El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Moraleja del Vino propondrá al pleno un debate sobre las repercusiones medioambientales, económicas y sociales de las plantas de biogás, ante la proliferación de proyectos en la provincia. Aunque por el momento no existen propuestas de instalación en Moraleja del Vino, las proyectadas en localidades cercanas como la de Coreses «podrían afectarnos de manera directa».
Por este motivo, el concejal de Vox en la localidad, Claudio Luelmo, destaca dos aspectos que le preocupan de la planta de Coreses. Así, en primer lugar destaca su proximidad y los posibles efectos negativos, tales como malos olores, proliferación de insectos y contaminación de acuíferos. En segundo término resalta su ubicación, ya que cualquier fuga podría comprometer la calidad del agua no solo de la capital, sino también de municipios como Moraleja del Vino y otros del alfoz.
Vox no ha adoptado una «postura de rechazo absoluto» a las plantas de biogás, porque reconoce la necesidad de gestionar adecuadamente los residuos agroganaderos y su potencial de aprovechamiento.
Sin embargo, considera imprescindible responder a diversos interrogantes antes de avalar nuevos proyectos, tales como cuántas plantas necesita la provincia, si se generarán suficientes residuos para abastecerlas o se importarán, si se construirán macrogranjas para suministrar materia prima o cómo afectará la actividad a los ganaderos locales al tener que competir con grandes explotaciones.
Del mismo modo considera necesario concretar qué impacto tendrá en el precio y abastecimiento de productos como la paja, si la energía generada se destinará a cubrir necesidades locales o se exportará y si existen garantías de que los residuos no contaminarán los acuíferos. Además, se pregunta si las plantas afectarán negativamente al turismo rural y a la calidad de vida del entorno.
Por último, Vox destaca que los empleos creados por estas plantas son limitados y, en muchos casos, requieren personal especializado que no siempre podrá ser de la zona. Además, su instalación está regulada por normativas europeas y depende de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, pero los Ayuntamientos también tienen responsabilidades en este proceso.
