No habrá bonificación del transporte, ni tampoco revalorización de las pensiones. Así lo han decidido PP y Junts esta mañana en el Congreso al tumbar finalmente el Decreto Ómnibus del Gobierno con lo que el escudo social parece perder cada vez más solidez.
Cada uno de los grupos ha presentado su particular lista de razones que los han llevado a actuar de muro de contención a la medida que planteaba el Ejecutivo. Por un lado, los populares han presentado su particular paquete de medidas alternativas al Decreto anunciando una Ley propia de revalorización de las pensiones en este 2025, con un único artículo que “establece la subida del 2,8% para todas las pensiones en general, que llega al 9% en caso de las no contributivas y de otras prestaciones económicas”, tal y como ha adelantado el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo.
Por su parte, desde Junts han defendido su negativa a las medidas del Ejecutivo amparándose en el “chantaje” del Gobierno, acusándolo de incumplir los acuerdos que se firmaron en pro de la investidura de Sánchez. De esta manera, la portavoz de la formación catalana, Miriam Nogueras, ha insistido en que con Junts “no funciona el chantaje”. “Todos los voceros del Gobierno se han apuntado a esta orgía de normalidad, pero la realidad es tozuda y hay más gente que tiene claro que somos el único partido que se aleja del titular vacío y que no admite chantajes”, ha señalado.
Al margen de ello, y de todas y cada una de las derivadas que han llevado a tumbar el paquete del Ejecutivo por parte de populares y juntaires, entre las filas de los de Núñez Feijóo una de las cuestiones de gran peso ha sido la cesión al PNV del palacete ubicado en París en el Instituto Cervantes, del que los nacionalistas vascos son dueños legítimos, y cuya propiedad ha sido reiteradamente reclamada por los vascos.
Este edificio, ubicado en la Avenida Marceau número 11 de la capital francesa, fue sede del Gobierno vasco en el exilio durante la Guerra Civil. Sin embargo, como consecuencia de la ocupación nazi de Francia en la Segunda Guerra Mundial, la gestapo alemana se lo entregó al régimen de Franco. Tras ello, a partir de una sentencia dictada en julio de 1943 por un tribunal de París, el inmueble pasó a ser propiedad del Estado español.
Sin embargo, la formación nacionalista vasca no ha dejado de insistir y lleva décadas aunando esfuerzos para que el histórico edificio vuelva a sus manos. Uno de estos intentos se dio durante el mandato de José María Aznar, cuando el PNV solicitó al Ejecutivo la restitución del palacete, finalmente denegado en enero de 2001. De manera similar, la formación vasca presentó un recurso al Tribunal Supremo después de que el Gobierno de Aznar considerara que no podían reclamar el inmueble por falta de acreditación de la titularidad, aunque dicho recurso también fue desestimado por el Alto Tribunal.
Tras estos intentos fallidos, incluido también otro durante la legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, el PNV parecía estar más cerca de su objetivo con el gobierno de Mariano Rajoy, quien se comprometió con el traslado, aunque no se pudo materializar por la moción de censura de Sánchez en 2018. Sin embargo, este último tuvo que ceder a las peticiones del ala vasca para poder conseguir los apoyos a la moción, lo que acabó configurándose en forma de Ley de Memoria Democrática para que el edificio pudiera volver a las manos del PNV.
El ‘no’ al Decreto, independiente a los efectos durante su vigencia
Finalmente, el decreto Ómnibus que ha protagonizado la sesión del Congreso de este miércoles ha sido la ocasión definitiva para que el palacete regrese a la titularidad vasca. Pese al voto negativo de los populares, sí que se ha podido efectuar el traspaso ya que, según han señalado fuentes del PNV en el Congreso, “la no convalidación de un decreto-ley produce la inmediata cesación de sus efectos y su derogación, pero no la anulación de los efectos producidos durante su vigencia”.
Es decir, pese a que hoy haya caído el decreto, el PNV registró su titularidad durante el mes que este estuvo en vigor, concretamente, desde el 25 de diciembre de 2024 hasta el día de hoy. De hecho, el real decreto-ley ya señalaba esto en sus líneas: “Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, la propiedad del inmueble de titularidad de la Administración General del Estado sito en París, Avenue Marceau, número 11, quedará atribuida al Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco en atención a la vinculación histórica del edificio con este partido”.
La reacción del PP: “Partido aprovechategui”
Un desenlace que para nada ha resultado de agrado en las filas del Partido Popular. El portavoz de la formación en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado a los nacionalistas vascos de “chantajear” al Gobierno para hacerse con el palacete. “El PNV se ha convertido en el partido aprovechategui de la situación de nuestro país. Los aprovechateguis. Quieren aprovechar la debilidad del Gobierno para hacer caja”, ha señalado.
Por su parte, ha reprochado que esto constituya más bien un “pago directo al partido”, en vez de a la autonomía vasca. “El Gobierno ha utilizado el decreto ley para regalarle al PNV edificios públicos sin cumplir la Ley de Memoria. Hace décadas que la Justicia francesa y el Tribunal Supremo denegaron la titularidad del edificio», ha recordado Tellado.
Sin embargo, el descontento con el destino final del palacete no ha surgido únicamente del ala popular. Desde EH Bildu han reclamado una titularidad pública del edificio: “Lo que esperamos es que cuando sea posible quede en manos de las instituciones vascas para poder darle un uso público y para que sea patrimonio de todos los vascos y vascas por su valor histórico y político”.
