Arranca la semana clave para el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En aras de la causa que lo investiga como responsable de las presuntas filtraciones de Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, será esta semana cuando el Tribunal Supremo decida sobre su futuro al frente del cargo.
Con un escenario que contempla varios frentes a la vez, el primero a resolverse se dará este mismo martes. La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo fallará sobre la posible anulación del nombramiento de García Ortiz al frente de la Fiscalía General de acuerdo con el recurso que el pasado mes de febrero presentó la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y mediante la cual consideraban nula la designación del Fiscal General.
García Ortiz ve indicios de querer «socavar» al Gobierno
Según señalaba la APIF en el escrito presentado, y al cual tuvo acceso El Debate, García Ortiz “no es idóneo para desempeñar, conforme a la Constitución, las funciones que tiene asignadas, entre ellas la jefatura de todos los fiscales de España”. Asimismo, insistían en que “la APIF, que reclama un Ministerio Fiscal constitucional, integrado en el Poder Judicial y con autonomía funcional respecto del mismo, no puede sino constatar que el modelo de fiscal que pretende el Gobierno es justo el contrario del que diseñó el constituyente. La designación como Fiscal General del Estado, cabeza y representación de la institución, de una persona que se ha mostrado descaradamente parcial por su apoyo al Gobierno, al tiempo que ha omitido cualquier obligación debida a la Institución, a sus fiscales y faltando el respeto al Consejo Fiscal al apropiarse de alguna de sus potestades decisorias, y por si fuera poco, condenado por desviación de poder en el Tribunal Supremo en términos inusualmente duros, supone transmitir a la sociedad una dependencia del Gobierno que ya se plasmó en aquella manifestación tristemente popular”.
Al margen de ello, esta misma sala también acusó al Ejecutivo el pasado mes de noviembre de “desviación de poder” con el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática, lo cual fue también anulado finalmente.
Sobre las palabras de la APIF, García Ortiz ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que desestime el recurso contencioso-administrativo que presentó la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra la decisión del Gobierno de renovarle como jefe del Ministerio Público en diciembre de 2023, al considerar que solo intenta «socavar» al Gobierno y tener «publicidad». Al hilo, sostiene que «lo que se pretende al interponer el recurso» contra la renovación del fiscal general es «que se inicie el proceso judicial, que el nombramiento esté durante varios meses en cuestión y que la asociación demandante obtenga ‘publicidad’ por medio de este procedimiento, que, según parece, no tiene por otros cauces, y ‘socavar’ al Gobierno (de turno) que efectúa el nombramiento, eso sí, de modo ‘indirecto».
Con todo ello, García Ortiz volverá este martes a la Sala Tercera del Alto Tribunal, en un escenario de mayoría conservadora, entre la que se encuentran Pablo Lucas, candidato a la presidencia del Poder Judicial en su última renovación; Antonio Fonseca-Herrero; Luis Díez-Picazo; y José Luis Requero. Un equipo de magistrados que ya fueron responsables de la suspensión de anteriores nombramientos, como el de Delgado. En esta línea, decidieron la anulación de Eduardo Esteban como fiscal de la sala de menores en manos del Constitucional.
Citado a declarar como investigado
Por su parte, la otra parte del grueso judicial que rodea a García Ortiz deberá resolverse al día siguiente, el miércoles 29 de enero. En esta ocasión, el fiscal general está citado a declarar ante el Supremo en calidad de investigado por las presuntas filtraciones del caso del novio de Ayuso. Lejos de su petición de aplazar la comparecencia, y ante el rechazo del Alto Tribunal, será a las 10:00 horas del miércoles cuando deba personarse en los tribunales y prestar declaración ante el juez Ángel Hurtado.
Según se refleja en el auto compartido por el propio magistrado, la decisión de citarlo a declarar encuentra su razón al considerar que las diligencias prácticas -los informes de la UCO de la Guardia Civil- “aportan una información de peso” que refleja la participación de García Ortiz y Pilar Rodríguez -jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid- en los hechos investigados. “Hay una base indiciaria para presumir la relevante participación de este investigado en esa filtración, en la medida que fue la persona que dirigió los pasos que llevaron a ella, aprovechando la situación de superioridad que ostentaba sobre otros fiscales, que se prestaron a ponerse a su disposición”, señala el instructor.
Al margen de las informaciones sostenidas por la Fiscalía, fue junto al jefe de gabinete del Gobierno de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, con el que se difundió la información falsa entre diferentes medios de comunicación de que fue la Fiscalía la que ofreció el pacto al abogado de González Amador. Entre otras cosas, en la Fiscalía se desconocía que el investigado era la pareja de Ayuso hasta ser denunciado días más tarde por el fraude de más de 350.000 euros.
Según el testimonio de García Ortiz, éste ordenó a su equipo recopilar dicha información en aras de desmentir falsedades, no para filtrar este contenido mediáticamente. Así, tanto la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez; el fiscal Julián Salto y los jefes de prensa del Ministerio Fiscal, declararon ante el juez Hurtado que la prioridad aquella noche de marzo era desmentir la información falsa difundida por el asesor del Ejecutivo de Ayuso y de la que se hicieron eco varios medios de comunicación.
Con todo ello, y al margen de la declaración de este miércoles de García Ortiz, este jueves, 30 de enero, el instructor del caso escuchará también la declaración de Rodríguez, mientras que la declaración del ‘número dos’ de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado (FGE), Diego Villafañe, se celebrará más adelante: el 5 de febrero.
