El Tribunal Supremo ha dado un plazo de 20 días a Irene Montero para publicar en su Twitter el fallo que la condenó a indemnizar a un hombre al que tildó de maltratador sin que éste lo fuese.
La víctima de aquellas palabras fue Rafael Marcos, el ex de María Sevilla, la expresidenta de la asociación Infancia Libre que se fugó con el hijo de ambos, impidiendo al padre ver al menor, al que también sacó del colegio e integró con ella en una secta.
A petición de Montero, el Gobierno de Pedro Sánchez indultó a Sevilla en 2022. En mayo de ese año, Irene Montero celebró, durante un evento público, la medida de gracia. Alabó lo que, a su juicio, constituyó «otra nueva victoria de las feministas» y manifestó que el indulto saldaba una deuda con «las madres protectoras», entre las que incluyó a María Sevilla.
«Lo que están haciendo [las madres protectoras] no es otra cosa que defenderse a sí mismas y defender a sus hijos e hijas frente a la violencia machista de los maltratadores«, indicó la ministra.
A ojos de la defensa de Marcos, estas palabras le catalogaban como tal, como maltratador, «siendo inciertas» y constituyendo una «intromisión ilegítima» en su derecho al honor. Por ende, tal y como adelantó EL ESPAÑOL, demandaron a Montero ante el Tribunal Supremo y le solicitaron una indemnización de 85.000 euros. Finalmente, ha recibido 18.000, que Montero ya ha entregado al Juzgado.
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Dos denuncias contra Rafael Marcos por supuestos abusos sexuales hacia el menor fueron archivadas. Tampoco fue condenado nunca por maltrato. Por ello, en una entrevista en este periódico, avanzó que emprendería acciones legales contra la ministra de Igualdad. Y, también, que recurriría el indulto concedido a la expresidenta de Infancia Libre.
En el auto fechado este miércoles, el Supremo también da este mismo plazo de 20 días para que Montero elimine el tuit que incluye el vídeo con sus polémicas declaraciones y para que publique la sentencia que la condena en un periódico de tirada nacional.
En cuanto a la indemnización, el Alto Tribunal recuerda que la ministra ya depositó 18.000 euros en un Juzgado, «cuantía que ya ha sido entregada al demandante». Y cifra provisionalmente en 5.400 euros los «correspondientes a los intereses objeto de la condena y las costas de la ejecución, sin perjuicio de ulterior liquidación».
María Sevilla
María Sevilla, expresidenta de la asociación Infancia Libre, fue condenada a dos años y cuatro meses de cárcel por sustracción de menores tras haberse llevado a su hijo para evitar devolvérselo al padre. La Justicia también le retiró la patria potestad durante cuatro años, pero, con el indulto, la recuperó y puede desde entonces ver al pequeño.
Finalmente, en 2019, el menor fue localizado y rescatado. La madre se había integrado —y al niño con ella— en una organización de corte evangelista y ultrarreligiosa y mantenía al pequeño sin escolarizar ni vacunar en una finca de Cuenca.
Cuando fue encontrado por la Policía, a sus 11 años, no sabía ni siquiera restar y vivía casi asalvajado, sin apenas socializar con otros menores.
Pese a estos precedentes, el Gobierno otorgó a Sevilla el indulto parcial, a instancias del Ministerio de Igualdad que encabeza Irene Montero. El Ejecutivo rebajó su pena de cárcel a sólo dos años y conmutó su inhabilitación para ejercer la patria potestad a cambio de 180 días de trabajos comunitarios.
La Fiscalía se había mostrado favorable a este indulto parcial, pero limitándolo, únicamente, a bajar su pena de prisión hasta los 24 meses, al tratarse del primer delito cometido por la condenada. Sin embargo, el Gobierno fue más allá y, con la medida de gracia, también le devolvió la patria potestad.
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