“Es un día en el que merece la pena formar parte del Gobierno de España porque es histórico”. Más de cuatro décadas desde la última vez que se reformó la jornada laboral en España y un día antes de que se celebre el 106 aniversario de la huelga de la Canadiense, estas han sido las palabras elegidas por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para presentar la aprobación del anteproyecto de ley para la reducción de jornada hasta las 37,5 horas semanales, sin merma salarial.
La bandera electoral con la que Díaz se presentaba a las últimas elecciones y que posteriormente quedaría plasmada en el acuerdo de legislatura firmado por PSOE y Sumar es ya algo más que palabras y se tramitarán por la vía de urgencia. Al texto, pactado con los sindicatos (UGT y CCOO), aún le queda mucho recorrido e incertidumbre, pero la titular de Trabajo ha conseguido salvar de forma victoriosa el primero de los escollos que se encontró en el seno de la propia coalición.
«No es una variable económica más, sino un proyecto de país y una medida para modernizar España«, ha proseguido Díaz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Lo importante son nuestras vidas, no el tiempo que ocupamos en una actividad profesional. Esto tiene que ver con la vida de la gente, la medida que esperan los trabajadores, que mejora la vida de las personas, que mejora el trabajo y su productividad”, ha añadido. Los beneficiados serán 12 millones de personas.
Oposición en el Congreso y el diálogo social
Este discurso, sin embargo, no garantiza que la medida vaya a ser capaz de reunir los apoyos suficientes. Con las derechas españolas en contra, el voto de Junts per Catalunya se torna decisivo, aunque la ministra de Trabajo ni siquiera renuncia a convencer al Partido Popular (PP). “¿Van a utilizar este cambio histórico para reconciliarse con los trabajadores, dado que sus votantes también quieren la reducción, o van a cometer el mismo error que cometió con la reforma laboral? Esta es la pregunta”, ha trasladado.
Díaz no pierde la esperanza con el principal partido de la oposición, del que ha recordado que ya se abstuvo en la votación de la proposición no de ley que presentó Sumar en la Cámara Baja sobre esta temática. Tampoco en los de Carles Puigdemont, muy condicionados por la patronal catalana (Foment del Treball), que ya han advertido que la negociación será muy complicada. Además, estará condicionada por la injerencia de la patronal, que presionará a las formaciones para que tumben la medida.
«Ni siquiera la patronal puede oponerse a una medida de este alcance. Es muy difícil oponerse a una medida que ya es parte de nuestro país, ya está en la calle y queda llevarlo al Congreso», asegura la vicepresidenta segunda, pero Antonio Garamendi no piensa lo mismo. «Irá al Parlamento lo que tenga que ir y, como no podía ser de otra manera, defenderemos nuestras posturas y trasladaremos a los partidos políticos cuáles son nuestras opiniones, también legítimas”, has trasladado el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) a la propia ministra.
Otras medidas contempladas en el acuerdo
Además de la propia reducción, el acuerdo incluye también modificaciones en el registro de jornada, obligando a la empresa deberá contar con un registro diario de jornada “digital objetivo, fiable y accesible”, que permita garantizar el cumplimiento efectivo de los nuevos tiempos definidos y ser accesible para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la representación de las personas trabajadoras. Así, el Ejecutivo espera poder garantizar la correcta aplicación del aminoramiento de los tiempos y supervisar más fácilmente otras infracciones laborales habituales.
El endurecimiento del régimen sancionador, contando una infracción para la empresa por cada trabajador sin registro o con datos falseados en vez de una conjunta y el derecho “irrenunciable” a la desconexión digital fuera del horario laboral, sin que esta pueda tener consecuencias negativas por parte de la empresa, también se recogen en el texto. Es decir, de aprobarse la media sin cambios en el Congreso de los Diputados también se acabarían los registros en papel y las comunicaciones con los trabajadores más allá de su jornada laboral.
