Los dos principales partidos políticos de España, el PSOE y el PP, has comenzado el año con una lucha ideológica en materia de vivienda. Los precios del mercado son inasumibles para la mayoría de ciudadanos y las dos formaciones presentan recetas que, si bien chocan en apariencia, también encuentran puntos en común. El tiempo pasa y el tensionamiento de alquilar y comprar es cada vez mayor, especialmente en grandes capitales como Madrid, donde la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, se erige como defensora del mercado y contra su intervención.
Esta posición podría llegar a ser compatible con la promoción de vivienda pública y el establecimiento de un coto para los grandes propietarios, vía defendida por los socialistas, pero la baronesa del PP reniega de aplicar la Ley de Vivienda y el famoso Plan Vive con el que prometió 25.000 pisos para el alquiler asequible antes de ser presidenta no ha llegado ni a los 1.000 entregados. “Es un fiasco más conocido como el Plan Aquí No Hay Quien Viva”, ha calificado Cristina González.
La diputada socialista considera que “Ayuso condena a los madrileños a tener uno de los precios de alquiler de viviendas más elevados de toda España al no aplicar la Ley de Vivienda ni construir vivienda pública”, posicionamiento que los socialistas consideran que está muy lejos de dar una solución al 80% de los jóvenes madrileños menores de 30 años año que no pueden emanciparse. “Madrid necesita un verdadero impulso a la vivienda pública y dejar a un lado las oscuras etapas de corrupción y pelotazo urbanístico del PP con la Gürtel”, ha exigido.
Asimismo, también ha cargado contra la venta de viviendas públicas a fondos buitre que impulsaron otros miembros del PP, desde Ana Botella, que vendió 1.860 como alcaldesa de la capital, hasta Ignacio González, que hizo lo propio con 2.935 como presidente regional. Estos movimientos, unidos a la inacción en esta materia que defiende tanto la actual presidenta como el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, han llevado a los del puño y la rosa a considerar el compromiso de los conservadores como “nulo”.
La formación apunta a la ejecución del presupuesto destinado a vivienda en 2023, del que solo se ejecutó el 32%, dejando 313 millones de euros sin gastar. En contraposición, los socialistas madrileños defienden las políticas impulsadas por el Gobierno central, pese a que el choque de competencias deposita en la mano de las comunidades autónomas las variables más importantes en materia de vivienda. “La actitud de Ayuso contrasta con las actuaciones del Gobierno de España que impulsa políticas e inversiones para garantizar el acceso por ley al derecho a una vivienda digna a precios asequibles en Madrid”, defiende el PSOE.
Desde la delegación madrileña aseguran que el presupuesto de vivienda se ha multiplicado por ocho y aluden a proyectos concretos para defender su posición, como Operación Campamento que contempla la construcción de 10.700 viviendas, de las cuales el 60% son protegidas. Además, recuerdan que se han destinado a la Comunidad de Madrid 141,1 millones de euros, por parte del Gobierno de España de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para la construcción de 3.489 viviendas de alquiler social.
“Este gobierno está apostando, como ningún otro, por poner la vivienda en el centro de la agenda gubernamental. Tenemos un compromiso firme e irrenunciable”, ha coincidido la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que ha participado este lunes junto con el presidente del Gobierno en un acto centrado en la vivienda, “quinto pilar del Estado del Bienestar”. Durante su participación, la titular de la cartera ha puesto en valor la puesta en marcha del Nuevo Barrio de Campamento, que pretende levantar más de 10.000 pisos.
