La cronología de los hechos que se deriva del caso de intoxicación en un establecimiento de Córdoba, que ha dejado una mujer fallecida y al menos 44 afectados, refleja incógnitas sin despejar sobre el papel adoptado por la Junta de Andalucía de Juan Manuel Moreno Bonilla en cuanto al protocolo de actuaciones ante toxiinfecciones alimentarias. El Gobierno andaluz sostiene este jueves que, pese a que los hechos trascurrieron el 4 de enero, no han tenido constancia de las consecuencias hasta el lunes día 13, y que comenzaron a actuar dos días más tarde; pese a ello, existen informes médicos, llamadas y correos electrónicos en días previos enviados a distintos canales de la administración pública.
Debido a los claroscuros en torno a este caso, este jueves ha comparecido el secretario general de la Asociación de Consumidores – Facua, Rubén Sánchez, desde Sevilla, quien ha denunciado que la Junta andaluza está ofreciendo «información incorrecta» sobnre este suceso, a la vez que, por la razón de no dar públicamente el nombre donde, presuntamente, se habría producido esta intoxicación, está cometiendo una «grave e irresponsable» falta al poner bajo una misma lupa a «toda la hostelería de Córdoba».
En estos términos, desde Facua, alegan que «se ha cometido un incumplimiento de protocolo» por parte de la Junta ante estos casos de intoxicación alimentaria, el cual tildan de «extremadamente grave»: «En el día de hoy, se han negado a facilitar el nombre del establecimiento que se está investigando. En un grave acto de irresponsabilidad, la Junta acaba de poner bajo sospecha a toda la hostelería cordobesa», ha reprochado Sánchez, pese a dejar en claro en reiteradas ocasiones que aún no está aclarada la vinculación con el producto consumido por los afectados, el establecimiento y la misma intoxicación, por lo que ha instado a «maximiar la prevención del riesgo».
Tal es la trascendencia del caso que desde Facua se preguntan cómo no ha trascendido aún el nombre del establecimiento en el que se sirvieron los montaditos de pringá que están bajo investigación: «Estamos en la obligación y responsabilidad de ser nosotros, una vez más, en hacer público el nombre del establecimiento. Se trata de Taberna La Sacristía. Siempre desde la prudencia de advertir de que la investigación de la Junta no ha concluido y, de momento, no ha confirmado la vinculación entre el consumo de sus alimentos y la intoxicación, ni mucho menos, el fallecimiento de una señora de 63 años, pero es el único establecimiento que está siendo investigando», ha reiterado.
Un afectado remitió un correo a la Junta
Siguiendo la cronología de los hechos que ha trasladado Facua desde el 4 de enero, señalan que uno de los afectados se puso en contacto con la Junta andaluza el 10 de enero «a través de un correo electrónico al servicio de información de sanidad al ciudadano, y esta persona, a las 16:29h del viernes, remite: ‘Notificación de intoxicación alimentaria en Taberna Sacristía Córdoba’«. Teniendo en cuenta que el departamento sanitario del Gobierno andaluz dice haber tenido el primer conocimiento lo sucedido el día 13, es decir, tres días más tarde a esta notificación, desde Facua señalan que «ese correo no se abre hasta el lunes».
«No entendemos por qué viernes por la tarde, sábados y domingos no se abren correos con información que puedan suponer alertas alimentarias. Creemos que el sistema funciona 365 días a las 24 horas», ha condenado Sánchez. Asimismo, y pese a tener constancia el día 13, no es hasta el 15 cuando la Junta envía «a un inspector a tomar las muestras del producto» supuestamente intoxicado con la bacteria que ha generado el brote.
Una consecución que dificulta así las labores de investigación: «Ese producto, se toma la muestra 11 días después de la celebración del 4 de enero. Si la Junta dice que conoce los hechos el día 13, ¿por qué ese día no acude? Esperan dos días, un tiempo precioso siempre en alertas alimentarias que no entendemos por qué se produce», ha proseguido relatando.
Constancia en centros hospitalarios
En paralelo, desde Facua señalan que, en el plano sanitario, uno de los centros privados a los que acude uno de los afectados, «desde el 5 de enero tiene conocimiento de los hechos» dado al informe de alta de urgencias que se le realiza y que pone de manifiesto esta intoxicación alimentaria en un local de hostelería, a la par de que este paciente da cuenta que hay hasta más de una decena de comensales en su misma situación. «El centro hospitalario estaba en la obligación de contactar con la administración sanitaria para reportar un posible caso de intoxicación. Si no contactó con la Consejería de Salud, ha incumplido un protocolo regulado en la normativa, un error que no es asumible», ha puntualizado.
Sin embargo, este no sería el único, ya que el día 8 de enero hay un segundo informe de alta de urgencias por parte de otra afectada: «Segunda vez que tenían obligación de reportarlo a la Junta». En estos términos, el portavoz de Facua matiza que no se puede acusar al hospital de «no haber cumplido el protocolo» puesto que «la Junta dice que no ha recibido información de ningún centro sanitario».
Otro caso el que suma la mujer fallecida, de 63 años, por esta intoxicación alimentaria y sobre la que también existe constancia por su ingreso en la UCI del Hospital de la Gran Cruz Roja de Córdoba. «Nos llama la atención de que en ninguno de los informes se indica el establecimiento de hostelería pero, en cualquier caso, el protocolo que se tiene que seguir, sea público o privado, es reportar los hechos con los datos del establecimiento que facilita el paciente». En caso de no seguir esta metodología, desde Facua han señalado que existe la segunda vía de acudir al 061 en caso de emergencia.
El local de la presunta intoxicación permanece abierto
Como uno de los últimos puntos a abordar en este caso, se encuentra el papel adoptado por el local donde se habría producido este brote bacteriano y que ha generado este problema de salud pública aún bajo investigación. A falta de confirmación de que sea el local mencionado, el punto en el que se encuentra el estudio del caso ya viene dificultado de primera mano «porque la toma de muestras se realiza once días después, el plazo máximo es de siete días desde el incidente según el protocolo. La muestra se tomó congelada, del mismo producto suministrado el día 4. Se tarda un plazo amplio de tiempo, el hostelero podría haberse desecho del producto consumido», han barajado desde Facua.
De esta manera, Rubén Sánchez, diciendo que el responsable hostelero ha tenido constancia estos días de la investigación de las autoridades, del número de afectados y de la persona fallecida a causa de esta intoxicación, pese a ello, está manteniendo el local abierto. «El establecimiento no está clausurado. Ayer el propietario nos indicó que estaban abierto, igual que ha confirmado hoy la Junta. No han cerrado porque no han querido al entender que estaba todo en regla cuando está esta hipótesis», ha indicado.
En términos generales, y haciendo balance de lo que se conoce hasta la fecha sobre este caso de grave intoxicación, desde Facua instan al Gobierno de Moreno Bonilla que se revisen los mecanismos del protocolo ante estas actuaciones, así como que han tildado de «irresponsable» que no se de a conocer el nombre del local y que, por ende, «se haya puesto bajo sospecha a toda la hostelería cordobesa».
