La alcaldesa de Valencia, la popular María José Catalá, viajó el lunes 13 de enero a Bruselas, con el objetivo de obtener ayudas europeas que permitan la reconstrucción de las tres pedanías de Valencia afectadas por la catastrófica DANA del pasado 29 de octubre. Por ello, la primera edil mantuvo reuniones con el Comisario Europeo de Clima, Cero Emisiones y Crecimiento Limpio, Wopkw Hoekstra, la vicepresidenta de la Comisión sobre Materia de Soberanía, Tecnología de Cohesión y Reformas, Raffaele Fito. Como acostumbra el PP cada vez que pisa una sede comunitaria, Catalá cargó las tintas contra el Gobierno de Pedro Sánchez, acusándole de no haber solicitado aún el Fondo de Solidaridad. Lo cual no se corresponde con la realidad, según una carta que ha publicado eldiario.es y que proviene del Ministerio de Hacienda.
En la misiva no sólo se tumba el argumentario una regidora valenciana que actuaba con “gran sorpresa”. “La primera sorpresa y la hemos recibido con muchísima preocupación es que el Gobierno de España aún no ha solicitado oficialmente el Fondo de Solidaridad, más de dos meses después de la DANA. Exigimos que lo soliciten cuanto antes porque el plazo termina el 21 de enero y ya hemos perdido un tiempo básico e importantísimo para obtener estos fondos que ayuden a la reconstrucción, a las familias y a los municipios”, explicó María José Catalá, al tiempo que insistía en que el Gobierno central “reconoció que no lo había solicitado, a pesar de que Sánchez dijo que lo había hecho formalmente el 5 de noviembre”. “Es muy preocupante y pedimos al Gobierno celeridad para que no se pierdan las ayudas”, remachó.
Bulo neutralizado
Sin embargo, según ha publicado eldiario.es, el Ministerio de Hacienda se ha defendido de las acusaciones de Catalá y hace publica la misiva en la que se certifica que tan sólo seis días después de la DANA, el Gobierno ya inició el plazo para solicitar todas las ayudas posibles a la UE. Desde entonces, se abrió un periodo para recopilar toda la documentación que sea posible para acreditar la cuantía que se solicita, siendo habitual apurar el plazo para presentar una información de lo más documentada de los fondos con la mayor precisión posible. Así lo explicaban desde el departamento dirigido por la también vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, aludiendo al escrito detallado con fecha de 4 de noviembre que envió a la comisaría europea de Cohesión y Reformas, para trasladarle la decisión de acudir al Fondo de Solidaridad.
El escrito desmiente a la alcaldesa valenciana, acreditando que ya se advirtió a la Comisión Europea la adhesión de España. “Te informo de que vamos a solicitar la ayuda del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, que simboliza la fraternidad de la unión con los territorios afectados por grandes catástrofes naturales”, exponen a Elisa Ferreira. Según exponen desde la cartera de Hacienda, esgrimen que la “solicitud de adhesión al fondo requiere de la presentación numerosa de información y detalles pormenorizados de la “cuantificación de los daños”, habida cuenta de que “no se trata de un proceso ni autonómico ni sencillo”, amén del plazo de 12 semanas fijado por la Comisión para presentar la documentación recabada.
“Otros países que han sufrido catástrofes naturales también han agotado el plazo, algo lógico para quienes conozcan el funcionamiento del Fondo de Solidaridad”, justifican en el escrito. En paralelo, el Ministerio está recopilando toda la información de otros departamentos, ayuntamientos y el Ejecutivo valenciano. En este sentido, no ocultan su sorpresa ante el desconocimiento de Catalá sobre este tipo de trámites, habida cuenta de que “también incumbe a administraciones locales”. En todo caso, Hacienda ha remarcado que enviará la solicitud en tiempo y forma, así como la pertinente información para acreditar el derecho a recibir el Fondo de Solidaridad.
Pilar Bernabé augura la llegada de más fondos
A este respecto, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, replicaba que el Gobierno de España está utilizando todos los recursos europeos disponibles para acelerar la recuperación de las zonas afectadas por desastres. A través de una modificación urgente del reglamento de fondos de cohesión, se permitirá utilizar estos fondos para la reconstrucción. Además, el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea se incrementará de 1.124 millones a 1.500 millones de euros para ayudar a los países afectados por catástrofes, y España ha solicitado que se active el procedimiento de urgencia para recibir estos fondos en relación con los daños causados por la DANA en Valencia.
Asimismo, la Comisión Europea ha propuesto modificar el FEADER, lo que permitirá a los estados afectados por desastres naturales utilizar fondos no empleados en programas de desarrollo rural para acelerar la recuperación. Por su parte, el Gobierno de España ha propuesto modificar el Plan de Recuperación y Resiliencia para redirigir 1.500 millones de euros hacia la reconstrucción de la economía valenciana.
Sandra Gómez, eurodiputada y secretaria general de los socialistas en Valencia, ha criticado las declaraciones de María José Catalá, acusándola de difundir informaciones falsas sobre la gestión de la DANA y de intentar desviar la atención de la mala gestión de Carlos Mazón. Gómez subraya que el Gobierno de España ha estado trabajando durante meses con la Comisión Europea para evaluar los costos de la DANA y asegurar la obtención de fondos para la recuperación. Por otro lado, Vicent Marzà, eurodiputado de Compromís, organizó una comitiva europea que visitó la zona afectada, logrando que su grupo político consiguiera que 5.000 millones de euros en fondos europeos se destinaran a la reconstrucción.
