Con críticas a derecha e izquierda, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha salido en defensa de la reforma de ley presentada por el PSOE en el Congreso para, entre otras cuestiones, endurecer la acusación popular. “Es necesario regular la acusación popular porque en este momento es una feria de ultras con ganas de publicitarse”, ha justificado en declaraciones a los medios esta mañana tras inaugurar el curso selectivo de la 63 promoción de acceso a la Carrera Fiscal. El objetivo de esta medida, que pondría en peligro la continuidad de las causas penales que cercan al Gobierno, pasaría así por “evitar que los ultras perviertan por completo” esta figura.
El titular de Presidencia y Justicia ha querido hablar de “regulación” en lugar de endurecimiento o limitación de esta figura constitucional, a pesar de que uno de sus argumentos es la homologación con otros países europeos. Precisamente, el propio Bolaños subrayó en este sentido que la acusación popular “no existe ningún país de Europa, solo en España y en Andorra”. Algo por lo que ironizó sobre la cruzada en Europa anunciada por Alberto Núñez Feijóo para denunciar esta iniciativa.
La reforma impulsada por el grupo parlamentario socialista evita de esta manera pasar por el trámite previo de obtener informe de los órganos consultivos, como es preceptivo en el caso de los Anteproyectos de Ley impulsados por el Gobierno. Con todo, Bolaños ha defendido que su limitación va en la línea con lo expresado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. El órgano de garantías, en cambio, ha ido sentando jurisprudencia para que la acción popular pueda ser ejercida tanto por personas físicas como jurídicas.
Según el texto, se prohibirá ejercer la acusación popular a partidos políticos o a asociaciones y fundaciones vinculados con ellos, además de exigirle que tenga un «vínculo concreto, relevante y suficiente con el interés público tutelado en el proceso penal correspondiente».
Antes de registrarse la reforma en el Congreso, Bolaños avanzó su interés por endurecer la figura de las acusaciones populares, que ha impulsado una buena parte de las investigaciones que acechan a familiares de Pedro Sánchez y al Gobierno. “Existe una previsión en la Constitución de que debe existir esta figura, pero su regulación se remite a la LECrim”, apuntó en su balance del año para concluir que está figura “se está pervirtiendo por las organizaciones ultraderechistas”.
