En este sentido, desde el Ejecutivo autonómico aseguran que dicho canal externo a nivel estatal todavía no se ha creado.
Madrid, «radicalmente en contra» del cierre de la oficina
Por su parte, delegación del Gobierno en las islas se ha mostrado «radicalmente en contra» del cierre de la Oficina Anticorrupción en Baleares. Así, destacan la necesidad de que se cree el canal externo de denuncias para eludir un posible recurso de inconstitucionalidad. El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, ha señalado que el Ejecutivo ha manifestado en diversas ocasiones que “está radicalmente en contra” de medidas como el cierre de la Oficina Anticorrupción, que ha denunciado como “un ejemplo de falta de transparencia y de ataque a los valores democráticos”.
Rodríguez Badal ha aclarado que “el hecho de que la Abogacía del Estado no encuentre visos de inconstitucionalidad no significa que el Gobierno comparta y respalde decisiones de competencia autonómica, como la supresión de la Oficina Anticorrupción o como la amnistía urbanística, con las que no está en absoluto de acuerdo”
Por su parte, el PSIB-PSOE también han mostrado su rechazo a la clausura del organismo. De esta forma, los socialistas argumentan que este rechazo «es compartido por Pedro Sánchez, quien puso el cierre de la oficina como ejemplo de lo que no debe hacerse en materia de lucha contra la corrupción«. Asimismo, el PSOE remarca que «en ningún caso el Gobierno del Estado avala el cierre de la oficina sino que pide la creación de un canal externo, por lo que el Govern de Marga Prohens deberá ceder y crear un canal externo e independiente para sustituir las funciones de la extinta oficina anticorrupción».
228 expedientes pendientes
Cabe recordar que el Govern afirmó tras la comparecencia de la consellera de Presidencia el pasado miércoles que aún tiene 228 expedientes de la Oficina Anticorrupción pendientes de tramitación. No obstante, Antònia Maria Estarellas aseguró en el Parlament que al haber pasado más de seis meses desde el cierre del organismo se había tenido que proceder al archivo definitivo de estos casos, ya que así lo establece la ley aprobada por PP y Vox, por la caducidad de los expedientes.
La normativa establece la caducidad de los casos que lleven más de nueve meses abiertos para que fueran posteriormente archivados, sin necesidad de revisión. Además, detalla que «se declara la caducidad de los procedimientos de investigación en curso que, a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, superen el plazo de seis meses de duración o de un máximo de nueve meses para aquellos procedimientos prorrogados, a contar desde el acuerdo de iniciación de las actuaciones, procediéndose al archivo de estos expedientes». Desde la conselleria de Presidencia aclara ahora que estos casi 300 expedientes aún no han sido iniciados y, por tanto, será Inspección General quien decida qué hacer con los documentos.
