La Policía Nacional y la Inspección de Trabajo han desarticulado en Granada un entramado de empresas liderado por un matrimonio y diseñado para facilitar el cobro indebido de prestaciones, una operación con 60 detenidos, casi todos extranjeros irregulares que recibían el dinero subvencionado.
Según ha informado la policía, la ‘operación Guernica’ se ha centrado en un matrimonio de empresarios dedicado a regular la situación administrativa de multitud de ciudadanos extranjeros, la mayoría marroquíes, con ofertas de empleo en el sector agrícola.
La Policía Nacional y la Inspección de Trabajo han detectado más de un centenar de solicitudes de estas regularizaciones formuladas desde Granada, Almería, Málaga, Huelva y Murcia.
La operación comenzó en noviembre de 2021 con una investigación de la brigada de Extranjería y Fronteras de Granada a un matrimonio de empresarios que habrían regularizado la situación administrativa de múltiples ciudadanos de Marruecos en España gracias a supuestas ofertas de empleo en el sector agrícola.
Los agentes observaron que el volumen de contratación de estos ciudadanos era totalmente incoherente y desproporcionado con la capacidad de las empresas investigadas, tanto por la extensión de los terrenos agrícolas de la pareja como por su producción.
También detectaron que las ofertas de empleo y los trámites para lograr la regularización de los ciudadanos afectados se estaba tramitando en varias provincias, especialmente en Andalucía Oriental.
Estas residencias se tramitaron principalmente bajo las modalidades de Autorizaciones de Residencia Temporal por Circunstancias Excepcionales, Arraigo Social, Residencia Temporal y de Trabajo por Cuenta Ajena y Residencia Temporal y de Trabajo por Cuenta Ajena por Primera Renovación.
La investigación ha permitido detectar un entramado de empresas que cotizaban y acreditaban ante la Seguridad Social días trabajados de forma ficticia, empresas que simulaban toda una serie de relaciones laborales para que los supuestos trabajadores regularizasen su situación en España y pudieran obtener un permiso de residencia.
Posteriormente, estos mismos ciudadanos se beneficiaban de forma indebida de prestaciones por desempleo por supuestos periodos cotizados de esos falsos contratos, ya que no llegaban a ejercer actividad laboral alguna.
Según el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), el importe defraudado supera los 211.000 euros.
En la operación han sido detenidas 60 personas, el matrimonio encargado del entramado empresarial y 58 ciudadanos marroquíes acusados de cobrar de manera indebida prestaciones del Sistema de la Seguridad Social.
El operativo ha contado con agentes de Granada y con otros de las comisarías de Palma de Mallorca, Oviedo, Lérida y Algeciras, donde se ha registrado una detención por ciudad; y Huesca y Castellón, con dos arrestos en cada una.
