El Gobierno asumirá un control prácticamente total de la política de vivienda si logra sacar adelante el paquete de doce medidas presentado este lunes por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Algunas de las propuestas son en la práctica fórmulas para saltarse las reticencias de las «comunidades autónomas insumisas», en palabras de fuentes del Gobierno, que se niegan a aplicar algunos de los puntos contemplados en la ley de vivienda.
Las medidas que quiere instaurar sí o sí el Gobierno son la prohibición de la liberalización de la vivienda de protección oficial (VPO) y permitir desgravaciones fiscales a caseros que alquilen sus viviendas más baratas que hasta el momento. Aunque ambas medidas están contempladas en la ley de vivienda, la primera fue tumbada por el Tribunal Constitucional al invadir competencias y la segunda solo aplica en aquellas zonas que sean declaradas tensionadas, algo que deben llevar a cabo los gobiernos autonómicos. Hasta el momento, solo se ha aplicado en Cataluña, País Vasco y Navarra, mientras los diferentes líderes del PP han asegurado en numerosas ocasiones que no lo aplicarán.
Para contrarrestar esto, el Ejecutivo plantea dos medidas. La primera bala es el nuevo Plan Estatal de Vivienda, que entrará en vigor en 2026. Este solo dará fondos a aquellas comunidades que garanticen que las viviendas construidas o compradas con este capital sean calificadas como VPO a perpetuidad. Es decir, una promoción de VPO que se construya hoy en día en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, sería libre después de 15 años. En cambio, si esta quiere optar a subvenciones del nuevo Plan Estatal, deberán certificar que esa desprotección no se va a producir nunca. «Todo lo que se construya sobre suelo público, si quieren recibir dinero del Estado, debe garantizar la protección permanente e indefinida, si no no lo recibirá», explican fuentes del Gobierno.
En el caso de las bonificaciones fiscales a los caseros que arrienden a precios asequibles, hoy solo aplican en aquellas zonas que son declaradas tensionadas. Por este motivo, el Gobierno planteará una reforma de la ley del impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF) para que estas rebajas fiscales a propietarios puedan aplicarse en todo el territorio nacional. Además, podrán ser de hasta el 100% del rendimiento neto de la vivienda, aunque todavía no están definidas. Las mismas fuentes del Ejecutivo aseguran: «Tenemos capacidad de modificar el IRPF y lo vamos a hacer a pesar de que algunas comunidades no quieran que los caseros bajen los precios de sus alquileres».
Unidos contra los pisos turísticos
Donde el Gobierno sí quiere apoyar a las comunidades y ayuntamientos, independientemente de su color político, es en el control de los pisos turísticos. Para ello creará un fondo con el que reforzar los equipos de inspección de alojamientos de uso vacacional ilegales o fraudulentos, con el fin de que estos sean clausurados y sancionados sus propietarios. Precisamente, la falta de medios han sido una de las quejas de los consistorios para poner fin a este tipo de inmuebles.
Este fondo aún no cuenta con dotación presupuestaria, ya que no está contemplado dentro de los Presupuestos Generales del Estado en vigor y deberá aún negociarse con el Ministerio de Hacienda. «En breves se podrá dar más concreción. Se trata de ayudas a las comunidades y a los ayuntamientos a la hora de perseguir el fraude», señalan las mismas fuentes de Moncloa.
En esta materia, se trata de un paso más. Con anterioridad, el Ejecutivo cambió la ley de propiedad horizontal para dar más poder a las comunidades de propietarios a la hora de vetar estos inmuebles y creó un registro único para prohibir los anuncios en plataformas ‘online’, como Airbnb o Booking, de aquellos que no cumplan con la normativa aplicable.
