La proposición de ley orgánica registrada por el PSOE para limitar el papel de la acusación popular (en causas como las de los casos de corrupción que afectan al Gobierno) ha abierto un nuevo cisma entre los socios del bloque de investidura.
Todavía está por ver si el PSOE logrará la mayoría necesaria para sacar adelante esta reforma. El diputado de Sumar Enrique Santiago ha defendido este viernes que «la acusación popular es un avance democrático que ha posibilitado perseguir la corrupción y las violaciones de derechos humanos ante la inacción del Estado».
El lawfare, es decir, la persecución judicial por motivos políticos, «se combate impidiendo que los jueces hagan política, no restringiendo la acusación popular», ha advertido el exsecretario general del PCE en las redes sociales.
Combatir el ‘lawfare’
La propuesta del PSOE no sólo pretende impedir que los partidos políticos ejerzan la acusación popular: sólo podrán hacerlo particulares o entidades que acrediten un «vínculo personal, social o profesional directo» con el interés público tutelado en la causa.
Además, la acusación popular quedará apartada del proceso de instrucción, para evitar «filtraciones interesadas» del sumario, según el PSOE. Su papel quedará limitado a presentar la denuncia o querella que dé inicio a las actuaciones, no podrá tener acceso al sumario hasta que concluya la instrucción, y luego podrá participar en el juicio oral.
Mientras Sumar rechaza relegar el papel de la acusación popular, Junts ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad con un texto alternativo al registrado por el PSOE, que considera «insuficiente».
Según el partido de Puigdemont, la proposición de Ley «no soluciona el problema estructural» de la Justicia española. Tanto Junts como Podemos han expresado sus reparos al texto arremetiendo contra los jueces.
La «dictadura de las togas»
«El lawfare y la politización de la Justicia», afirma Junts, «han afectado a los independentistas durante años. Si los socialistas hubieran actuado antes, y no hubieran mirado a otro lado, la dictadura de las togas no seguiría actuando impunemente«.
También Podemos considera que la propuesta del PSOE es «ineficaz» y «cosmética». Según el partido de Ione Belarra, no servirá para resolver el problema que supone la existencia de «un sector reaccionario de la judicatura que hace política, ajeno a todo control democrático, desde los juzgados».
Podemos advierte de que impedir que las Administraciones públicas ejerzan la acusación popular «puede poner en peligro su personación en casos de violencia machista«.
Además de limitar el papel de la acusación popular, la proposición de ley deroga el delito de ofensa a los sentimientos religiosos, amplía los motivos de abstención y recusación de los jueces y establece que los instructores no podrán admitir a trámite una querella, si está basada exclusivamente en informaciones periodísticas sin otros indicios de delito.
Algo, esto último, que ya establece la doctrina del Tribunal Supremo que aplican habitualmente los tribunales.
Tanto Podemos como fuentes del Ministerio de Cultura (que dirige Ernest Urtasun, miembro de Sumar) consideran insuficiente la derogación del delito de ofensa a los sentimientos religiosos.
Exigen al PSOE que cumpla su compromiso de derogar también otros delitos que consideran «anacrónicos», como las injurias contra altas instituciones del Estado, y las injurias y calumnias a la Corona.
Como ha informado EL ESPAÑOL, Juezas y Jueces por la Democracia (que habitualmente apoya las posiciones de la izquierda) se ha sumado este viernes al resto de asociaciones judiciales en su rechazo a la reforma legal registrada por el PSOE.
La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) denuncian que la propuesta parece diseñada a la medida de determinados casos de corrupción que afectan en estos momentos al Gobierno.
El PSOE ha registrado el texto como proposición de ley orgánica porque afecta a un derecho fundamental preservado por la Constitución: el derecho a la tutela judicial efectiva.
Al registrar el texto como una iniciativa del partido (en lugar de mediante un proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros), los socialistas evitan solicitar informes a organismos como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Consejo Fiscal o el Consejo de Estado. El PSOE recurrió a la misma argucia para tramitar la ley de amnistía.
No sólo las asociaciones judiciales. También han expresado su rechazo a la reforma asociaciones como Manos Limpias y Hazte Oír, que se han personado como acusación popular en casos como los que afectan a Begoña Gómez, el hermano de Pedro Sánchez y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Hazte Oír sostiene, en un comunicado difundido este viernes, que la reforma busca «la impunidad del PSOE y los suyos». Esta asociación argumenta que «la acusación popular es un derecho fundamental de todos los españoles, una herramienta clave para proteger los intereses generales frente a los abusos de poder».
Por su parte, Manos Limpias anuncia que va a utilizar todos sus recursos a nivel «nacional e internacional» para denunciar esta reforma que, a su juicio, convierte a España en «un régimen totalitario y dictatorial«.
Manos Limpias alega que causas como la que afecta a Begoña Gómez no están basadas en «recortes de prensa», sino en «notitia criminis que deben ser investigadas». Y recuerda que los jueces ya rechazan habitualmente «de plano denuncias y querellas que no tienen la más mínima consistencia».
